Macri recibió a la SIP y a ADEPA y adhirió a la Declaración de Chapultepec

Por: Tiempo Argentino

Se convirtió así en el segundo presidente en suscribir el documento sobre libertad de prensa. El anterior había sido Carlos Menem en 1994.

El presidente Mauricio Mauricio suscribió en Casa de Gobierno la Declaración de Chapultepec, documento elaborado en 1994 en México por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), entidad que representa a propietarios, editores y directores de periódicos y agencias informativas vinculadas a las principales empresas dominantes de medios en las Américas.

El presidente Mauricio Mauricio suscribió en Casa de Gobierno la Declaración de Chapultepec, documento elaborado en 1994 en México por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), entidad que representa a propietarios, editores y directores de periódicos y agencias informativas vinculadas a las principales empresas dominantes de medios en las Américas. Ese documento establece “diez principios sobre libertad de expresión y libertad de prensa” y en su preámbulo afirma entre otros aspectos que “nos complace que, tras una época en que se pretendió legitimar la imposición de controles gubernamentales a los flujos informativos, podamos coincidir ahora en la defensa de la libertad”. También, en la introducción a sus principios afirma que “no debe existir ninguna ley o acto de poder que coarte la libertad de expresión o de prensa, cualquiera sea el medio de comunicación”.

Macri firmó el documento durante una ceremonia que se realizó en el Salón de los Científicos, ante una delegación de directivos de la SIP y de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA).

La firma del documento se produce más de siete meses después que el gobierno argentino decidió, por medio del Decreto de Necesidad y Urgencia 267/15 derogar artículos clave de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, dando vía libre a la concentración de medios, dar de baja el proceso adecuatorio del Grupo Clarín y otras empresas de multimedios, intervenir y suprimir AFSCA y AFTIC -autoridades de aplicación de las leyes audiovisuales y de telecomunicaciones respectivamente- con fuerzas policiales, además de enviar el servicio de cable –incluido dentro de la “Ley de Medios” 26522 – a la Ley Argentina Digital 27.078, entre otras medidas.

También, el contexto argentino incluye más de 2500 trabajadores del sector de la comunicación audiovisual que sufrieron afectación a sus derechos por despidos masivos y persecución sindical e ideológica, según expresó la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, que en mayo recomendó “a las autoridades nacionales y provinciales” la adopción de “medidas urgentes y efectivas para vitar nuevas vulneraciones a los derechos laborales, a la libertad de expresión y a los derechos de las audiencias; y revertir las ya producidas”.

En esta ocasión el titular de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de SIP Claudio Paolillo (Búsqueda, de Uruguay) afirmó que “así como después de demasiados años la Argentina ha regresado a los mercados financieros internacionales” la firma de la declaración “simboliza también el retorno de la Argentina al grupo de países donde rige un periodismo libre, sin hostigamientos desde el poder, sin persecuciones, sin discriminaciones y sin escraches en cadenas obligatorias de televisión contra los que piensan diferente”. Lo escuchaba también el presidente del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) Miguel de Godoy, organismo surgido de la fusión de AFSCA y AFTIC, decreto 267/15 mediante. “Durante los últimos 12 años, siete de los diez puntos que forman parte de los principios de libertad de expresión expresados en la Declaración de Chapultepec fueron vulnerados en Argentina por los gobiernos o por funcionarios o militantes oficialistas financiados con dineros públicos” acusó Paolillo, también ante miembros de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), como su presidente Guillermo Ignacio (Ecos Diarios, Necochea); Carlos Jornet (La Voz del Interior, de Córdoba), Martín Etchevers (Clarín) y José Claudio Escribano (La Nación) , entre otros.

Paolilli también recordó que entre el 2003 y 2015, la SIP envió seis misiones a la Argentina “para hablar con las víctimas de los ataques a la libertad de prensa, promover este derecho y realizar pronunciamientos públicos” y que “en todas las oportunidades, solicitamos, casi que rogamos, a los señores presidentes Kirchner establecer algún tipo de diálogo para conversar sobre estos problemas, pero nunca fuimos recibidos”.

Ese documento establece “diez principios sobre libertad de expresión y libertad de prensa” y en su preámbulo afirma entre otros aspectos que “nos complace que, tras una época en que se pretendió legitimar la imposición de controles gubernamentales a los flujos informativos, podamos coincidir ahora en la defensa de la libertad”. También, en la introducción a sus principios afirma que “no debe existir ninguna ley o acto de poder que coarte la libertad de expresión o de prensa, cualquiera sea el medio de comunicación”.

Macri firmó el documento durante una ceremonia que se realizó en el Salón de los Científicos, ante una delegación de directivos de la SIP y de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA).

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