Masacre de Wilde: a 23 años, buscan impedir que prescriba la causa

Raquel Gazzanego es empleada textil y tiene 54 años. Hace más de 20 carga con la muerte de su marido y lucha por obtener justicia. Edgardo Cicutín y otras tres personas fueron las víctima de la llamada masacre de Wilde. Hoy la causa se encuentra a cargo del juez Gabriel Vital, del juzgado de Garantías Nº 8 de Lomas de Zamora. “Están llevando adelante un plan para que la causa prescriba y los policías queden libres. El juicio tiene que salir antes de la feria judicial, porque el año que viene van a decir que la causa prescribió como lo vienen haciendo hace tantos tiempo”, advierten la mujer y su abogado.

Fue un caso emblemático de gatillo fácil que conmovió a todo el país. Ocurrió el 10 de enero de 1994: cuatro inocentes asesinados a balazos por once oficiales de la ex Brigada de Investigaciones Lanús de la Policía Bonaerense. A casi 23 años, no ha habido condena para los acusados, un grupo de policías que perseguía a supuestos delincuentes que iban en dos autos, huyendo de un presunto robo a una sucursal del Banco Galicia. Luego dijeron que los sospechosos transportaban cinco kilos de cocaína. Los uniformados dispararon 270 balas.

Cicutín, entonces de 33 años, padre Natalia –que tenía 8 años– y Gonzalo –de apenas 8 meses–, vendía libros para una editorial y se movía en un Dodge 1500 que era conducido por Claudio Díaz, quien sobrevivió a la balacera. Las otras víctimas fueron el remisero Norberto Corbo y sus pasajeros, Claudio Mendoza y Héctor Bielsa, quienes viajaban a bordo de un Peugeot 505.

Los once policías revistaban en la Brigada de Lanús, cuyo subjefe era el comisario Juan José Ribelli, detenido, procesado y luego absuelto por el atentado a la AMIA (ver recuadro). Hubo en un momento una elevación a juicio oral para ocho policías, acusados de ser los autores materiales de los cuatro homicidios: Roberto Mantel, Osvaldo Lorenzón, Eduardo Gómez, Pablo Dudek, Marcelo Valenga, Marciano González, Julio Gatto y Hugo Reyes. Todos fueron absueltos. Otros dos, César Córdoba y Carlos Saladino, fallecieron en estos años. Marcos Ariel Rodríguez, que estaba prófugo, fue capturado en noviembre de 2014 en la ciudad cordobesa de La Falda, detenido por rebeldía a la autoridad y no por los crímenes de 1994.

“Mi marido vendía libros para la editorial Cisplatina, era una persona de bien. Hay una complicidad entre la policía, el Poder Judicial y la política que legitiman el gatillo fácil en nuestra sociedad. Sé que no me van a dar lo que perdí, pero al menos quiero que los culpables paguen. La causa estaba dormida hasta que por mi propia gestión pudieron detener a Rodríguez. El desgano que hay para esclarecer el caso es lo que más bronca me da, y siento mucha impotencia. Están dilatando todo para que la causa quede sin efecto y los policías asesinos, libres. Mis hijos se criaron en esta sociedad indignados y no creen en las instituciones, es muy duro vivir así, sin poder darles una respuesta. Pase por distintas etapas desde que le arrebataron la vida a mi marido”, explica Raquel.

La mujer y sus hijos son representados por el abogado Ciro Annicchiarico, de la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación, quien cada vez que se pretende archivar la causa presenta una serie de argumentos que demuestran la culpabilidad de los policías: pero los magistrados se resisten al debate oral y público. Cuando la masacre, el juez Rafael Villamayor había ordenado la detención de todos los involucrados, pero en noviembre del mismo año los puso en libertad.

“La justicia es cómplice porque está dejando que mueran todos los testigos. Los policías violaron todos los límites impuestos por la ley y su propio protocolo de procedimiento. Se movilizaban en autos particulares y con ropa de civil. Rodríguez estaba apartado de la Bonaerense por dejar a su compañero solo durante el traslado de un detenido y lo mataron. Luego apareció en la Brigada de Lanús como si nada hubiera pasado”, asevera Raquel.

En el expediente hay ocho procesados. Su abogado, César Alberto Giaccaglia, interpuso recursos extraordinarios de inaplicabilidad y de nulidad que fueron denegados. En diciembre de 2015, la causa volvió a la Cámara de Apelaciones, pero el juicio oral nunca tuvo fecha. Los años van pasando y los querellantes, como así también los asesinos, van muriendo. De once imputados, sólo Rodríguez está preso. Hay ocho libres y dos muertos. Es lo que produce la dilatación intencional: sin justicia no hay democracia”, se queja Raquel Gazzanego. Y pide que la masacre de Wilde no quede impune. «

Los años de Ribelli en Lanús

Poco antes de ser acusado de entregar a los presuntos autores del atentado a la AMIA la camioneta Trafic preparada por Carlos Telledín, el ex comisario Juan José Ribelli revistaba como subjefe de la Brigada de Lanús cuyos efectivos perpetraron la masacre de Wilde. También fue jefe de las brigadas de Quilmes y Almirante Brown, y de la División Sustracción de Automotores de Vicente López. «El Lobo» Ribelli pasó más de ocho años en la cárcel, donde se recibió de abogado. Y fue sobreseído en la causa por el ataque a la mutual judía.