Los gremios se alinean con el plan de Alberto F. y barajan modelos de «tregua social»

Los últimos quince días se convirtieron para Alberto Fernández en un anticipo –una suerte de laboratorio- de lo que será una relación estratégica para un presidente en ejercicio que proviene del peronismo y que representa a una coalición de impronta popular: el vínculo con los dirigentes sindicales. Se trata de un contacto permanente, se supone que facilitado por las afinidades ideológicas o partidarias, pero siempre condicionado por una serie de complejidades, tensiones y conflictos. Pujas estructurales que muchas veces tienen que ver con el rol de cada cual. Para un jefe de Estado, administrar los choques de intereses que recorren una sociedad; para cualquier gremialista, defender los ingresos y condiciones de vida de sus afiliados.

El episodio que adelantó lo que será una de las constantes del tramo inicial de la gestión Fernández fue el paro finalmente levantado por los pilotos de Aerolíneas y Austral. En un primer momento Pablo Biró (APLA) había ratificado la decisión a pesar de un pedido público del candidato presidencial, quien le había solicitado no perjudicar a los pasajeros a veinte días de las elecciones. El viernes, Biró y los representantes del otro gremio del sector (UALA) suspendieron la medida de fuerza que, con bastante anticipación, había sido decretada para este fin de semana.

La declaración que mejor sintetizó la actualidad del vínculo entre Fernández y el universo sindical la pronunció en las últimas horas el secretario general de La Bancaria, Sergio Palazzo. En el sindicalismo argentino, como se sabe, predomina el peronismo y hay una adhesión muy mayoritaria hacia el Frente de Todos. Palazzo caracterizó el tiempo que se viene como una “tregua social”, concepto que asoció a la gestión de la urgencia y al reconocimiento de la dimensión de la crisis. El líder de los bancarios contrastó esa idea con el llamado a un “pacto o contrato social”. Una tregua es, por sí, algo transitorio y, por eso mismo, tiene una concreción mucho más fácil y asequible.

“Tenemos que garantizar que todos los argentinos coman, que accedan a sus medicamentos”, señaló Palazzo para explicitar cuáles serían los objetivos de la tregua social. Una vez resueltos esos problemas podría avanzarse, continuó, en la construcción del pacto social para el futuro. Ese acuerdo ya fue anunciado por Fernández al delinear las claves que pretende para su gobierno. Y en el sindicalismo, salvo la izquierda clasista, lo consideran imprescindible para encarar la etapa que viene.

El secretario general de la CGT Héctor Daer, titular del gremio de Sanidad, es considerado el interlocutor preferido de Fernández cuando se trata de analizar las encrucijadas del presente en el marco de la contradicción estructural entre capital y trabajo. Consultado por Tiempo, Daer consideró que la tarea del nuevo gobierno es doble, por un lado hacer posible “un acuerdo de coyuntura para salir de la crisis” pero también y en paralelo convocar a un debate más profundo para “profundizar un modelo que permita salir de los ciclos pendulares de la Argentina”. “El gran desafío de nuestro país es salir de la cuestión cíclica que te permite salir de la crisis, llegar a un estándar (de vida y actividad económica) que vos creés que es normal pero del que la falta de desarrollo después te hace caer de vuelta”, aseguró.

Desde el sindicato docente más grande del país, el gremialista Roberto “Roby” Baradel (Suteba) contó en diálogo con este diario que la CTA de los Trabajadores –que acaba de dar el primer paso en el incierto proceso de unificación con la CGT- presentó a la cúpula del Frente de Todos una propuesta de un nuevo contrato social inspirada en la Confederación Sindical Internacional -CSI, la mayor central obrera del mundo, de la cual Baradel es miembro del consejo ejecutivo-, que tiene como rasgo principal la ampliación del diálogo institucional en el marco de una convocatoria que excede por mucho el mero debate entre precios y salarios. “Propone que estén contenidas todas las voces. Un acuerdo que no se limite a empresarios, gobiernos y sindicatos. Que incluya también a vastos sectores sociales: universidades, Iglesia, gobernadores, congregaciones religiosas, organizaciones sociales”, planteó Baradel en diálogo con Tiempo. “La clave es que los trabajadores tengamos participación en la discusión y el diseño de las políticas”, agregó.

En el plano de los discursos, por lo que se puede escuchar en público, queda claro que todas las corrientes sindicales que abrevan en el Frente de Todos acuerdan en la necesidad de ir hacia un acuerdo institucional para contribuir a la salida de la crisis y estabilizar al próximo gobierno. Las coincidencias, sin embargo, no implican disolver conflictos que tienen años de fermentación, como el que enfrentan a varios gremios históricos de la CGT con otros que desde hace tres décadas forman parte de la CTA. El propio Daer se propuso reflejar ese equilibrio incierto entre “el horizonte de unidad de todas las organizaciones sindicales con personería gremial” y “la necesidad de tomar estos temas con los tiempos y la gestualidad que tienen que tener”, según sus propias palabras.

La actualidad sindical muestra, por un lado, al debate sobre la unidad ganando espacio y, por otro, al acuerdo para salir de la crisis como prioridad aceptada por todos. Ese panorama se superpone en el corto plazo con las negociaciones salariales de cada sector, una cuestión extremadamente sensible en un año que vivió uno de los tres saltos devaluatorios más importantes de la gestión Cambiemos. Ante este panorama, Fernández y su equipo no descuidan el monitoreo de la problemática laboral: en los últimos días los puso en alerta lo que inicialmente  pareció el primer tironeo público con un dirigente gremial: ciertos periodistas no demoraron en advertir que Fernández, pese a ser el próximo presidente, no lograba conducir a los gremialistas de un sector clave como el aerocomercial. Tras la suspensión del paro en Aerolíneas esa interpretación quedó vieja. Pero Fernández no se confía ni se relaja. Y ya piensa en el rol que tendrá su primer ministro de Trabajo, cuyo nombre adelantó a algunos –muy pocos- gremialistas pero con la condición de mantenerlo en secreto. «