Malestar en el sector textil por proyecto a medida de Awada

En pleno desbande industrial por el descontrol de las importaciones y la caída del consumo interno que está destruyendo el empleo textil local, el gobierno nacional define un proyecto de ley a medida de las grandes marcas de diseño y confección, entre las que tallan grandes cadenas de retail, como Falabella y Carrefour, y renombradas marcas como Kosiuko, Zara y Cheeky, propiedad de la familia de la primera dama, Juliana Awada.

El proyecto de ley que prepara el Poder Ejecutivo es el resultado del acuerdo sectorial firmado en Casa de Gobierno el pasado 4 de abril y que, se suponía, otorgaría beneficios a toda la cadena industrial textil. Pero, según denuncian empresarios textiles, el proyecto dirige sus beneficios hacia uno de los sectores que componen esa cadena.

Así, se prepara un programa de blanqueo de empleo no registrado que sumará $ 1800 millones anuales de pérdida a las arcas públicas. En virtud de ese plan, las empresas estarán exentas de pagar cargas patronales hasta el nivel del salario mínimo y solo tendrán el deber de cumplir con el proporcional a partir de los 8080 pesos.

La propuesta oficial establece que el beneficio está destinado al sector de la confección (los que fabrican la ropa), por lo que el resto de la industria textil (materias primas, hilandería, tejeduría, tintorería) reclama que se asegure el uso de telas nacionales. El gobierno tomó el reclamo y prometió una respuesta, pero los representantes del 75% del sector abandonó la reunión con más dudas que certezas.

Con la negociación abierta, los empresarios se mostraron cautelosos. El presidente de la Fundación ProTejer, que reúne a empresas y gremios de toda la cadena textil, Jorge Sorabilla, aseguró que el proyecto de ley «es un paso necesario para responder al problema de los costos» y a la informalidad, que oficialmente se estima en un 71%, es decir, unos 100 mil trabajadores, de los cuales se prevé formalizar a 25 mil en el primer año. Un plan similar para el sector del calzado prevé el blanqueo de 10 mil empleados en el mismo tramo.

«No pedimos subsidios sino un incentivo a la producción como una rebaja a la carga impositiva. Al trabajador le sacan un 17% y aportes patronales que no van al bolsillo sino al Estado, y a las empresas otro 25% más 5% de ART, más las contribuciones al sindicato, que suman otro 3,5%», aunó el también directivo de la Unión Industrial (UIA), sin meterse en el barro de la interna sectorial.

En el mismo tono, Damián Regalini, presidente de la Cámara de Fabricantes de Medias (CAFAMA), lamentó que las medidas oficiales «no van a tener un impacto inmediato sobre la actividad» en medio de la recesión: «Son medidas para paliar pero no para incentivar», alertó el dirigente con la mira en las importaciones y la caída de la demanda interna.

La próxima reunión será en 15 días pero la polémica ya está al rojo vivo. En estricta reserva, otros dirigentes graficaron la sensación que se llevaron de la reunión del jueves.
Un representante de un segmento totalmente pyme fue al hueso del asunto: «Esto es para beneficiar a los Awada, a Falabella, a Zara. Es a medida de los que importan telas y tienen talleres baratos para competir con los chinos. El beneficio para el resto de la cadena es secundario».

A la par, un alto dirigente del segmento hilandero alertó que la medida «va a ser exitosa en la medida en que potencie a toda la cadena y genere un círculo virtuoso. No queremos que sea un negocio para cuatro. No queremos una Ley Awada. Esas empresas quieren comprar barato y vender lo más caro posible, no necesitan a la industria», concluyó. «