Tras la parálisis parlamentaria de diciembre, apuran negociaciones para una sesión durante la próxima semana. Humedales, Alquileres, blanqueo de capitales y más iniciativas. El posible decreto presidencial para sesionar en enero.

Si bien este jueves la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, cuestionó a la oposición por frenar el trabajo en el Congreso, desde el Frente de Todos comentaron a Tiempo que las cuestiones parlamentarias no fueron temas de diálogo este miércoles en la Casa Rosada en el marco de los tres años de gestión del presidente.
De todas maneras, Cerruti manifestó esta mañana que “el presidente dijo que como oficialismo nos encantaría dialogar con la oposición en el ámbito que hay que dialogar, que es el Congreso, pero vemos lo que hicieron en la última sesión, en la que hubo directamente actitudes violentas, machistas y misóginas respecto a la presidenta del Cuerpo (Cecilia Moreau)”.
Además, la portavoz presidencial consideró que “evidentemente la oposición, por sus mismos problemas internos, está viendo quién está más a la derecha de quién, quién es más violento, quién es más libertario y están haciendo que la política en el Congreso no se pueda llevar adelante”.
Es que en medio de un escándalo con gritos e insultos entre oficialistas y opositores de Juntos por el Cambio cayó la sesión el 1 de diciembre pasado, dejando pendientes los proyectos que proponían la creación de universidades nacionales, un paquete de tratados y convenios internacionales, un proyecto sobre diagnóstico humanizado de Síndrome de Down y una modificación a la ley de actividades relacionadas a la sangre humana.
Pero no son las únicas iniciativas pendientes. Hay algunas más que ya tienen dictamen de comisión, como la que establece la prórroga de un plan de pago de la deuda previsional. El texto fue presentado por el kirchnerismo en el Senado y obtuvo su aprobación en junio pasado. Apunta a personas en edad jubilatoria que no cuentan con los aportes suficientes, así como un plan especial para quienes estén a diez años de retirarse y estiman que no alcanzarán los años de servicio correspondientes.
También está el proyecto del Poder Ejecutivo sobre creación de comités mixtos de seguridad e higiene en el ámbito laboral; una iniciativa para jerarquizar las becas Progresar; el régimen previsional especial para brigadistas de incendios y una ley para regular el régimen profesional de la obstetricia.
Por otro lado, quedó en stand by el proyecto que establece actualizar la normativa sobre lavado de activos, de total interés para el país ya que en septiembre del año que viene será evaluado por Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI).
Entre estas iniciativas, hay otras tantas que no aparecen por ahora sobre el tapete parlamentario: son proyectos que generaron controversia entre los bloques como el de modificación de la ley de alquileres, la iniciativa sobre humedales, la modificación del Régimen de Compre Argentino y la creación de un Fondo Especial para pagarle la deuda al FMI con “dólares fugados”, que fue diseñada por el senador kirchnerista Oscar Parrilli y que cuenta con la aprobación de la Cámara Alta.
Por último, se espera que Sergio Massa mande al Congreso un proyecto de blanqueo de capitales en el marco de un acuerdo de intercambio de información financiera firmado con Estados Unidos. Aunque circula un borrador, no hay fecha de envío a la mesa de entradas de las Cámara que supo presidir, pero se cree que podría debatirse en sesiones extraordinarias si Alberto Fernández las convocara por decreto durante el transcurso del verano de 2023.
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No entiendo porque las Legislaturas de las Provincias no aprueban por Ley un Plan de Ordenamiento Territorial y entre otros contenidos, con un programa de manejo de fuego, que incluya protocolos de quemas prescriptas, sistemas de cortafuegos viales etc. y lo ejecutan con el aparato estatal, policías y bomberos, vialidad y consorcios camineros, consorcios agropecuarios, profesionales y técnicos operativos, capacitadores rurales (extensionistas) y con resguardo del Poder Judicial provincial en cada caso. Una matriz por Departamentos con su Municipio cabecera etc. Que cambia con una Ley Nacional como la de Humedales? Qué cambió en el Territorio Nacional a partir de la Ley General del Ambiente Nº 25.675? Se requiere una Ley que prohíba esto o autorice aquello...y después se quejan de la intromisión de los unitarios porteños (que así justifican su tajada en el presupuesto destinado a la “administración central” con 22 Ministerios Nacionales y sus Organismos “descentralizados”) y de las ONG (de intereses y financiamiento solapados); ni siquiera saben caminar solitos a esta altura de la Historia! …Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Salta, Santa Fé, que son Provincias preexistentes a la Nación!