Llegar a octubre

Una nota de un medio de gran llegada señaló que “el FMI volará bajo radar y no cuestionará los desvíos del programa (…). La decisión política de Washington es la siguiente: hasta octubre no habrá reclamos y el pedido de correcciones al programa económico ocurrirá después de las elecciones. Se trata –en definitiva– de un apoyo explícito: permitir que ‘Toto’ (el ministro Caputo) llegue sin turbulencias a la primavera y que Javier Milei pueda ganar las elecciones de octubre”.

El texto continúa diciendo: “El plan secreto de EE UU consiste en apuntalar a Milei para que después instrumente cambios estructurales: la reforma laboral y la polémica reforma previsional con aumento de cinco años en la edad para jubilarse”. Un panorama sombrío.

Uno de los “reclamos” que se ponen bajo la alfombra tiene que ver con las cuentas externas, según los datos publicados este viernes en el Balance Cambiario del BCRA, destacan los egresos por viajes por U$S 4502 millones en el acumulado de los cinco primeros meses. También sobresale la formación de activos externos del sector privado no financiero con una salida neta en los dos últimos meses (abril y mayo) por U$S 5247 millones. Además, por primera vez, desde que se creó la serie en 2003, a partir de diciembre de 2024 comienza a haber IED negativa (se van inversiones) sumando, entre ese mes y mayo de este año, una salida por U$S 2374 millones: una lógica consecuencia de las tensiones e inconsistencias existentes.

Si bien el gobierno intenta que el humor social no se altere de cara a octubre, la realidad muestra que los ingresos no mejoran. Tomando datos del INDEC, el salario real del sector privado registrado cayó un 0,2% en abril, y el del sector público se redujo un 0,5%. Analizando seis meses hacia atrás, ambos sectores perdieron un 0,9% de poder adquisitivo: si hay crecimiento, en los salarios no se nota. En tanto, el desempleo subió del 7,7% en el primer trimestre de 2024 al 7,9% en el primero de 2025, a pesar del supuesto rebote de la economía. No hay motivos para creer que, profundizando el modelo, las dinámicas actuales puedan tornarse sostenibles desde el punto de vista macroeconómico y social.

Políticas públicas y desigualdad

En la semana, el Poder Ejecutivo finalmente vetó la ley que declaró zona de emergencia y en situación de catástrofe a algunas zonas de la provincia de Buenos Aires, principalmente a Bahía Blanca, que contemplaba una ayuda por $ 200.000 millones. Un hecho preocupante.

Uno de los argumentos oficiales del veto es que la asistencia ya fue puesta en práctica a través del decreto 238/25. En el mismo se establece la ayuda a Bahía Blanca y se dice que se dispondrán “hasta” $ 200.000 millones (con financiación del BID). Es decir, puede ser mucho menos. No obstante, en el decreto del reciente veto no se informa ningún monto que se haya adjudicado hasta el momento, sólo números de beneficiarios.

La lógica de la actual administración nacional es que “no hay plata”, que el Presupuesto debe hacerse sobre la base de los recursos existentes y recién después se debe discutir cómo se gasta. Entonces, para mantener el equilibrio fiscal hay que resignarse a ajustar la variable que queda: el gasto. Así, se dejan de atender las necesidades de la población.

Los derechos de las personas no deben acomodarse a los recursos existentes, sino al revés, hay que generar los ingresos suficientes para atender las necesidades, sin poner al equilibrio fiscal como un objetivo en sí mismo.

Vale recordar la importancia del Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia, que alcanzó a una proporción ínfima de la población, la más rica, y permitió morigerar problemas de las personas (salud, vivienda, educación) y financiar una parte del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Es la contracara de las medidas que hoy se implementan.

La cuestión de los dos modelos está en la esencia de toda esta polémica: se trata de la puja respecto de cómo se acumula y cómo se distribuye. Un ejemplo reciente de este contrapunto se acaba de dar también en Brasil, donde el Parlamento derogó una suba de impuestos a ciertas transacciones financieras externas que había sido decretada por la gestión de Luiz Inácio Lula da Silva para financiar gasto social.

El criterio de cuidar la “caja” se sustenta en una cuestión eminentemente ideológica, presente en el discurso oficial del presidente, que considera que “la justicia social es una aberración”, porque le saca a unos para darle a otros, y que es injusta porque implica un trato desigual frente a la ley.

En el reciente Congreso de La Libertad Avanza celebrado en La Plata, Javier Milei afirmó: “quieren que todos seamos iguales (…). Si uno tiene 80 y el otro 20 y aparecen estos depravados de la igualdad, van a terminar todos teniendo 20”. Un ejemplo que no se verifica en la práctica. De hecho, la mayoría de los países desarrollados utiliza el sistema tributario (con alta participación de impuestos a las ganancias de personas) y también la disposición del gasto con fines redistributivos.

Según un informe del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), en nuestro país, el 1% más rico posee el 25% del total de la riqueza, y si ese segmento se extiende al 10% de la población más adinerada concentra el 59%. Del otro lado hay un 50% del total de personas (las de bajos ingresos) que sólo tiene un 4% de la riqueza. Una muestra clara de la injusta distribución de la riqueza.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, en el marco del anuncio del decreto que elimina el feriado por el Día del Trabajador del Estado, reveló que el actual gobierno ya echó a más de 50.000 trabajadores/as del sector público. En un posteo afirmó: “Sigue la motosierra. Recordemos que cada peso que ahorra el Estado es un peso menos de impuestos que pagamos los ciudadanos. Ya vamos por un ahorro anual de U$S 2000 millones. Por eso la motosierra es tan popular”. Debiera aclarar que los que pagan menos impuestos son principalmente los de mayor riqueza, ya que en el caso del Impuesto a las Ganancias de la cuarta categoría (ingresos del trabajo en relación de dependencia) éste ha aumentado.

No es una discusión teórica ni un ejercicio de cálculos. En el medio hay personas. Cuando se discute por la situación en el Hospital Garrahan, del otro lado están los chicos y las chicas que allí se atienden. Cuando se habla del Conicet se está discutiendo la ciencia y la tecnología y el futuro del país. Así con todo. Siempre del otro lado están las personas que necesitan ser atendidas, cuidadas y protegidas. Las leyes deben cobijar a estos sectores, porque los más fuertes no las necesitan, les alcanza con el mercado y por eso quieren que todo esté desregulado.

Si prevalece el mercado, la desigualdad se acentúa. De hecho, ésta última sólo se redujo visiblemente cuando hubo políticas públicas que apuntaron a ese objetivo. Los gobiernos de corte popular, con sus limitaciones y errores, siempre avanzaron en la protección de los más débiles o en la búsqueda de desendeudar al país. En cambio, los gobiernos de corte neoliberal como el actual (aunque se autodenomine anarcocapitalista) fueron en la dirección contraria, siempre propiciaron el recorte de derechos, la desigualdad social, los procesos de endeudamiento y la concentración económica. Y siempre vinieron de la mano de la represión a los sectores populares.