Una herencia que recibió el gobierno de AMLO: la nueva investigación busca rever el sinnúmero de anomalías en la causa por la desaparición de los 43 estudiantes.
Pocos días antes, el pasado 30 de agosto, quedaba en libertad Gildardo López Astudillo, alias «El Gil», junto a otros tres sindicados de pertenecer al cártel Guerreros Unidos. La orden la emitió el Juzgado 1° de Distrito de Procesos Penales Federales, que además soltó a otros 24 sospechosos: de las 169 involucrados en la pesquisa, 142 habían sido detenidas y ahora sólo un puñado siguen siendo investigados.
Un verdadero mamarracho: la causa iniciada por la fiscalía que dependía del gobierno de Peña Nieto fue señalada en infinidad de ocasiones por serias negligencias, entre ellas haber obtenido 29 testimonios mediante tortura y la alteración de las escenas del crimen. Sólo por esa anomalía, fueron liberados más de 70 inculpados.
A pesar de todo, se sabe fehacientemente que los micros de los estudiantes nunca llegaron a destino por que fueron atacados a balazos por la policía. Y que luego los estudiantes fueron entregados a los sicarios del cartel Guerreros Unidos, que los asesinaron y quemaron sus restos en un basurero del municipio de Cocula. Lo que permanece en tinieblas es si el trabajo fue a pedido del gobierno municipal, molesto por los “revoltosos” estudiantes, o si ellos vieron algo que no tenían que ver y que inculpaba al Cártel.
De todos modos, hay otro tema ciertamente espeluznante: los investigadores del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) convocados por familiares de los 43 estudiantes determinaron que «no se pudo establecer con certeza que alguno de los miles de restos encontrados en el Basurero de Cocula correspondiera a los estudiantes. Por el contrario, entre estos restos recuperados sí se encuentran algunos pertenecientes a personas distintas». O sea, a ese basurero fue a parar mucha más gente…
En virtud de todo esto, ni bien asumió en diciembre de 2018, AMLO formó una comisión investigadora que quedó a cargo del fiscal Omar Gómez Trejo. Claro que la liberación de “El Gil” no sólo generó una clara sensación de impunidad y a la vez de indignación sino que provocó nueva reacción del gobierno. El subsecretario de Gobernación de AMLO, Alejandro Encinas, señaló: «La liberación de López Astudillo es una sentencia absolutoria de uno de los principales perpetradores del delito de desaparición forzada». Agregó: «La mal llamada ‘Verdad Histórica’ se construyó sobre la simulación y la fabricación de pruebas, en contra del derecho de los detenidos y de los familiares de las víctimas».
Esta semana próxima se cumplen cinco años de esos episodios. Cinco años de impunidad que el gobierno de AMLO promete revertir.
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