En un trámite exprés y «opaco», el Gobierno dio otro paso en la licitación de la Hidrovía

Apareció en el Boletín Oficial, pero pasó bajo el radar. Opacada por las urgencias del Congreso, con el maratónico debate del Presupuesto 2026 en Diputados y los preparativos para el tratamiento de la Reforma Laboral en el Senado.

En la edición del BO de este miércoles 17 de diciembre, se publicó la Resolución 66/2025 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN). A través de esa norma, el Gobierno dio por concluida la etapa de revisión de observaciones y objeciones -tanto de carácter técnico como jurídico- al pliego de bases para la licitación de la Vía Navegable Troncal. La (mal) llamada Hidrovía.

La decisión de dar por cerrada esa fase fue severamente cuestionada por dirigentes de la oposición que siguen de cerca el proceso. No se trata de una cuestión menor. El mantenimiento del tramo argentino de los 1440 kilómetros de la cuenca Paraguay-Paraná involucra enormes y diversos intereses económicos, todos ligados a esa suerte de “autopista fluvial”. Por sus aguas, vale recordarlo, sale al mundo la exportación del polo agroindustrial del país.

Un trámite «opaco»

En cuanto a la Resolución 66 de la ANPYN, el legislador del Parlasur Gabriel Fuks cuestionó su carácter “opaco” y reprochó que haya sido tomada “de manera acelerada”. Fuks, por otro lado, advirtió que las múltiples objeciones al primer pliego de licitación planteadas por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) fueron tenidas en cuenta pero “sólo en forma burocrática”.

“El Gobierno está abriendo nuevamente a velocidad máxima un proceso licitatorio del que sigue habiendo muchísimas zonas oscuras y difusas”, sostuvo en diálogo con Tiempo. Y añadió: “Están dando por aprobado (el pliego) por una supuesta falta de objeciones cuando se presentaron más de cuarenta.”

El legislador, además, recordó que a principios de 2025 fracasó la primera licitación (el 25 de febrero se oficializó la suspensión). Aquel fue el desenlace provisorio que encontró la ANPYN para descomprimir una ola de cuestionamientos y crecientes sospechas de que se había realizado un pliego “a medida”.

Un instrumento pensado para favorecer a un único oferente, como efectivamente ocurrió. En ese momento la única propuesta recibida provino de la empresa belga Dredging, Environmental and Marine Engineering: DEME, según su acrónimo.

Fuks, que preside la Subcomisión de Vías Navegables del Parlasur, atribuyó aquel resultado “a la cantidad de incoherencias que tenían los pliegos” pero sobre todo “a la propia dinámica de la disputa interempresarial”.

La licitación más ambiciosa

La Licitación Nacional e Internacional para la Vía Navegable busca renovar la concesión (por un período de veinticinco o treinta años, quizá prorrogable) a los fines de realizar los servicios de señalización de los canales del Paraná; lo mismo respecto a las tareas de dragado y redragado. Implica, previsiblemente, costos y erogaciones muy importantes. Eso la convierte en el proceso licitatorio más ambicioso de la era Milei.

El pliego de la licitación compromete al oferente a realizar tareas de dragado, señalización y relevamiento tanto del lecho del río como del nivel de agua. Además, incluye la prestación de auxilio para el salvamento de buques como asimismo la provisión requerida por los barcos y el cuidado de infraestructura.

El proceso, desde su mismo inicio, viene envuelto en un mar de recelos: se superponen lobbies de empresas con pujas geopolíticas entre naciones, en particular de las potencias EEUU y China. Subyacen, también, intereses de Países Bajos, Bélgica y otros miembros de la Unión Europea.

Consultado por Tiempo, Fuks cuestionó que el Gobierno haya dado por aprobado el pliego a usar en la licitación luego de tomarse menos de 48 horas para analizar las impugnaciones. Sucede que el último domingo 14 de diciembre a las 23:59 se cumplió el período de observaciones de la sociedad civil y la ciudadanía.

Dicha instancia había sido ordenada por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas e incluyó una audiencia pública. Ese organismo señaló que el proceso licitatorio no había cumplido pasos administrativos y de control.

“Lejos de garantizar un debate real y profundo -siguió Fuks- el Gobierno convirtió una instancia de participación ciudadana en un trámite exprés, vaciándola de contenido.” Y agregó: “Se está diseñando una concesión a 25 años que mantiene sobrecostos históricos, no redujo la tarifa aun cuando la deuda que los justificó ya fue prácticamente cancelada, y termina encareciendo en forma estructural el comercio exterior argentino”.

En la misma línea, completó: “Estamos hablando de la columna vertebral logística de la Argentina y del Mercosur. Un proceso diseñado para beneficiar a pocos actores concentrados, con tarifas crecientes y reglas poco claras, termina perjudicando a los productores, a las PYMES exportadoras y a la industria nacional. Desde el Parlasur vamos a seguir señalando estas inconsistencias y reclamando un proceso transparente, participativo y alineado con el interés público regional”.

Desde el primer tramo del proceso, cuando reapareció el tema Hidrovía, empezaron a circular nombres de compañías internacionales. Todas especializadas en dragado, interesadas en participar de la licitación: eran la neerlandesa Jan De Nul (que durante décadas estuvo a cargo de la concesión); Boskalis, también neerlandesa; la china CCCC Shanghai Dredging Co Ltd; la belga DEME; Van Oord, otra neerlandesa.

Según la información que circuló, tanto Mauricio Macri (en tándem con su exsecretario de Transporte Guillermo Dietrich) como también la reina de Países Bajos Máxima Zorreguieta tendrían preferencias específicas entre estos oferentes. Cada uno por su lado, eso sí.

En cuanto a la china CCCC Shanghai Dredging Co Ltd, su ingreso a la licitación quedó vedado por las condicionalidades del reciente acuerdo comercial (por ahora un mero anuncio) con EEUU. Washington, se sabe, reclama que Argentina no celebre contratos con ninguna empresa extranjera que sea estatal, o que en su paquete accionario tenga participación del Estado.