Desde el año 2002 comenzó a ser ocupado y recuperado como vivienda por familias. El operativo estaba previsto para realizarse a partir de esta mañana.

Las familias que habitan el complejo lograron que se decidiera la medida, aunque su reclamo era por una solución definitiva e integral a la problemática habitacional que padecen. En agosto pasado, el juez Nacional en lo Civil, Fernando Jorge Virginio Cesari dictó fecha de instrumentación del desalojo los días, 18, 19 y 20 de septiembre. Pero horas antes, se incrementó la movida de resistencia: este martes por la noche, distintas organizaciones por el derecho a la vivienda y agrupaciones políticas acamparon en la puerta del edificio acompañando a las familias en el reclamo. La jornada de este miércoles comenzó con un ruidoso al sonido de cacerolas y bidones, y de fuegos artificiales. Se observaba que desde las ventanas de los distintos pisos que componen la locación colgaban distintas banderas y carteles, acompañado por un trabajo fotográfico con los rostros de todos los niños que viven en el lugar.
En el transcurso de la mañana se realizó una reunión en la comisaria de la Ciudad 28°, departamental a cargo de efectuar el desalojo. Participaron la presidenta de la Cooperativa Papa Francisco, Iliana Llanos; su abogada Rosa Herrera; el defensor del Pueblo de CABA, Alejandro Amor; el asesor tutelar ante la Cámara del fuero Contencioso Administrativo y Tributario, Gustavo Moreno y Sebastián Tedeschi de la Defensoría General de la Nación, quienes negociaron la suspensión con el oficial de justicia Marcelo Conde, el empresario Leonardo Ratuschny y su abogada.
“En el encuentro se labró un acta en la cual el oficial de justicia informó al juez correspondiente la situación y la imposibilidad llevar adelante la medida ya que no estaban dadas las garantías para realizarse dicha orden. Además ordenó la devolución de los mandamientos. Esto nos otorga un tiempo considerable en el proceso para que la Justicia revea el expediente” expresó Rosa Herrera, abogada representante de las familias. El juez Nacional en lo Civil Fernando Jorge Virginio Cesari había dado cauce al reclamo del empresario hotelero Ratuschny.
En el edificio Santa Cruz funcionaba la fábrica textil SELSA en la década de 1990. Cuando la empresa quebró, los edificios de los talleres fueron casi inmediatamente vendidos o rematados. De todos los edificios, sólo había quedado sin vender el de la sede social, que fue abandonado y a partir del año 2002 comenzó a ser ocupado y recuperado como vivienda por familias.
En el año 2010, el edificio de la sede social fue subastado y las familias que allí viven intentaron obtener un crédito para comprarlo, pero no lo lograron. La asociación se conformó en el 2014 para cumplir con los requisitos que exige el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) y así «poder entrar al programa de autogestión de la vivienda», que contempla el otorgamiento de créditos.
«El paso que había que dar hoy se dio el paso se cumplió vinieron los representantes de la justicia y se realizaron todos los procesos formales pero una vez más hemos demostrado que las familias se empoderan y luchan por el derecho a la vivienda digna” afirmó Alejandro Amor, defensor del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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