Los laboratorios públicos y su rol social para competir con el mercado privado

El acceso a los medicamentos por parte de la población de nuestro país se convirtió, nuevamente, en uno de los temas más sensibles a resolver por la administración de Alberto Fernández a partir del próximo 10 de diciembre.

Durante el gobierno de Mauricio Macri, el precio de los remedios lleva acumulado hasta la fecha un aumento del 360,9% según el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad de Avellaneda (Undav). Con este panorama, la producción de medicamentos por parte de los laboratorios públicos es una de las herramientas más importante para hacer frente a las altas subas por parte de los laboratorios privados.

En la Argentina existen más de 30 laboratorios públicos que dependen de Nación, de provincias y de universidades nacionales que, a partir de la crisis económica vivida en el 2001, cobraron un rol preponderante en el área de la salud pública.

Entre los principales compradores de estos laboratorios se encuentran el PAMI, la Secretaría de Salud y Desarrollo Social de la Nación, los ministerios de salud provinciales y la obra social bonaerense IOMA, entre otros.

En 2014 se sancionó la ley 27.113 que creó la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP). Según indica su página web, el objetivo principal es “articular y promover la actividad de los laboratorios de producción pública de medicamentos existentes en nuestro país de forma planificada y centralizada por parte del Estado nacional”. Aunque su funcionamiento administrativo no estuvo completo hasta enero de este año (todavía queda por conformar su estructura organizativa), la agencia pudo comenzar a articular reuniones con los laboratorios participantes. “Comenzamos a viajar, a generar vínculos, ver qué necesitaban y de ahí fuimos viendo cómo armar un pedido de subsidio ya que la mayor parte del presupuesto de la ANLAP es para que los laboratorios hagan obras, entre otros objetivos”, cuenta el bioquímico Gastón Morán, vicepresidente de la agencia estatal.

La importancia de la producción pública de medicamentos radica en que estos laboratorios no tienen ánimo de lucro. Por eso, pueden producir a menor costo y hacerse cargo de medicamentos que las empresas privadas ya no fabrican porque no les son rentables, los denominados «medicamentos huérfanos», como por ejemplo drogas para tuberculosis. Otro de los objetivos es poder cubrir licitaciones públicas que generalmente quedan sin oferentes debido al desinterés por parte de los laboratorios privados.

Un caso exitoso de articulación por parte de la ANLAP se dio cuando desde el Hospital Garrahan se acercaron en 2018 con una problemática que venían teniendo con un medicamento que desde el hospital se generaba a través de la elaboración en forma magistral (artesanal). Pero este tipo de elaboración solo permitía el tratamiento durante la internación. El inconveniente surgía cuando los pacientes retornaban a sus casas y no podían continuar con la medicación. “Ante esa situación la agencia intervino y generamos un encuentro en la provincia de La Rioja en donde invitamos a la Asociación Argentina de Pediatría, a los referentes de las farmacias hospitalarias y a los productores públicos. Luego de trabajar durante varios días, la Planta Piloto de Producción de Medicamento, que depende de la a Facultad de Bioquímica de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), comenzó a trabajar en la producción del medicamento faltante”, relata Nazareno Luján Pernía Osuna, secretario de ANLAP.

El circuito básico de un medicamento desde que se fabrica hasta que llega a las manos de un paciente puede describirse en tres pasos: Laboratorio-Droguerías-Farmacias.

Un laboratorio obtiene la licencia para poder fabricar un medicamento y se encarga de producirlo. Luego, de manera arbitraria, le pone un precio sugerido de venta al público, que se considera como el precio máximo de venta. Si bien no es obligatorio mantener ese precio porque no hay regulación, casi todas las farmacias lo respetan por una cuestión de ética profesional histórica.

Esta falta de control estatal permite que algunos laboratorios, en su mayoría los más grandes y conocidos, tengan  márgenes de ganancias superiores al mil por ciento.

Las droguerías son las encargadas de distribuir el producto en las farmacias. Son el nexo entre éstas y los laboratorios. Las farmacias son el último eslabón antes de que un medicamento llegue al paciente y tienen un margen de ganancia promedio entre el 30 y 32 por ciento del precio de venta sugerido por el laboratorio.

Para evitar todo ese circuito comercial, el Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) de la provincia de Santa Fe produjo en junio pasado la primera partida de antibióticos betalactámicos, como amoxicilina y cefalexina, que permitirá garantizar la cobertura a todos los santafesinos atendidos en los distintos sistemas de salud pública de esa provincia. Otro de los productos elaborado por el CIF es el misoprostol, que en septiembre de este año comenzó a distribuirse en los centros de salud y hospitales públicos provinciales.

Otro de los ejemplos relevantes es el producido por el «Laboratorio del Fin del Mundo», la empresa estatal de Tierra del Fuego, que en septiembre pasado concluyó con la producción del primer lote de Atazavir 300 miligramos, el remedio que bajo el nombre comercial de Suravir se utiliza para tratar a personas afectadas de VIH. Esta producción fue adquirida por la Secretaría de Salud de la Nación para ser incorporado al programa nacional de VIH Sida.

“Creo que hay que articular una política de medicamentos desde la investigación hasta el desarrollo. Pensarlo como una política pública que avance y no simplemente como una cuestión filosófica de los laboratorios públicos”, afirma el bioquímico Gastón Morán y Luján Pernía Osuna agrega: “Esta política debe estar anclada en la realidad fáctica de los laboratorios y no como una cuestión discursiva muy por encima, sino con el diagnóstico cien por ciento de primera mano de los laboratorios”.