«Lleva dos meses desaparecida y no la quieren encontrar»

Pronto se cumplirán dos meses de la desaparición de Johana Ramallo en La Plata. Sus familiares, amigos y organizaciones sociales ya tomaron –el 22 de agosto– el Consejo Provincial de las Mujeres, para dar visibilidad el caso y reclamar una audiencia con la gobernadora María Eugenia Vidal y exigirle «que aceleren y profundicen la búsqueda». También ocuparon –el 6 de septiembre– el edificio de la Fiscalía para mostrar su descontento ante el rechazo al pedido de cambio de carátula de «averiguación de paradero» a «desaparición de persona». Además, reclamaron que la Policía Bonaerense sea apartada de la investigación, porque tienen sospechas de que esa fuerza está detrás del encubrimiento de la desaparición de Johana. Aún hoy, ninguna de esas peticiones fue resuelta de manera favorable.

«Como madre, siento muchísimas cosas. Sé que atrás de todo esto hay una red de trata, y me duele pensar que a mi hija le están pasando cosas muy malas», dice Marta y el dolor que lleva a cuestas le cierra la garganta. 

Johana, que cumplió 24 años estando desaparecida, fue vista por última vez el 26 de julio a las 20:30, cuando entró al baño de la estación de servicio de la esquina de la Avenida 1 y la Calle 63, en lo que se conoce como la Zona Roja de La Plata. Hacía un mes que se había separado del padre de su única hija y vivía en la casa de su madre, en Villa Elvira. Los afiches repartidos por la ciudad describen que es delgada, de tez blanca y cabellos oscuros y que al momento de su desaparición llevaba un jean negro nevado, una campera marca Reebok y zapatillas blancas. Desde entonces, su familia se moviliza para reclamar su inmediata aparición.

El jueves pasado, referentes de entidades defensoras de los derechos humanos, de agrupaciones feministas y amigos y familiares de Johana volvieron a concentrarse frente a la fiscalía de Betina Lacki para insistir con el cambio de carátula para que se empiece a investigar, no sólo dónde está, sino quiénes se la llevaron, y exigir que la policía provincial se retire del expediente.

El 5 de septiembre, un día antes de la toma de la fiscalía, Lacki había rechazado ambos pedidos (en realidad, ni contestó respecto de la posibilidad de apartar a la Bonaerense), pero lo que más irritó a la familia de Johana fue la escueta argumentación de la funcionaria –le llevó sólo media carilla–: afirmó que no descartaba ninguna hipótesis, entre ellas, que la joven se haya ido por propia voluntad. 

«Planteamos que no es lo mismo investigar el paradero de una persona, contemplando que pudo tener un accidente o que se perdió, que investigar un delito que signifique que Johana no se fue por sus propios medios y que la retienen sin su consentimiento. Como está la caratula hoy, no se logró ningún avance. No hay imputados, detenidos ni sospechosos, ni siquiera la hipótesis de un móvil. La realidad es que así no va para ningún lado, y cambiar la carátula de la causa implicaría empezar a investigar a las personas que tuvieron contacto con ella, y así sería más fácil llegar a saber qué pasa con Johana», explica Silvina Perugino, una de las abogadas de la familia Ramallo.

Con respecto al pedido de apartar a la policía de la Provincia de Buenos Aires,  Perugino sostiene que «a casi dos meses de la desaparición, lo que vemos es que hay un accionar negativo de la fuerza, que no logró una sola línea que en concreto arroje un indicio de un secuestro, de una red de trata, de algo. Ante esa situación, lo mejor que le puede pasar a la causa es que la Bonaerense dé un paso al costado. La realidad es que no encontraron nada. Las razones de por qué no encontraron nada es otra cuestión. Pero de eso todavía no tenemos pruebas».

En ese sentido, los abogados de la familia propusieron el ingreso a la causa de especialistas de Prefectura, como una de las posibles soluciones a lo que, según sospechan, es una cadena de encubrimientos dentro de la Bonaerense.

La familia de Johana está segura de que no se fue por propia voluntad. Todos los hospitales y comisarías de la zona fueron notificados con resultado negativo. Además, el detalle de que fue vista por última vez en la denominada Zona Roja no es menor y alimenta la sospecha de que hay una red de explotación sexual detrás de su desaparición.

«Lo que veo –concluye  Marta– es que a mi hija no la están buscando como la tienen que buscar. En casi dos meses, la investigación avanzó muy poco. Si la policía no la encuentra es porque no la quiere encontrar. Sé que algo muy grande está detrás de lo que pasó, pero igual no pierdo la esperanza de encontrarla.  Y no va a ser gracias a la justicia, porque todos sabemos que, para los pobres, la justicia en este país no existe». «