Mapa del Terror: dónde se ubicaban los 814 centros clandestinos de detención de la última dictadura

El perfil de Twitter (o X, como le gusta llamar a Elon Musk) llamado Mapas Argentos se dedica a publicar datos del país y sus provincias, en tiempos de fake news y negacionismo. En las últimas horas, previo al 24 de marzo, publicó un mapa mostrando cómo se distribuían los 814 centros clandestinos de detención y exterminio confirmados de la última dictadura cívico-militar. Un mapa que permite dimensionar la extensión del terror instaurado hace 49 años en la Argentina.

En estos meses, Mapas Argentos publicó, por ejemplo, que Javier Milei visitó más veces otros países que las provincias de Argentina; que nuestra nación es la única del mundo cuya deuda con el FMI supera los 30 mil millones de dólares; que hay 18 aeropuertos locales a los que solo llega Aerolíneas Argentinas; que existen seis provincias cuyo territorio perteneciente a terratenientes extranjeros supera el 10 por ciento; que Capital Federal lidera el ranking nacional de robos por habitante, triplicando en promedio a la provincia de Buenos Aires, entre otros.

Un mapa muy claro

Ahora graficó la distribución de los 814 centros clandestinos de la dictadura a lo largo del país. Así, por ejemplo, se puede ver que 258 estuvieron en Provincia de Buenos Aires, 61 en CABA, 50 en Córdoba y 57 en Santa Fe. Algunas llaman la atención por la cantidad: Neuquén con 40, y Tucumán con 62, el segundo distrito que más centros tuvo después de PBA. La que menos centros tuvo fue Tierra del Fuego, con uno. Y le siguió Catamarca, con 3.

Tucumán tuvo la presencia del militar represor Antonio Bussi. Y el antecedente del Operativo Independencia, del cual en febrero de 2025 se cumplieron 50 años. Como cuenta Ricardo Ragendorfer en Tiempo, el Operativo Independencia fue el laboratorio del terrorismo de Estado en la Argentina. Su doctrina consideraba que la fortaleza del enemigo estaba en la retaguardia, la población civil.

Un gobierno negacionista

El Mapa demuestra que el plan de exterminio fue total en todo el país, sistemático y enorme. Basta una cuenta matemática para razonar que con un promedio de 37 personas detenidas en cada centro ya se supera la marca de 30.000 desaparecidos que el Gobierno insiste en negar y minimizar. De hecho, hasta 1978 las Fuerzas Armadas ya admitían que llevaban asesinadas o desaparecidas a 22.000 personas.

Este 24 de marzo, de hecho, volvieron a sacar un video provocativo hablando de «memoria completa» queriendo equiparar las acciones de las organizaciones guerrilleras (que para marzo de 1976 ya estaban casi extintas a comparación de los años anteriores) con las del Terrorismo de Estado, y «olvidando» que esas acciones guerrilleras fueron juzgadas y condenadas en su momento.

La clandestinidad de la represión

En cuanto a la cifra de desaparecidos, quien mejor lo explicó fue el escritor Martín Kohan, en una entrevista radial en 2017: «La discusión no es entre 8000 casos probados y 30.000 casos no probados. A mi criterio, lo que la cifra 30.000 expresa es que no hay pruebas porque el Estado no da la información respecto de lo que pasó. La represión fue clandestina y fue ilegal, no pasó por ningún sistema judicial, fue tan clandestina como los centros clandestinos de represión y de tortura. Y la cifra de 30.000 expresa que no sabemos exactamente cuántos fueron porque el Estado ilegal, que reprimió clandestinamente, no abre los archivos, no da la información de dónde están los desaparecidos ni la información de dónde están los nietos secuestrados.»

«Entonces la cifra total de desaparecidos hay que postularla, no probarla en términos de una prueba de comprobación empírica. No hay comprobación empírica porque la represión fue clandestina. Situarte en 8000 casos es suprimir la dimensión clandestina e ilegal de la represión. Como si contáramos con toda la información. Es entrar en la lógica perversa de la dictadura que es ‘¿te enteraste de 8000?, ¿pudiste probar 8000?, entonces hay 8000′».

«Se postula una cifra a partir de la estimación de los casos no denunciados, porque mucha gente no se anima a hacer la denuncia por miedo. Todavía hay razones para temer. Julio López fue desaparecido en plena democracia, con una democracia relativamente consolidada», continuó.

«Entonces existe la necesidad histórica y política de estimar una cifra, de correrse de la lógica de la verificación, porque al que le toca hacer esa verificación es el Estado. El Estado es el que tiene que informar a cuántos asesinó y dónde están sus cuerpos, a cuántos bebés robó y dónde están ahora. El Estado tiene que informar. La dictadura nunca reveló sus archivos».

«A esa clandestinidad de la represión, a ese cinismo macabro de no revelar dónde estaban los cuerpos de los desaparecidos y tener a los familiares buscando en muchos casos hasta hoy, al hecho macabro de que los secuestros producidos en aquel momento siguen siendo secuestros porque sigue habiendo hijos de desaparecidos que no sabemos dónde ni en manos de quién están, al hecho macabro de no dar esa información se responde con la cifra 30.000, que es justamente la denuncia expresa de que la información fehaciente no la tenemos, y no la tenemos por el carácter criminal y clandestino de la dictadura. El que ajusta de 30.000 a 8000, o la sola apertura de esa discusión, en estos términos, incurre a mi criterio en una canallada».

El desmantelamiento del Estado de bienestar

Como muestra la publicación de Mapas Argentos, el ataque fue represivo en todo el territorio argentino, pero la violencia y exterminio perseguía otro fin mayor: defender un modelo económico neoliberal de ajuste y desmantelamiento de la estructura de un Estado de Bienestar que aún existía, a pesar de las dictaduras de Onganía, Lanusse y el gobierno de Isabel Perón.

Dice el sociólogo Daniel Schteingart, director de Planificación Productiva en Fundar Políticas: «37% cayó el poder adquisitivo de los salarios en 1976. Nunca en la historia argentina hubo una caída de esa magnitud. Nunca Argentina logró volver a los niveles de ingresos previos a 1976».