Más motosierra: el gobierno inicia la privatización de ENARSA

A través del Decreto 286/2035, el gobierno inició el proceso de privatización total de Energía Argentina SA (ENARSA), que se llevará a cabo mediante la separación de las actividades y bienes de cada una de sus unidades de negocio.

Como primera etapa, se autoriza la venta del 100% de las acciones de ENARSA en CITELEC S.A., empresa controlante de Transener, responsable de la transmisión eléctrica en todo el país. Esta operación se realizará mediante concurso público nacional e internacional.

El gobierno de ultraderecha justifica su decisión diciendo que “ENARSA requirió transferencias millonarias del Tesoro para sostener una estructura que no logró resultados eficientes ni en calidad de servicio ni en administración”.

Con la privatización de ENARSA se busca, según el decreto oficial, “ordenar el funcionamiento del Estado y permitir que el sector privado, con capacidad de inversión y experiencia, asuma la gestión de actividades clave como la transmisión eléctrica. La medida busca mejorar el servicio, fomentar la competencia y garantizar precios reales y sostenibles para todos los argentinos. El sector privado no solo puede hacerlo mejor, sino que además es el motor natural de la inversión, el empleo y la innovación”.

ENARSA se declaró “sujeta a privatización» a través del artículo 7° de la polémica Ley Bases. «Resulta necesario desarrollar un proceso de privatización por etapas, garantizando la continuidad de la prestación de los servicios y de la ejecución de las obras en curso que Energía Argentina S.A. tiene a su cargo», aclaró el Ejecutivo.

El 31 de octubre del año pasado, el exsubsecretario de Energía, Federico Basualdo, había advertido: «ENARSA cumple un rol fundamental en el sector energético argentino, no solamente garantizando las importaciones de combustible sino también administrando activos estratégicos del sector. Si el Estado privatiza todos esos activos no solamente pierde los activos estratégicos sino que también la política pública y la capacidad de regular mercados fundamentales, como el mercado de gas o energía eléctrica«.