El libro de Jorge Rodríguez, publicado por Editorial Sudestada, se presentó en el Espacio para la Memoria para reafirmar la lucha contra el olvido.

La elección del salón no fue casual: Delia Giovanola, referente histórica de Abuelas de Plaza de Mayo, es parte viva de esta historia. Su nieto Martín, restituido como nieto n.º 118, nació justamente en ese mismo centro clandestino que hoy funciona como espacio para la memoria. Ese vínculo íntimo entre la historia personal y colectiva resalta la importancia del lugar y fortalece el compromiso con la verdad y la justicia.
El libro no propone un relato cerrado, sino una intervención política cargada de preguntas necesarias. ¿Cómo se explica que, a 40 años de la recuperación democrática, una fuerza que reivindica a la dictadura gobierne el país? ¿Qué ocurrió con la memoria colectiva para que vuelva a instalarse la banalización del horror?
Desde sus primeras páginas, Rodríguez propone una lectura activa y profundamente humana. “30 mil no es un número del pasado —plantea—, es el nombre de una identidad política. Es el espejo donde mirarnos para no repetir”. Frente a un presente que relativiza el terrorismo de Estado, que amenaza con vaciar los espacios de memoria y naturaliza discursos de odio, el libro se vuelve un acto de resistencia. Una invitación a defender el lenguaje, a no ceder frente al olvido organizado.
Durante la presentación, el autor sostuvo que lo que está en juego no es solo la interpretación del pasado, sino el presente mismo. Denunció que el gobierno actual “no solo quiere confundir, igualar o borrar. Está desfinanciando las políticas de memoria y reinstalando la lógica de la persecución, esta vez no con centros clandestinos, pero sí con hambre, con violencia institucional, con represión a quienes luchan”.
Rodríguez también puso el foco en la doble vara judicial: cómo la Corte Suprema demoró años en avalar sentencias contra represores, pero tardó apenas semanas en confirmar la condena de Cristina Fernández de Kirchner. “A la principal referenta opositora la proscribieron en tiempo récord, mientras genocidas condenados siguen sin cumplir efectivamente sus penas. Hay impunidad estructural, pero también decisión política para acelerar ciertos procesos”, señaló.
La presentación fue organizada por la Comisión de Educación de la Mesa de Trabajo del ex Pozo de Banfield, que lleva adelante una agenda activa de propuestas pedagógicas. En ese marco, la compañera Anahí, también docente, celebró la articulación entre memoria y escuela pública. Compartió su experiencia con estudiantes, y cómo una investigación realizada en el Partido de la Costa permitió que se señalara como sitio de memoria un cementerio en Lavalle. “La educación pública también hace memoria —sostuvo—, y cuando enseñamos con compromiso, lo que estamos defendiendo es el derecho del pueblo a conocer su historia, a recuperar sus verdades y a construir un presente más justo”.
Lorena Battistiol aportó una mirada aguda sobre la dimensión estructural del genocidio. Remarcó que fueron 834 los centros clandestinos de detención en todo el país, y que no puede seguir sosteniéndose la idea de que solo hubo uno o dos responsables por cada sitio. “En cada uno de ellos hubo cientos de actores que participaron y luego se reciclaron en la sociedad, protegidos por pactos de silencio. Muchos de ellos siguen entre nosotros, dejando mensajes de odio, justificando el horror y negando los crímenes más atroces”.
La funcionaria también recordó que muchas empresas fueron cómplices activas del terrorismo de Estado. Ford, Ledesma, La Veloz del Norte, Papel Prensa: nombres que hoy circulan con normalidad, pero que formaron parte de la maquinaria del secuestro, la desaparición y la censura. “Esa es la pata civil del genocidio —denunció—, que sigue operando y que rara vez ha sido juzgada. Las condenas no están firmes, y la impunidad sigue siendo regla”.
A lo largo de la charla, el autor fue hilando su reflexión con la situación actual. Habló del rol del negacionismo como estrategia de poder, de la manipulación del discurso judicial a través de iniciativas como “ficha limpia”, y de la persecución política disfrazada de transparencia. Mencionó casos de corrupción impunes dentro del gobierno nacional y cuestionó duramente el accionar de la Corte Suprema. “No se trata de limpieza institucional. Se trata de vaciar la democracia de contenido popular y proscribir a quienes representan otra forma de hacer política”.
En el cierre, volvió sobre uno de los núcleos del libro: cómo se construye hoy la memoria. “Es mentira que la memoria se hereda como un legado cerrado. La memoria se construye con participación, con preguntas, con incomodidad. Es una tarea viva, colectiva, militante. Y en estos tiempos, se vuelve más necesaria que nunca”.
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