Máquina de humo, por Adrián Murano

El Poder Judicial terminó el año con clima de fiesta. En Jujuy, borrachos de poder, un tribunal le prohibió a Milagro Salas ejercer como dirigente social y otro la condenó a prisión por “provocar daños” en un lugar donde no estuvo, acusada por un testigo que dijo haber recibido órdenes para participar de un escrache al que no fue. A propósito: la única evidencia seria que se exhibió en el juicio probó el vínculo entre ese testigo y el gobierno de Gerardo Morales, persecutor de Milagro y mandamás de Jujuy.

En los tribunales federales porteños funcionó a pleno la máquina de humo. El martes, el juez federal Julián Ercolini procesó a Cristina Fernández de Kirchner por asociación ilícita y administración fraudulenta. Fue por otorgarle obra pública a Lázaro Báez y Cristóbal López, dos empresarios ligados a la historia y a los negocios de la familia Kirchner.

La exposición jurídica de Ercolini fue demolida por una serie de 35 tuits de Graciana Peñafort, una abogada de cuño K reconocida entre propios y extraños por su solvencia técnica. Por razones de espacio, aquí se reproducen sólo sus conclusiones: “Su Señoría concluye sin poder probar el delito, ni siquiera puede describirlo, o ubicarlo temporalmente. Mucho adjetivo y poco derecho”, resumió Peñafort.

Naturalmente, la noticia trepó a la tapa de los diarios justo cuando el gobierno PRO necesitaba distraer la atención para que no se posara sobre los pésimos resultados económicos de su primer año de gestión. “El peor golpe judicial que ha sufrido la ex presidenta desde que dejó la Casa Rosada ayudó a ahumar la escena de crisis que atraviesa el macrismo” reconoció Eduardo Van der Kooy, el columnista que mejor interpreta la postura editorial de Clarín. Ercolini conoce de primera mano cómo funcionan esas cosas: su pareja, María Julia Kenny, asesora en comunicación al ministro de Justicia, Germán Garavano.

La desesperación de la corporación judicial por provocar noticias provocó el jueves una nueva gaffe. Los medios cercanos al gobierno publicaron que Casación había reabierto la investigación elaborada por el malogrado fiscal Alberto Nisman varias horas antes de que la Cámara firmara el fallo. La filtración provino del grupo de magistrados y fiscales anti K que empujaron la reapertura. Se entiende la ansiedad: el reinicio del caso, varias veces desechado, activó una nueva “causa rehén”. Así se denomina en tribunales a los expedientes de alto impacto político que jueces y fiscales suelen usar como salvavidas en caso de adversidad. El beneficiario por ahora es Ariel Lijo, miembro pleno del Club de Magistrados Sensible con el Oficialismo de Turno. Total normalidad.

¿Todo eso implica que Cristina Fernández o Milagro Salas no debieran ser investigadas? Para nada. Existen indicios preocupantes sobre la falta de transparencia en el uso de recursos públicos durante la era K. Es necio y riesgoso negarlo, porque invita a repetir los desaguisados que alimentan sospechas y alentaron el triunfo electoral de la derecha vestida de cordero. Aunque no es por esos desaciertos que se las busca condenar. En esos casos el Poder Judicial parece operar como brazo disciplinador de los dueños del poder y del dinero, obsesionados por evitar que se repita lo que Milagro y CFK hicieron bien: visibilizar los abusos de la élite tradicional, ampliar derechos y empoderar a los desposeídos. Revanchismo y escarmiento. Eso es lo que hay detrás de la cortina de humo. «