Lo que deja la experiencia de Berlín: más intervención estatal para regular los alquileres

La población de Berlín votó a favor de que el Estado expropie 240 mil viviendas y las coloque en alquiler, con el fin de bajar los precios y desinflar la burbuja que puso en jaque al acceso a la vivienda. En la capital alemana, el 80% de la población es inquilina.

Comparar la vida en Berlín con la de Argentina es estéril por un sinfín de factores. Aun así, la orientación de la medida tomada es clara: intervención estatal ante una escalada de precios sin control impuesta por el mercado. ¿Es viable una medida similar para la crisis de alquileres que hay en el país? Distintos actores del mercado argentino opinan al respecto.

Para Gervasio Muñoz, titular de la Federación de Inquilinos Nacional, «la situación de Alemania no se puede comparar con la de Argentina. Sí hay un paralelismo en cuanto a que el mundo está yendo para un lado y nosotros para el otro, al menos en la Ciudad de Buenos Aires. Porque no solo es Alemania, es España, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra. Los Estados intentan regular el acceso a la vivienda porque no es un problema solo de vivienda, sino también económico. Fijar precios ficticios de las viviendas genera crisis económicas. En Argentina, ocurre con la dolarización de la vivienda y los precios altísimos del alquiler. Y mientras Berlín estatiza 240 mil viviendas, CABA -que es la ciudad más inquilinada del país-, con los gobiernos de (Mauricio) Macri y de (Horacio Rodríguez) Larreta, privatizó 500 hectáreas públicas, que equivalen a más de 400 mil viviendas», reclamó Muñoz.

El titular de la Federación de inquilinos advirtió que «la Ley de Alquileres es una de las más avanzadas de Latinoamérica, pero no se aplica y corre riesgo de ser derogada».

Alejandro Bennazar, presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina, coincidió en que los escenarios son incomparables, y se mostró partidario de una salida a la berlinesa. «Estamos a favor de cualquier inversión para aumentar stock, ya sea a través de incentivos fiscales o de compra de viviendas por parte del Estado. Si la oferta sigue desapareciendo, aumentan los precios. Buscamos aumentar la oferta», planteó Bennazar en diálogo con Tiempo.

El empresario inmobiliario informó que existe una mesa de diálogo en el Ministerio de Hábitat, a la que han llevado propuestas para modificar la Ley de Alquileres o derogarla porque «el efecto provocado no es el esperado e impactó de manera negativa a todos los actores».

Agregó que la CIA instauró un seguro con el que el inquilino accede a la garantía con una cuota menor. Y también pondrán en funciones un Tribunal de Arbitraje desde el 15 de octubre. También implementará un esquema por el cual los inquilinos cumplidores tendrán una calificación que los ayudará en futuros créditos hipotecarios», concluyó.

El diputado nacional Federico Fagioli (Patria Grande-FdT) consideró que «el caso de Berlín nos demuestra que aquellos que miran tanto al primer mundo tienen una visión europeizada selectiva. Cuando se trata de políticas de acceso a la vivienda, responden con topadoras. No hay un real interés en resolver la problemática; por eso es tan importante avanzar en la creación de lotes con servicio y en la integración sociourbana de los barrios populares».

El legislador observó que «el desalojo en la 31 nos llena de indignación porque nos preguntamos: ¿a dónde van a ir a parar esas personas? La respuesta es clara: a la calle. Por eso, el Estado tiene que estar presente para resolver lo urgente, como es tratando y sancionando el proyecto de ley para personas en situación de calle y familias sin techo, que se va a debatir el martes en el Congreso para, después, ir hacia las políticas de fondo».

Tras recordar que en la Ciudad de Buenos Aires casi el 10% de las viviendas está ociosa, Fagioli señaló que «eso tiene que cambiar y el Estado tiene que intervenir para que la vivienda sea un derecho para todas y todos».   «

Inquilinos de América, uníos

Esta semana se llevó a cabo la primera reunión de agrupaciones de inquilinos en América, en la que se apoyó el resultado del plebiscito en Berlín, que aprobó la expropiación de 240.000 viviendas para ofrecerlas en alquiler y, además, poner un lote de viviendas para alquiler social. Participaron organizaciones de inquilinos de Argentina, Brasil, México, Bolivia, Venezuela, Canadá y Estados Unidos. También hubo presencia del Sindicato de Inquilinos e Inquilinas de Madrid, España.