Los empresarios coinciden con el plan del gobierno

Comparadas con la CGT, las grandes empresas empezaron 2017 en tranquilidad. Con muchos de los dirigentes más importantes en vacaciones desde las primeras horas del año, la impresión es que el sector privado está sereno, como quien reposa en la confianza de quien sabe que sus intereses están bien custodiados.

La única «alteración» tuvo lugar al calor de la salida de Prat-Gay y la asunción de Nicolás Dujovne, en el Ministerio de Hacienda, y de Luis Caputo, en la cartera de Finanzas. Los cambios de mandos propiciaron encuentros con la alta dirigencia empresarial. Sin embargo, a la hora de las propuestas concretas, la única que presentó una demanda formal fue la Unión Industrial (UIA), que el 13 de enero entregó a Dujovne una propuesta de cambios fiscales «para la competitividad de las empresas» y que incluye una reducción de los aportes a la seguridad social.

El prosecretario de la UIA y hombre de la industria textil, Jorge Sorabilla, contó que, al margen de ese encuentro, los contactos con la administración macrista fueron «muy tenues». En la era de Cambiemos, la industria pasó a un segundo plano en la interacción con las autoridades si se tiene en cuenta la fluidez de la relación entre el oficialismo y otros sectores de la economía, como el agro, las mineras, los exportadores y el sector financiero. No obstante, en la UIA también hay indicios de tranquilidad.

Mientras se discuten las modificaciones laborales, la mayoría de los dirigentes fabriles está de vacaciones después de un largo año plagado de desencuentros pero también de negociaciones. El gobierno sabe que «la industria necesita que el Estado le saque gran parte de la carga que tiene encima y que soporta para mejorar la competitividad», señaló Sorabilla.

En las reuniones, casi siempre con el titular de Producción, Francisco Cabrera, y con el secretario de Comercio, Miguel Braun, «la UIA probó con datos que, comparado con más de 100 países industriales, (Argentina) es el que más cargas tributarias tiene sumando todas las jurisdicciones».

En la construcción tampoco hubo encuentros ni negociaciones en los últimos días. Desde hace largos meses, lo único que se mueve en este sector son los rumores. El propio titular de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Gustavo Weiss, contó que se especula con que, después de abordar el tema Vaca Muerta, el gobierno planea convocar a los constructores para solucionar la (frondosa) problemática del área. El directivo lamentó que «todavía no tuvimos ninguna invitación», pero avisó que en su sector «estamos trabajando los temas laborales en conjunto con el gremio de la UOCRA».

Como en la UIA, en la construcción también hay tranquilidad frente a las modificaciones que se vienen en materia laboral en virtud de la afinidad que se evidencia entre el enfoque del gobierno y el de las compañías. Weiss señaló a Tiempo que «avalamos lo que dice el gobierno sobre la necesidad de trabajar la presión impositiva y los costos, que en el caso del salario son muy importantes. Al igual que una posible modificación de la ley de ART, porque los accidentes son tan relevantes como la litigiosidad laboral», consideró el empresario.

En el sector del comercio, la atmósfera que se respira en torno a los cambios laborales es similar. Mario Grinman, secretario de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), informó que la dirigencia sectorial elabora un informe sobre «el costo argentino» que incluye los costos laborales, un objetivo central para el interés de estas empresas. «No tuvimos reuniones formales, pero hemos hablado de la necesidad de trabajar sobre el costo argentino, que es muy elevado y tiene muchos componentes. No tiene que ver solo con lo laboral, también está lo tributario; la enorme evasión que explica la informalidad y que aumenta a su vez el costo de los productos. También está lo logístico», enumeró.

Los resultados preliminares del estudio de los mercantiles «indican pautas que hay que trabajar en algunos sectores importantes para la competitividad. Para afuera y para adentro, no es casualidad que los argentinos vayan a comprar afuera del país», expresó Grinman.

En todos los sectores consultados, los empresarios coincidieron en apoyar la decisión oficial de avanzar con decretos. Grinman señaló que «lo correcto es que estos temas salgan del Congreso como debe ser, pero si por algún motivo el Congreso no está funcionando no se pueden detener las cosas necesarias». El recurso «si no se abusa es bienvenido», concluyó.

Sorabilla coincidió en que «sería mejor el consenso del Congreso, pero los decretos son una decisión política del presidente». Los cambios que demandan las empresas «son urgentes y después viene el tema de la sábana corta: cómo mantengo un gasto necesario bajando impuestos. La respuesta es agrandar la economía y es urgente», finalizó.

Por último, Gustavo Weiss también apoyó los decretos porque «hay que frenar la situación de alguna forma: los accidentes laborales y la industria del juicio son temas cruciales que el gobierno está tratando de solucionar y estamos de acuerdo», lanzó. «