Se trata de la concesión de Costa Salguero, cuyos ingresos superan los 65 mil millones de pesos. Se suma a otro negociado entregado a Clarín como la Maratón Bs As. Este hecho cristaliza una nueva etapa de hermetismo mediático al macrismo.
De esta manera, el macrismo preadjudicó la concesión del predio «Costa Salguero» a la Unión Transitoria de Empresas (UTE), un conglomerado de sociedades anónimas conformado por los dos grupos económicos/mediáticos más grandes del país: el Grupo Clarín y S.A. La Nación.
Este hecho se suma a otro negociado multimillonario que fue entregado a Clarín, y que manejan tres jefes de la redacción del Diario que lidera Héctor Magnetto, conocido como la Maratón Buenos Aires. Desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), señalan que este nuevo negociado desestimó una oferta económica significativamente superior presentada por el centro de exposiciones La Rural S.A.
El proceso licitatorio, caratulado como «Licitación Pública de etapa múltiple bajo el régimen de concesión de obra pública» para el Sector N° 5, ha culminado en un escenario de alta complejidad administrativa y política.
Desde el ODC, aseguran que la descalificación de La Rural S.A., cuyos accionistas incluyen a la Sociedad Rural Argentina y al grupo IRSA de Eduardo Elsztain, bajo el argumento de «inconsistencia económica» a pesar de ofrecer un canon mensual 29% superior al de la UTE ganadora, ha encendido las alarmas sobre la discrecionalidad técnica y las prioridades estratégicas de la gestión PRO en la Ciudad. La resolución firmada por CABA (IF-2025-52641574-GCABA-DGCOYP) desestimó el cánon ofrecido por La Rural de $310M, argumentando que “los números daban en rojo”.
El informe del ODC demuestra que el Cálculo del Déficit fue tendencioso: “La Comisión estimó que el diferencial acumulado del canon ofertado por sobre el base a lo largo de 10 años era de aproximadamente $22.800 millones. Sin embargo, el flujo de fondos presentado por La Rural proyectaba un resultado operativo acumulado de solo $19.809 millones”, analiza.
“Esto arrojaba un déficit proyectado superior a los $2.990 millones. En otras palabras, según el análisis oficial, el negocio no generaría suficiente dinero para pagar el canon prometido. La Comisión argumentó que aceptar esta oferta implicaría validar una estructura financiera deficitaria desde el inicio, poniendo en riesgo el cumplimiento del contrato”.
En el mismo sentido, desde el Observatorio señalan que, “en contraste, la oferta de la UTE Clarín-La Nación ($240M) fue considerada «equilibrada». El análisis oficial indicó que, con un canon de $240M, el flujo de fondos de la UTE aún arrojaba un superávit acumulado de más de $65.000 millones.”
En concreto: La Comisión dictaminó que esta oferta cumplía con el «estándar de razonabilidad y viabilidad económica» exigido por el Artículo 36 del Pliego, garantizando no solo el pago del canon sino también las inversiones en mantenimiento y obras.
De acuerdo al análisis del ODC, esta concesión opera como un mecanismo de compensación o alianza estratégica. En un contexto donde la «pauta oficial» (publicidad estatal) está bajo escrutinio y recorte a nivel nacional por el gobierno de Javier Milei, los gobiernos locales buscan otras formas de mantener relaciones fluidas con las empresas periodísticas.25
“Entregar un negocio estructural y rentable a largo plazo (10 años) es una forma más sofisticada y menos visible de transferir recursos que la pauta publicitaria directa. Convierte a los medios en «socios» del desarrollo urbano, alineando sus intereses corporativos con el éxito de la gestión de la ciudad”, destaca el organismo porteño.
La hipótesis del «blindaje» sugiere que, al otorgar este negocio, “Jorge Macri asegura un tratamiento editorial benévolo o al menos no hostil por parte de las dos redacciones más potentes del país (Clarín y La Nación) en un momento político delicado, donde su gestión busca diferenciarse y consolidarse”, termina.
Para justificar la nueva licitación otorgado a los grupos mediáticos, Jorge Macri en la resolución firmada argumentó: «Sino, nos quedamos solamente con La Rural como único oferente. Esta ciudad necesita más ofertas». El ODC señala que “este argumento sembró la semilla para la eventual decisión de adjudicar el predio a un competidor distinto a los dueños de La Rural, prefigurando el escenario de la licitación.”
Rechazar a IRSA no es gratuito. “Eduardo Elsztain es un aliado clave del gobierno nacional y un inversor histórico en la ciudad. Sin embargo, el argumento «antimonopólico» le dio a Jorge Macri una salida elegante: podía decir que no rechazaba a IRSA por cuestiones políticas, sino para evitar la concentración del mercado ferial en un solo operador”, destaca el informe.
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