Lugones elimina el Examen Único de Residencias: crónica de una muerte anunciada

Sin ningún argumento sólido sobre la planificación de la fuerza de trabajo en salud y con el único y mayor antecedente de fracaso en la gestión del Examen Único -la filtración y venta del examen, hipótesis más explicativa en caso de confirmarse fraude-, el Ministerio de Salud informó, a través de redes sociales, el fin de una política que por casi quince años buscó ampliar la cobertura de residencias, mejorar la accesibilidad a los concursos provinciales y estandarizar la evaluación de ingreso.

El Examen Único (EU) se creó en 2011 con el fin de unificar el instrumento de evaluación mediante una metodología estándar de ingreso, permitiendo a cada jurisdicción incorporar componentes propios según sus necesidades epidemiológicas y de formación de especialistas, mientras el Ministerio de Salud de la Nación coordinaba su gestión. Se trataba de un examen único con 100 preguntas de tipo elección múltiple para las disciplinas de medicina, enfermería y bioquímica, elaborado en colaboración entre todas las jurisdicciones, universidades y diferentes establecimientos de salud.

El Examen Único fue también una política de articulación y cooperación orientada a planificar de manera coordinada la formación de recursos humanos en salud. Si bien los datos sobre desigual distribución de residentes, la elección de especialidades no priorizadas y los últimos acontecimientos pusieron en evidencia la necesidad de repensar su diseño e implementación, la actual gestión -a cargo de Mario Lugones- en lugar de implementar las reformas necesarias para mejorar el dispositivo y corregir sus debilidades optó por suprimirlo en su totalidad.

En términos coloquiales, “se deshizo del agua sucia con el niño adentro”, eliminando junto a los aspectos perfectibles aquellos componentes virtuosos para la planificación y distribución de la fuerza de trabajo en salud.

El Estado Nacional se desentiende

Sin un análisis riguroso, y con el único argumento de “irregularidades cometidas por aspirantes en los exámenes de ingreso al Examen Único de Residencias 2025” —irregularidades que, en realidad, exponen la negligente gestión de las autoridades responsables—, el Ministerio anunció que “a partir de 2026 cada jurisdicción llevará adelante su propio examen de ingreso a residencias médicas según criterios locales”.

Más aún, se confirmó que “esta fue la última camada de médicos cuyas becas de residencia fueron financiadas por Nación”. Desde ahora, los exámenes y su financiamiento quedan a cargo de las jurisdicciones. Ni un contexto de máxima tensión como fue la pandemia, dada su imposibilidad de implementarlo por el ASPO (aislamiento social preventivo y obligatorio), logró tanto como lo que esta gestión anunció por redes sin una explicación analítica: darle fin.

Pero esta nueva reforma, en perspectiva más amplia, nos obliga a preguntarnos: ¿Qué significan estas medidas para las residencias del equipo de salud?

Junto a la reciente Resolución 2109/2025 de precarización laboral en torno a la falsa elección entre Beca Institución vs. Beca Ministerio, reflejan la reedición de las reformas de los años 90: descentralización, flexibilización y privatización, donde el ajuste fiscal desarma toda posibilidad de solidaridad entre el Estado Nacional y las provincias, entre el sector público y privado, entre tipos de cobertura y entre profesionales.

A las políticas de desfinanciamiento y precarización de las residencias nacionales que el gobierno viene desplegando desde hace meses, se suma ahora la fragmentación definitiva del sistema de formación de especialistas y la desaparición de un proyecto que aspiraba a mejorar la distribución, el acceso y la calidad del recurso humano en salud.

Para los futuros egresados de las carreras de la salud, el fin del EU significa rendir numerosos exámenes, realizar traslados innecesarios hacia diferentes jurisdicciones para rendir, y verse sometidos a condiciones heterogéneas (discrecionales) de estudio y evaluación.

Para el sistema de salud, representa multiplicar y superponer esfuerzos, recursos, logística y financiamiento. También implica la pérdida de la posibilidad de contar con datos para la toma de decisiones.

Un sistema más fragmentado

Sin lugar a dudas, las políticas de salud tienen la deuda pendiente de integrar el sistema, aprender de las mejores prácticas jurisdiccionales, mejorar la distribución de profesionales de la salud y generar aquellas especialidades que el país necesita. Difícilmente este objetivo se logre profundizando la fragmentación y las asimetrías del sistema.

Con esta medida, el Estado abandona definitivamente su rol rector en la planificación y gestión del recurso humano en salud y entrega al mercado, y a las desigualdades estructurales del país, el futuro de lo más preciado que tiene el sistema de salud argentino: su fuerza de trabajo.

Visto con los pies situados en unos años, estas políticas serán el rastro, las huellas (o cicatrices) de un proceso de desintegración del sistema; piezas que confirmen la hipótesis de que el programa económico del actual gobierno, sin estrategia para el desarrollo, la producción, la educación, la ciencia y la salud, configura un modelo que ajusta por población.

Es decir, persigue una “estabilidad” construida sobre la vida de los niños y niñas, jubilados, las personas con discapacidad, los profesionales y usuarios del sistema de salud, en definitiva la propia población.