Un instrumento vinculante indispensable en América Latina y el Caribe para garantizar la plena y efectiva realización de los derechos de acceso a la información ambiental, la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y el acceso a la Justicia en asuntos ambientales.

El Acuerdo de Escazú es un instrumento vinculante indispensable en América Latina y el Caribe para garantizar la plena y efectiva realización de los derechos de acceso a la información ambiental, la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y el acceso a la Justicia en asuntos ambientales. Destacamos en esta oportunidad la importancia de la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación con el fin de proteger los derechos a la vida, la libertad y la seguridad de las defensoras y defensores de los DD HH relacionados con el ambiente, en línea con el derecho de cada persona a vivir en un ambiente sano. Fue vital la importancia de la participación de la sociedad civil en la elaboración del plan que contó con más de 600 aportes consolidados en ejes y acciones concretas, como la elaboración participativa de normativas, la inclusión de la perspectiva de género, el abordaje interseccional, intergeneracional y el respeto a los pueblos indígenas.
El último informe de Front Line Defenders (abril/2023) dice que la mitad de los 401 asesinatos de defensoras/es de DD HH en 2022 fueron contra personas involucradas en la defensa de la tierra y del ambiente. Al menos 126 fueron asesinadas en América Latina en 2023 (datos de la CIDH).
Estamos en una triple crisis planetaria –climática, de pérdida de biodiversidad y de contaminación– y el deterioro ambiental se está agravando dada la profundización del modelo extractivista que agudiza la desigualdad, la inseguridad y la polarización política, que se erigen como obstáculos concretos al desarrollo sostenible en nuestra región.
Según el PNUD, la confianza en las instituciones disminuyó significativamente en nuestra región entre 2009/18 hasta cerca del 20% implicando que solo uno/a de cada cinco personas expresara confianza en su gobierno. Por ello, en un contexto de desconfianza hacia las instituciones es indispensable valorar no solamente los beneficios de un marco legal sólido, como el que nos ofrece el Acuerdo de Escazú, sino también afrontar los desafíos para abordar su implementación. Hoy tenemos la oportunidad de construir un nuevo contrato social que permita asegurar la convivencia pacífica, generar confianza, promover una participación más significativa y mejorar la capacidad de las instituciones para responder a las nuevas demandas de la sociedad.
En este sentido, esta Conferencia aprobó también la transversalización de la perspectiva de género, con el compromiso de integración de normas e indicadores en el desarrollo e implementación de acciones y políticas encaminadas a alcanzar la igualdad de género. Las mujeres somos las principales afectadas por la crisis climática junto con niños, niñas y adolescentes y somos las guardianas de las semillas y las principales defensoras de tierras, bosques, ríos, glaciares, páramos y manglares. Por nuestra lucha contra el extractivismo en esta región somos asesinadas, desplazadas y hostigadas
Desde el feminismo hemos contribuido a la construcción del nuevo paradigma de una Sociedad del Cuidado, que pone la sosteniblidad de la vida en el centro y que confluye con los principios del Buen vivir de los Pueblos originarios en nuestra perspectiva ecofeminista para recuperar la armonía de los seres humanos con la Naturaleza.
El planeta estuvo aquí millones de años antes de que lleguemos y aquí continuara millones de años después de que nos vayamos. De nosotras y nosotros depende como seguir. Agradecemos a los Estados Parte que asumen la defensa de las defensoras y los defensores como un factor central para avanzar hacia la sostenibilidad, la conservación y el detenimiento de los procesos de degradación de los suelos, de contaminación del agua, de pérdida de la biodiversidad y de crisis climática.
* Doctora en Derecho. Espec. en Derecho Ambiental. Punto Focal de Justicia Ambiental del Mecanismo de Sociedad Civil de CEPAL/ONU. Red de Defensoras del Ambiente y Buen vivir (Arg). Red Ecofeminista LAC.
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