Lima es un polvorín con la nueva Marcha de los Cuatro Suyos

Hace un mes y medio que Perú sufrió un golpe de Estado. Desde entonces, Dina Boluarte apoyada en los poderes fácticos –muchos de ellos asociados al fujimorismo– gobierna mediante la represión de la protesta social, el asesinato y las detenciones arbitrarias de líderes sociales. Su gobierno pende de un delgado hilo, el mismo que parece marcar los movimientos de marioneta de Dina al ritmo de los caprichos del Congreso.

El 7 de diciembre, el enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Congreso eyectó al primero por los aires. El electorado de Pedro Castillo, fundamentalmente campesinos, indígenas y mestizos del sur, se convirtió en el epicentro de las protestas contra el Gobierno ilegítimo de Dina Boluarte. La respuesta estatal represiva, primero policial y luego militar, acompañada con la criminalización de los manifestantes que arroja más de 60 muertos no hizo más que agudizar el conflicto y generar adhesiones populares.

Desde el 17 de enero comenzó a gestarse una gran marcha hacia Lima, a la que llamaron «nueva Marcha de los Cuatro Suyos», en honor a una de las movilizaciones más grandes de la historia peruana a comienzos del siglo XXI, contra la dictadura y el fraude electoral de Alberto Fujimori. La analogía asume que, a pesar de lograr la victoria electoral en las urnas, nuevamente el poder central desconocía el voto popular dando un golpe parlamentario contra el presidente Castillo. Una novedad es que mientras la primera marcha fue convocada desde Lima hacia la periferia, la nueva Marcha de los Cuatro Suyos se gestó de los márgenes territoriales, sociales y étnicos de cinco regiones del sur andino, a los cuales se han ido sumando regiones de todo el país, organizaciones gremiales y rondas campesinas.

Para el periplo de toma de Lima se fueron organizando buses y solidaridades, tomas de universidades para dar asilo a los viajeros, distribución de agua y alimento en ollas populares para que los viajeros. Frente a la amorosidad de los de abajo, el Estado brindó discursos de odio, racismo y mentiras para convertir a los manifestantes en «terroristas», «narcotraficantes» o simplemente «vándalos». Sin embargo, la construcción del enemigo interno que por una década le brindó legitimidad al fujimorismo ya no surte efecto.  

El 19 de enero comenzó el paro nacional y los manifestantes arribaron a la capital, hasta el momento no claudicaron. No los detuvo ni el «terruqueo», ni la orden de inamovilidad social o toque de queda ni el estado de emergencia ni los infiltrados. Las exigencias de los manifestantes fueron claras: la renuncia de Dina y el cierre del Congreso. Pero además una nueva Constitución y la liberación del único liderazgo nacional que garantiza su cumplimiento por ser su principal promesa de campaña y por haberse inmolado por ella: Pedro Castillo.

La comunidad internacional que otrora consideraba Castillo como un dictador, parece estar quedando en ridículo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) afirma que encuentra una injustificada criminalización de los manifestantes y la narrativa del Ejecutivo sobre la presunta «injerencia extranjera», en cambio, solicitó informes balísticos de al menos tres víctimas fatales. En la misma sintonía, la embajadora norteamericana mediante un comunicado en Twitter  condenó la violencia y solicita una debida rendición de cuentas de los asesinatos.

Por último, la Organización de Estados Americanos (OEA) -ente al cual Castillo solicitó ayuda para impedir el anunciado golpe parlamentario- se mantiene en silencio, pero representantes como Brasil comenzaron a evaluar la liberación de Castillo como forma de sortear la crisis política.

De este modo, mientras Dina va perdiendo apoyos, el Perú profundo parece estar dando un ejemplo de defensa popular de la democracia y, de paso, sentando las bases de un nuevo pacto que por primera vez incluya «todas las sangres», parafraseando a Arguedas.  «