Las víctimas serían al menos 44 mujeres -la mayoría de ellas menores y en situación de vulnerabilidad al momento de su ingreso a la institución– por hechos cometidos entre 1972 y 2015. Para la PROTEX, estaban “atrapadas en una superestructura desprovista de derechos sin control ni supervisión alguna que perduró por años”.
El titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°3, Eduardo Taiano, y los cotitulares de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), Alejandra Mángano y Marcelo Colombo, solicitaron ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°3, a cargo de Daniel Rafecas, la indagatoria de cuatro exautoridades del Opus Dei acusados de reducción a la servidumbre contra al menos 44 mujeres -la mayoría de ellas menores y en situación de vulnerabilidad al momento de su ingreso a la institución-, y de trata de personas en cuatro de esos casos, entre 1972 y 2015.
Los imputados, según informó el portal Fiscales.gob.ar, son cuatro sacerdotes que ocuparon cargos jerárquicos dentro de la organización católica durante esos años: tres eran “Vicarios Regionales” y el restante “Secretario Regional a cargo de la Sección Mujeres”.
De acuerdo a la reconstrucción de los investigadores, las víctimas debían realizar extensas jornadas laborales sin ningún tipo de retribución, además de ser sometidas a distintos tipos de violencia, “quedando atrapadas en una superestructura desprovista de derechos sin control ni supervisión alguna que perduró por años”.
La investigación determinó que “las posibles candidatas eran reclutadas a través de contactos de confianza, como sacerdotes y miembros de la comunidad local”. Una vez captadas, “las víctimas vivían en un estado de aislamiento total, sin acceso libre a medios de información como radio, televisión o diarios, y sin posibilidad de ver el exterior”.
Además, “eran vigiladas de manera contante, sin posibilidad de establecer vínculos afectivos y eran medicadas para apaciguar cualquier afectación a su salud mental derivada de la situación de sometimiento en la que se hallaban”.
“¿En qué condiciones una mujer pobre, inmigrante y menor de edad consiente ‘dedicar su vida’ a servir a los demás fieles? ¿Cuál es el valor jurídico de esa supuesta ‘voluntariedad’?”, cuestionaron la y los fiscales.
La causa se inició el 12 de septiembre de 2022 cuando una persona denunció ante la PROTEX un posible caso de trata y/o explotación de personas dentro de la Prelatura de la Santa Cruz y Opus Dei. Según el denunciante, entre 1974 y 2015, varias niñas y adolescentes fueron reclutadas y luego ingresadas a diferentes centros y residencias relacionadas con la organización, donde se les asignaba el rol de “numerarias auxiliares”.
A estas mujeres, en su mayoría provenientes de hogares pobres y en muchos casos migrantes, se les encomendaba “una vida dedicada a realizar tareas domésticas para otros fieles”.
El denunciante mencionó artículos periodísticos en las que esas mujeres indicaban que fueron explotadas al ser obligadas a trabajar en tareas domésticas de manera gratuita durante años.
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