Cuando faltan pocos días para cumplir un año del tercer mandato de Lula da Silva al frente de la mayor economía de América Latina, el líder metalúrgico celebró como un triunfo de su ministro de Hacienda la aprobación de la mayor reforma tributaria en más de tres décadas, que entre otras cosas, crea el Impuesto al Valor Agregado, y al tiempo que en general facilita el pago de contribuciones, por otro lado incrementa las tasas a los ingresos más altos. “Va a facilitar las inversiones y a mejorar la vida del pueblo”, se alegró Lula, tras recordar que esta modificación, que incluyó la reforma de varios artículos de la Constitución, fue lograda con mucha muñeca política ya que su partido está en minoría en el Congreso.
Entre los ejes de esta nueva normativa, que por la amplitud de los cambios se terminará de implementar en su totalidad recién en 2030, figura la eliminación de varios impuestos estaduales y municipales que se incorporarán al IVA, una modalidad que en Brasil nunca se había puesto en marcha y que se estima rondará el 27,5%, una de las más altas del mundo. Sin embargo, los productos de la canasta básica de alimentos estarán exentos.
El IVA incluirá cinco impuestos que actualmente están en vigencia: la Contribución sobre Bienes y Servicios (CBS) y el Impuesto sobre Bienes y Servicios (IBS), para lo cual se debieron reformar dos artículos de la Constitución. Dentro del CBS figuran tres impuestos, a la Integración Social, al Financiamiento de la Seguridad Social y a los Productos Industrializados. El IBS está integrado por un impuesto a la Circulación de Mercaderías y Servicios y sobre los Servicios, según detalla el portal de Carta Capital. Esta intrincada maraña de contribuciones federales, estaduales y municipales demorará la puesta en marcha total porque todavía resta articular la letra fina.
El proyecto original había sido presentado en junio, pero efectivamente la escasa representación del Partido de los Trabajadores dificultó por un lado el tratamiento y luego fue trabando cada una de las iniciativas con chicanas de los distintos espacios opositores. Finalmente la iniciativa (Propuesta de Enmienda Constitucional, PEC), que había sido devuelta con modificaciones del Senado, terminó aprobada por 365 votos a favor y 118 en contra. La reforma fue aplaudida incluso por la poderosa cámara empresarial paulista, la Federación de Industrias del Estado de San Pablo (FIESP), que en un comunicado dijo que Brasil “pasará a tener un sistema tributario más moderno, transparente y alineado a las mejores prácticas internacionales, simplificado la vida de quien genera empleo y renta”. Los empresarios celebraron especialmente que la normativa impide el aumento de la carga tributaria, aunque prevé una revisión de las exenciones cada cinco años.
«Brasil maduró. Necesitaba enfrentar esa agenda, que es la más importante de las reformas, porque organiza todo el sistema productivo», declaró, eufórico, el titular de la cartera de Hacienda y excandidato a presidente en 2018, Fernando Haddad. Ayer, durante la ceremonia de la firma de un contrato para las obras en el emprendimiento “Copa do Povo”, en Itaquera, San Pablo, Lula dijo que “la reforma va a facilitar inversiones, pago de impuestos, que pague más quien gana más y menos quien gane menos, mejorando la vida del brasileño”.
El escenario era en terrenos comprados por el Movimiento de los Sin Tierra (MST) en 2014 y donde se construirán dentro del plan Mi Casa, Mi Vida, de la Caixa, una institución de crédito pública con más de 160 años de historia. Allí, Lula aprovechó para darle un nuevo empuje a su pollo para promover el liderazgo del diputado federal Guilherme Boulos, del Partido Socialismo y Libertad (Psol) para candidatearse a la prefectura de San Pablo.
La puja entre la entrada del proyecto y la votación final estuvo centrada en la particularidad de que el nuevo régimen especifica que algunos rubros tendrán un tratamiento preferencial, entre ellos, el transporte, el combustible y los bancos. Los industriales alegaron que eso iba en detrimento de un sector clave para la economía del país y que eso elevó el valor del IVA a más de 27%, al menos cinco puntos más de lo que calculan. Pero finalmente aceptaron con la condición de revisar regularmente estos casos.
La propuesta, como resaltó Lula, se la cargó al hombro Haddad, en una estrategia que intentó que el presidente no tuviera que poner la cara y que apareciera como una iniciativa más bien colectiva. De allí que los impulsores legislativos fueron el presidente de la cámara Baja, Arthur Lira, del conservador -aunque no lo sugiera- Partido Progresistas, y su par del Senado Eduardo Braga, del Movimiento Democrático Brasileño (MDB).
