Los efectos del ajuste en Discapacidad: alertan que “la situación es muy grave”

El sector de trabajadores y familias con personas con discapacidad fue uno de los primeros en alertar sobre los efectos concretos de las políticas de motosierra. La demora en los pagos y los bajos aranceles a terapeutas, profesionales de la salud y transportistas llevaron a paralizar servicios y tratamientos en reclamo de mejoras. El panorama empeoró, tanto por el ajuste presupuestario como por los despidos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Con el plus de los mensajes discriminatorios que comparte en redes sociales el propio presidente Javier Milei.

“¿Te sorprendió la no ejecución de los recursos vinculados a comedores? Mirá lo qué está pasando en la Agencia Nacional de Discapacidad”, escribió en su cuenta de X el Director Centro de Economía Política Argentina, Hernán Letcher, y desarrolló cómo la situación presupuestaria del sector es una de las que explica la reducción del déficit a fuerza de motosierra.

A partir de un análisis de la ejecución presupuestaria hasta el 3 de marzo, Letcher advirtió que en materia de pensiones por invalidez “la ejecución suma 21%, pero sobre el presupuesto prorrogado (son los valores del Presupuesto de 2023). Si se proyecta a un valor equivalente de 2024 (según inflación REM BCRA), la ejecución se reduce a menos de 6%”.

En cuanto a acciones de la ANDIS, advirtió que “la ejecución del fondo específico conformado por multas de emisión de cheques del articulo 3 del Decreto 698/17 (…) directamente no tiene ejecución. Me refiero al programa 16, cuyos fondos son de afectación específica. La ejecución es nula. NADA. Solo se gastó para una parte del funcionamiento operativo de la Agencia”.

Todo esto, mientras se concretaron 165 despidos en la ANDIS. Se trata de personal que asistía a pacientes y familias para la realización de trámites para –por ejemplo- acceder a una pensión no contributiva, el certificado médico oficial (CMO) o los certificados únicos de discapacidad (CUD), requisitos para disponer de las prestaciones de las leyes nacionales 22.431 y 24.901.

“Hay insensibilidad en la respuesta”

“Nos preocupan mucho las familias que se han quedado sin trabajo en la ANDIS y también los distintos actores del sistema que vamos camino a lo mismo”, lamentó Eduardo Maidana, del Foro Permanente de Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que viene advirtiendo desde el cambio de gobierno que el sector está “en emergencia”.

“Seguimos con una diferencia de 100 puntos con los aranceles generales. El tema del transporte sigue muy complicado. Mucha gente está dejando de trabajar en transporte porque no le conviene. Y la nafta volvió a aumentar. La situación es muy grave. No hay una respuesta clara. Hubo un aumento del 32% pero solamente el tema inflacionario hizo que se licuara”, lamentó.

Para chicos y jóvenes con discapacidad, no contar con el servicio de transporte implica en muchos casos quedarse sin su tratamiento o terapia. “Quizás el hecho del transporte que no tiene recursos para seguir hace que los chicos o jóvenes con discapacidad se vean imposibilitados de recibir su atención. Todos los servicios están afectados. Esto es un sistema, si una parte no funciona, el resto tampoco”, advirtió Maidana en diálogo con Tiempo.

“La situación que estamos atravesando la estamos pasando en todo el sector. Y todos los argentinos. Y hay insensibilidad en la respuesta. Esto es lo que más nos preocupa. Porque hay situaciones que hay que atender, no se pueden dejar pasar. Los servicios ambulatorios tienen problemas, los hogares también. En muchos casos, si no llegan a la institución tienen un problema grave porque ahí comen además de recibir atención. No pueden acceder a lo básico”, denunció.

La falta de sensibilidad alertada desde el Foro va en línea con la que justifica el recorte de entrega de medicamentos oncológicos, confirmada por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y justificada por las “comprar irregulares” de la gestión anterior.

Para Maidana, los despidos en ANDIS son perjudiciales no sólo por la reducción de puestos de trabajo –en muchos casos, para personas con discapacidad- sino también por su efecto sobre toda la comunidad: “Se vive como una pérdida, porque la mano de obra preparada son excepciones. Hay gente que es muy valiosa para esto, que hace que se dé lugar a personas con discapacidad, que hace que todo lo que tiene que ver con lo cotidiano, trámites en el Estado, se facilite con la experiencia de estas personas, que es muy valiosa”.

Más discriminación

El desmantelamiento del INADI y la difusión de mensajes discriminatorios por parte del Presidente –que compartió un mensaje que usaba como insulto la condición de Síndrome de Down- suman una variable que preocupa a un sector en crisis.

“Cuando una persona de la jerarquía institucional de Milei plantea este tipo de situaciones, utilizar la discapacidad como un insulto, lo que se hace es potenciar algo que está anidado en las sociedades de hace mucho tiempo y que paulatinamente nosotros estamos poniendo sobre la mesa”, dijo Pedro Ávalos, Coordinador de la Comisión de Discapacidad de la Confederación General de Jubilados retirados pensionados y adultos mayores, en declaraciones a Radio Nacional.

Añadió que “cuando pensamos sobre los derechos de las personas con discapacidad siempre nos remitimos a la década del 40. Hoy se ha avanzado muchísimo en la materia pero cada vez que Milei emplea esa gama de herramientas agresivas significa para nuestro sector un retroceso importante y ese retroceso importante también está ligado muy especialmente con la intención de cerrar el INADI”.

Al respecto, señaló que la política libertaria “plantea la máxima libertad y ahí está la libertad de excluir a las personas con discapacidad del empleo, entonces no se cumple el cupo laboral del 4%, de excluir a las personas con discapacidad de la posibilidad de trasladarse de viajar y entonces se mantienen las restricciones que hay en general”.