Más de mil muertos y 209 mil contagiados por Covid-19 en sus lugares de trabajo en 2020

El viernes falleció por Covid-19 el docente Marcelo Mendoza, de 55 años. Trabajaba en el CENS 62 de educación para adultos de la Ciudad de Buenos Aires y tenía siete hijos. Para llegar a su trabajo tenía que combinar tres líneas de colectivos.

Un día antes, un trabajador del ferrocarril Roca, de 63 años, había muerto de coronavirus luego de que, según denunciaron fuentes gremiales, la empresa lo presionara para volver al trabajo en febrero.

En tanto, en la línea Sarmiento hay ahora más de 120 trabajadores aislados por haber contraído el virus o por su condición de contacto estrecho. En el Hospital de Niños de La Plata están en esa misma situación 140 trabajadores de salud. Toyota Argentina tuvo que suspender el turno tarde por el contagio de cien obreros en apenas tres días. Volkswagen redujo un 50% su producción debido a los aislamientos del personal.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) convocó a un paro para este lunes por el salario y, en particular, en reclamo de un plan de vacunación ante la oleada de contagios entre los choferes. La medida quedó en suspenso por la conciliación obligatoria que dictó el Ministerio de Trabajo el viernes.

La vacunación es también el motivo por el cual la Unión Ferroviaria, junto con La Fraternidad y otros sindicatos del sector, declararon el estado de alerta. Plantearon su preocupación ante «el elevado aumento de contagios de SARS-COV-2 producido en las últimas semanas entre trabajadoras y trabajadores ferroviarios». La conducción de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo realizó un plenario el viernes pasado con el propósito de dar comienzo a una campaña contra el pedido de desafuero que Metrovías hizo ante la Justicia contra cinco delegados de la línea B que promovieron acciones de fuerza en reclamo de medidas de bioseguridad. Suman nueve los obreros del subte que fallecieron por coronavirus hasta la fecha y cerca de 450 contrajeron la enfermedad, un 10% de la plantilla.

Ayer el Observatorio Basta de Asesinatos Laborales (BAL), que agrupa a académicos, investigadores y organizaciones sindicales, presentó un informe que asegura que 985 trabajadores murieron durante 2020 como resultado de haber contraído Covid-19. Se trata de una nueva edición del relevamiento que el Observatorio realiza basado en fuentes gremiales y periodísticas a partir de lo que consideran un insuficiente conteo de la Superintendecia de Riesgos del Trabajo (SRT), que solo abarca al sector formal de la economía y deja de lado a los informales, que históricamente explican el 35% de la fuerza laboral, y cuyas condiciones de trabajo se caracterizan por la falta de seguridad e higiene.

El informe señala que «al poco tiempo de desatarse la pandemia, con la autorización del gobierno y el silencio de las centrales sindicales, los empresarios retomaron la producción sin haber garantizado, en la mayoría de los casos, condiciones ni protocolos que permitiesen evitar la propagación del virus». Para los autores, el número de muertos por Covid contagiado en los lugares de trabajo, «aún siendo tan impactante no es más que un piso de la cifra real». Observan  que «mediante el paso del ASPO al DISPO, el gobierno dio luz verde a que los empresarios impusieran el retorno a la producción». Allí, continúan, «la obligatoriedad en algunas empresas de garantizar a sus trabajadores transporte privado pocas veces se cumplió». En ese contexto, las conducciones sindicales «no ejercieron ninguna presión para controlar las condiciones de trabajo» mientras que «en aquellos lugares en los que los trabajadores cuentan con mayor organización y se lograron imponer algunas condiciones de higiene, salud y seguridad, fue donde se minimizaron los contagios».

Desde otra perspectiva, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) indicó que hasta el último día de 2020 la cobertura por ART (que presume el reconocimiento del contagio en el lugar de trabajo o en el trayecto) llegó hasta los 209.073 de los cuales 831 fallecieron.

Según los datos oficiales, del total de los decesos, un 24% corresponde a trabajadores de la salud, un 11% a trabajadores del transporte y un 7% a trabajadores de seguridad privada, al igual que las fuerzas de seguridad y los de mantenimiento y limpieza, y un 4% de empleados de comercio. Aquí surge una diferencia en relación con los fallecidos en el sistema de salud. La SRT habla de 129 casos mientras que BAL contabiliza 399 y la Federación Sindical de Profesionales de la Salud –FESPROSA– unos quinientos.

A la hora de analizar los contagios en el tiempo surge que mientras cayó la cantidad de casos en el sector de la salud, desde el 67% de abril de 2020 al 20% en diciembre pasado, el rubro «otros» hizo el camino inverso: desde el 13,7% en abril al 46% en diciembre. La evolución es el reflejo de la vuelta al trabajo presencial. A la fecha, el total de contagios con cobertura por ART llega a los 266.619 y los decesos superan los 1100.

Conviene aclarar que el informe de la SRT está acotado a los contagios de personas que gozan de cobertura por ART a partir de la Resolución 38/20, que incluyó al coronavirus como Enfermedad Profesional no listada y con cobertura especial del Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales, que rigió hasta el 8 de enero de este año (60 días después de la caducidad del ASPO) y retomó vigencia en marzo aunque con menor alcance. «

Un muerto cada siete horas

Las muertes totales por accidentes laborales en 2020, según el registro del colectivo Basta de Asesinatos Laborales (BAL), llega a las 1295. En 2019 sumaron 534 los «asesinatos laborales» que registró el observatorio. En 2018 fueron 375.

Se trata de un crecimiento del 145% en un año y del 242% en solo dos años. Una de las causas del salto es la irrupción del coronavirus en los lugares de trabajo, que explican 985 decesos del total, un 76 por ciento.

Por eso, durante 2020, según ese cálculo se produjo la muerte de un trabajador en la Argentina cada siete horas.

En el informe que difundieron ayer se destacan también casos de jóvenes trabajadores en las condiciones de precariedad que impone la tercerización y que incluye empleados telefónicos y de reparto, entre otros.

Por eso, para los especialistas del BAL la responsabilidad debe buscarse en «las empresas, el Estado y los sindicatos que miran para otro lado».