Mamás luchonas: radiografía de la monomarentalidad  

Aprovechamos el Día de la Madre para hablar de la realidad de un grupo poco mencionado en la sociedad que insiste en la familia tipo, aunque hay una gran parte de hogares llevados adelante por una madre jefa de hogar. En Argentina, casi 9 de cada 10 hogares “monoparentales” son, en realidad, monomarentales: familias sostenidas por una sola mujer que cría, trabaja y resuelve todo lo que el Estado y el progenitor no asumen. De ese universo, apenas un tercio recibe algún aporte del padre. El resto sostiene económicamente en soledad lo que debería ser una responsabilidad compartida.

Un informe reciente de Fundación SES y la organización “Las que cuentan” pone números a una realidad que se suele esconder detrás del ideal de la “familia tipo”. Según el estudio, más del 85 % de los hogares monoparentales están encabezados por mujeres y sólo el 36% recibe algún aporte del progenitor no conviviente. El 36,8 % no percibe directamente ni cuota ni transferencia estatal específica para la crianza. En términos económicos, las cuotas alimentarias mínimas impagas representan el 2,7 % del PBI argentino: un volumen comparable al de otros sectores productivos formales como la electricidad, gas y agua o la construcción. Y si se observa el cuadro más amplio, el trabajo de cuidados no remunerado (en su mayoría realizado por mujeres) equivale al 15,9% de nuestro PBI.

Juntos, estos números muestran la magnitud de una economía silenciosa: millones de horas y recursos que las mujeres aportan sin reconocimiento ni compensación. La monomarentalidad concentra el extremo de esa desigualdad. La monomarentalidad no es una excepción, sino una forma estructural y persistente de organización familiar. Nombrarla importa: decir monomarentalidad es reconocer que detrás de los hogares “monoparentales” hay, en su inmensa mayoría, mujeres que crían y sostienen solas, y una ausencia estructural de paternidad —económica, afectiva e institucional—. El informe advierte, además, que el fenómeno está subregistrado: las encuestas tradicionales no lo captan por completo. Muchas madres que crían solas no figuran como jefas de hogar, y los aportes “en especie” —como pagar un alquiler o una prepaga— suelen no contabilizarse como cuota alimentaria. Así, lo que en los datos parece minoritario, en la realidad es masivo.

Trabajar más y en peores condiciones

Las jefas monomarentales son, paradójicamente, las mujeres con mayor tasa de ocupación. Trabajan más horas, en peores condiciones y con menor formalidad. Están atrapadas entre la urgencia de generar ingresos y la falta de provisión de cuidados públicos. Esta tensión define una doble vulneración: mercado laboral precario y la ausencia de corresponsabilidad paterna.

El estudio muestra que estos hogares se concentran en los deciles 3 y 4 de ingresos, es decir, la “zona de pobreza”. Y sin la Asignación Universal por Hijo (AUH), muchos caerían directamente en la indigencia. La AUH funciona, así, como un salvavidas mínimo: evita el naufragio total, pero no alcanza para salir a flote. Es el único ingreso estable para millones de madres, pero su monto es tan bajo que apenas cubre una parte de los costos reales de crianza.

Evasión alimentaria: presente en todos los estratos sociales

Si bien el deber alimentario tiene jerarquía constitucional, además del respaldo de la Convención sobre los Derechos del Niño, el cumplimiento es la excepción. La evasión no es exclusiva de un sector de ingresos, sino que la evidencia muestra una curva bimodal de evasión:

• En los sectores más bajos, la informalidad impide la retención judicial de ingresos:  no hay sueldo formal, ni domicilio fiscal, ni regularidad laboral.
• En los sectores altos, el ocultamiento patrimonial y las rentas no laborales facilitan la simulación de insolvencia (uso de sociedades, testaferros, activos digitales).

Así, tanto la precariedad como el privilegio se convierten en coartadas. Y lo más distorsivo sucede cuando una madre mejora su situación socioeconómica, en ese momento muchos padres dejan de pagar en represalia. Es decir, es la violencia económica en su versión más sofisticada: la utilización del dinero como herramienta de castigo. El Poder Judicial, por su parte, aparece como un engranaje oxidado. Los procesos son lentos, las sanciones casi inexistentes y las herramientas disponibles (embargos, registros de deudores, cruces automáticos de datos) se aplican poco o nada. El mensaje es claro: incumplir con sus obligaciones no tiene consecuencias.

Los costos que no se ven

Criar en soledad no es solo un problema de ingresos: involucra tiempo, logística y carga mental. La canasta básica oficial desde donde se mide si una persona es o no pobre no contempla estos costos, por lo que la pobreza real en estos hogares está subestimada. Existe un crecimiento de licencias psiquiátricas y estrés parental asociado a la sobrecarga. No es un fenómeno individual, sino estructural: el resultado de sostener lo que debería ser compartido. Por eso, el informe propone abordar la salud mental de las cuidadoras como una cuestión de política pública, con detección temprana, atención gratuita y sin estigmas.

De la “caridad privada” a la reparación pública

El informe propone salir de la lógica  de la tolerancia social y pasar a una de cumplimiento exigible, con un paquete integral de políticas:

• Fondo Nacional de Garantía Alimentaria: el Estado adelanta la cuota mínima y recupera el monto a través de AFIP, mediante retenciones, embargos o cruce de datos. Seguro obligatorio para progenitores judicializados.

• Trazabilidad patrimonial real: cruces automáticos entre justicia de familia, AFIP, bancos y registros (incluido Beneficiario Final), con acceso oportuno para magistraturas. Incorporar activos digitales a los embargos.

• Reforma de elegibilidad de AUH: que el acceso no dependa del estatus formal del progenitor ausente si no aporta efectivamente; activar cobertura automática en litigios.

• Reconocimiento del trabajo comunitario de cuidados: profesionalización, carrera, salarios y seguridad social para cuidadoras de organizaciones sociales.

• Salud mental y corresponsabilidad: dispositivos específicos para cuidar a quienes cuidan; campañas públicas para desnaturalizar la paternidad ausente; educación financiera y herramientas de gestión del cuidado (apps, agendas compartidas).

La monomarentalidad no es un fenómeno aislado ni sucede en una “realidad alternativa”: es la forma en que millones de mujeres sostienen la vida cotidiana y como gran parte de la población argentina se reproduce y se cría. No es un asunto privado, sino una cuestión que debe atenderse desde la justicia social y distributiva, con la corresponsabilidad de los padres y con la responsabilidad estatal en garantizar los cuidados de las infancias. Nombrar, medir y reconocer esta estructura es el punto de partida para convertir el abandono en una deuda social visible.

Las madres que crían solas no son heroínas ni víctimas eternas: son trabajadoras, contribuyentes, y cuidadoras que sostienen, con su esfuerzo invisible, una parte del país que todavía se niega a mirarlas de frente.