Luchar nos hace libres

Por: Jenny Duran / Laura Salomé Canteros / Mariángeles Guerrero

Desde la Campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito renuevan el compromiso para exigir su efectiva aplicación.

A un año de la aprobación de la Ley de IVE, transitamos una incipiente implementación que aun cuenta con obstáculos. Las desigualdades estructurales, la crisis que causa la pandemia, el endeudamiento que nos dejó la derecha gobernando y la falta de decisión política para garantizar nuestros derechos en algunos territorios del país, son limitaciones difíciles de desactivar.

Sin embargo, no dejamos de celebrar la conquista feminista: lo hacemos como parte del tejido social organizado que se animó desde las bases a disputar poder de forma colectiva y que obliga, de hecho, a una renovación, de praxis y programática, de las estructuras partidarias y de la política tradicional.

Desde 2005 la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito exigió al Estado el reconocimiento de la autonomía de las mujeres y otras personas gestantes con la sanción de una ley como resolución a la problemática de los abortos inseguros y clandestinos desde una perspectiva de salud pública, justicia social y derechos humanos. La 27.610 es una ley feminista que obliga al Estado a garantizar el acceso universal a la salud integral. Y que lo hace tomando la experiencia que iniciamos desde la Campaña: tejiendo redes territoriales para garantizar derechos.

Ejercimos una enorme responsabilidad política, porque estos años de lucha por la conquista de esta Ley nos obligó a tomar en nuestras manos las decisiones e iniciativas para empujar a nuestros representantes a avanzar en más derechos. Y a seguir “en Campaña”, a cosechar la “alerta feminista” sin fronteras y a articular un poder feminista construido desde los márgenes y en las calles.

Foto: Télam

Esto nos permitió interpelar a nuestra democracia alzando nuestras voces para contar experiencias silenciadas, para asignar responsabilidades políticas sobre nuestros abortos realizados en forma clandestina e insegura. Cada vez que un hospital nos cerraba la puerta o que el miedo a ser insultadas o criminalizadas pesaba más que el derecho a nuestra propia salud estuvimos abriendo ventanas para acompañar.

Esa reivindicación no se agota en la práctica del aborto como tal sino en el reconocimiento del derecho a decidir como base fundamental de la autonomía personal y de una vida sin violencias. En este camino de más de 15 años establecimos una complicidad contra poderes, que durante siglos quisieron disciplinarnos: los saberes médicos, las clínicas privadas, los fundamentalismos, los gobiernos.

Esa complicidad es profundamente política y feminista, es afectiva, se construyó en asambleas, en las calles, en los diversos territorios donde -con las herramientas que teníamos- creamos colectivamente estrategias para que sobre nuestro derecho se hable, se reflexione, se legisle, se produzcan políticas públicas.

Entendimos que nuestra lucha es por los derechos humanos y por eso fue siempre el Estado nuestro principal interlocutor y a quien hoy seguimos demandando.

La organización feminista que integramos lucha por liberar a cada persona presa por abortar, ante las presentaciones judiciales que pretenden obstaculizar el acceso a la salud integral, lucha por más capacitación a las y los profesionales de salud, porque las niñas no sean obligadas a gestar, parir ni criar, por el acceso a métodos anticonceptivos, por el pleno cumplimiento de la ley nacional de Educación Sexual Integral en las escuelas y por un Estado laico.

Seguimos sensibilizando ante la llamada “objeción de conciencia”; democratizando saberes jurídicos; exigiendo el acceso a la información pública y la propaganda estatal sobre el derecho al aborto. Pero lo más importante: seguimos construyendo propuestas feministas ante las problemáticas de inequidad o de obstaculización de derechos.

El debate social y parlamentario rumbo a la sanción de la Ley de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo en Argentina (desde marzo de 2018 hasta diciembre de 2020) fue y es un proceso de politización y de organización feminista popular inédito.

Por eso, aún estamos analizando su valor e influencia. Nos tocó abortar la coyuntura internacional de una pandemia elevando una bandera histórica; debemos darnos el tiempo para reconstruir las genealogías intergeneracionales y multidisciplinarias que nos llevaron hasta la sanción de la Ley de IVE y también para generar los espacios colectivos de intercambio -por fuera de los privilegios de la academia- para hacerlo.

Fue mucho tiempo de militancia incansable, de compañeras compartiendo saberes sobre medicina, sobre derecho, sobre comunicación. Fueron muchos años de andar con la mirada puesta en el futuro, en las pibas que un día podrían ir a una guardia médica y solicitar sin más el derecho que les corresponde. Fueron horas y horas de trabajo, a veces invisibilizado, que culminaron con una Ley que años atrás parecía sumamente lejana.

Desde la recuperación de la democracia, incidir y conseguir colectivamente una reforma normativa que amplíe la ciudadanía y reconozca el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo es una de las conquistas más importantes en relación a los derechos humanos de los últimos años. Por su objetivo político y por el apoyo social alcanzado, destacamos la estrategia de construcción de unidad que tuvimos desde los feminismos organizados de nuestro país, que son parte de los movimientos de emancipación.

Nos toca ser contemporáneas de una revolución cultural en Abya Yala. Porque militar con argumentos por la autonomía y por el reconocimiento de la soberanía sobre el cuerpo- territorio, es militar por mundos mejores, feministas. Por eso el desafío es sostener el saldo organizativo que nos permita luchar contra todas las violencias patriarcales, coloniales y extractivistas hasta que todes seamos libres en todos los ámbitos.

Y es aquí donde la incertidumbre que parece ser “el signo de los tiempos” no tuvo ni tiene nunca razón de ser. Porque las certezas se crean cuando sostenemos la mano de la otra, de otre, allí donde cualquier injusticia tenga lugar. Es una Ley, pero es más que eso lo que hemos logrado en estas décadas de militancia.

Porque nuestra política es construir un porvenir feminista para el Buen Vivir con los aprendizajes y fortalezas que recorren esta marea y se impregna en su ADN: la de luchar por mundos mejores, aun cuando la incertidumbre y la desigualdad globaliza nuestras mentes, corazones y bolsillos. La de idearnos y pensarnos en una sociedad más humana, colaborando a construir relatos sin sellos marketineros, sino con los de la solidaridad y la esperanza. La de entrelazar y gestionar respuestas inmediatas para el presente y para que todas y todes tengamos futuros más dignos.

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