María Cecilia Anello: «Los productores cada vez reciben menos mientras las grandes empresas exhiben ganancias extraordinarias»

La Fundación Rosa de Luxemburgo y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) publicaron «Rascar la olla. Informe sobre el desmantelamiento de políticas agroalimentarias en los primeros meses de gobierno de Milei». Elaborado como parte del proyecto «Todo Alimento es Político», el estudio revela que las empresas del sector alimentario y exportador registran un crecimiento extraordinario en sus ganancias, mientras la ciudadanía disminuye sus consumos.

Tiempo Rural dialogó con María Cecilia Anello, magister en Economía Social por la Universidad Nacional General Sarmiento y doctora en Ciencias Sociales de la UBA, integrante del equipo que elaboró el informe. Anello destaca la experiencia del grupo de trabajo que realiza investigaciones en el ámbito científico desde hace más de 20 años, específicamente en el Instituto de Geografía de la UBA. “Nuestro equipo trabaja investigando las problemáticas del denominado sector de la agricultura familiar, enfocándonos en las políticas, en las organizaciones y en los conflictos, tanto en ámbitos rurales como periurbanos”.

– ¿Cómo llegaron a las conclusiones que brinda el informe Rascar la Olla?

– Primero relevamos políticas públicas agroalimentarias a nivel nacional, ordenando la información en tres dimensiones: 1) producción; 2) acceso; y 3) apoyo al consumo popular. Con esa base analizamos información vinculada a las reformas de Estado que está realizando Milei, fundamentalmente a través del relevamiento de legislación e información de ejecución del presupuesto. 

Pudimos seguir el proceso de desregulación del sistema agroalimentario nacional como la eliminación de controles de precios, de aranceles y de programas alimentarios entre otros, así como el desmantelamiento de la estructura estatal que atiende al sector que produce alimentos para el consumo interno. Así llegamos a las 111 políticas, que se presentan utilizando un sistema de “semáforo” según perjudiquen o favorezcan el consumo de alimentos.

También calculamos el aumento del precio de un plato de guiso y de una taza de mate cocido con pan, considerando los costos de sus ingredientes y su relación con el Salario Mínimo, Vital y Móvil. Además, hemos usado alguna información de otras investigaciones, como la del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas que son quienes llegaron a la conclusión de cómo se han enriquecido las grandes empresas alimentarias.

– Qué es lo más significativo del informe?

– Creo que el esfuerzo por sistematizar la información dispersa que hay sobre el desmantelamiento de las políticas agroalimentarias. Las medidas afectan a la democratización del sistema agroalimentario, promoviendo un sistema más concentrado a través de la eliminación de políticas públicas dirigidas a la agricultura familiar, campesina e indígena, que no sin dificultades contribuyeron a su visibilización y promoción como abastecedoras de alimentos.
Las consecuencias son notables y eso quisimos mostrar. El consumo está cayendo, los ingresos no alcanzan, los productores cada vez reciben menos por sus productos, no se puede garantizar una alimentación adecuada para todos, mientras que un sector de intermediación y de grandes empresas alimentarias continúa exhibiendo ganancias extraordinarias. Por eso decimos que la seguridad y la soberanía alimentaria del pueblo está en juego.

– ¿Qué sector de las economías regionales está siendo el más perjudicado?

– Las políticas del gobierno nacional apuntan a desregular a todas las economías regionales, pero las que más se ven afectadas son aquellas donde aún hay una fuerte presencia de pequeños productores. Lo advertimos fundamentalmente en el sector yerbatero. La desregulación de importaciones y el vaciamiento de funciones del Instituto Nacional de Yerba Mate (INYM) generó un fuerte perjuicio en el sector. El relevamiento marca que hubo una caída superior al 50 por ciento en los precios de la hoja verde, es decir, del precio que se les paga a los productores. Sin embargo, el precio al consumidor aumentó un 111 por ciento entre noviembre de 2023 y julio de 2024, mientras que la participación del productor en el precio final pasó de un 12 a un 8 por ciento. Al igual que en el sector vitivinícola, donde también se vio un aumento de las importaciones de vino a granel, esto forma parte de una estrategia de los sectores agroindustriales para deprimir el precio de la materia prima.

 – Después de publicado el informe, ¿registraron continuidad en las políticas oficiales respecto a lo que ustedes analizaron?

– Lo que pudimos analizar del informe fueron más bien tendencias, ya que es un proceso en curso y aún no hay tantos datos más allá de la destrucción de las políticas públicas que Milei ya va ejecutando. Pero en estos dos meses posteriores al cierre del informe siguen apareciendo datos que confirman esa tendencia. Por un lado, las caídas en el consumo siguen al mismo nivel de los últimos meses. Por otro lado, que es tal vez lo central del trabajo que hicimos, sigue habiendo señales de querer profundizar aún más el recorte de las políticas que intentaban fortalecer al sector que produce alimentos para las mesas de los hogares argentinos.