A 10 días de haber sido sancionada, la norma impulsada por la provincia fue anulada tras las masivas movilizaciones populares en defensa del agua.
La norma existió apenas por 10 días luego de las masivas protestas en toda la provincia que primero lograron que el gobernador Rodolfo Suárez no reglamentara la ley y días después que envíe un proyecto para restablecer la vigencia de la anterior norma (ley 7.722) .
Los primeros en tratar la ley fueron los senadores en una sesión que comenzó a las 9 y que finalizó en una amplia ventaja a favor de la derogación, por 34 votos contra 2 en contra.
Tras su paso por la cámara alta, el proyecto para dejar sin efecto la norma que habilitaba el uso de sustancias químicas, como el cianuro y el ácido sulfúrico, comenzó a ser tratado en la Cámara de Diputados.
El viernes, tras una reunión con los intendentes en el marco del espacio de diálogo abierto en plena crisis política, el gobernador Suarez consideró que la norma no tenía el consenso de la mayoría de los mendocinos.
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Suárez, en conferencia de prensa, señaló que «para la exploración minera se necesitaban dos condiciones. Por un lado que se hiciera con estrictos controles y por el otro con el consenso social y esa licencia social no existe en Mendoza».
El gobernador expresó: «En la campaña dijimos que éramos un gobierno de puertas abiertas y de diálogo. Por esa razón hemos decido enviar a la legislatura un proyecto para la derogación de la ley minera 9209».
«Esta decisión se toma sobre una decisión de que esta ley es legal, pero no tiene la legitimidad del pueblo», agregó.
A la espera de la sesión en ambas cámaras, las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura se movilizaron el domingo con un «banderazo plurinacional» que confluyó a las 19 en el kilómetro cero de la Ciudad de Mendoza y volverán a marchar este lunes a la legislatura provincial durante la sesión.
La norma fue aprobada por mayoría el viernes 20 de diciembre en el Senado, tuvo 29 votos a favor y 7 en contra mientras que en Diputados fue de 36 votos positivos, 11 negativos y una abstención.
Las masivas movilizaciones no lograron impedir la aprobación y la sanción por parte del gobernador Suarez, quien incluso llegó a anunciar que no reglamentaría la ley. Pero las marchas continuaron y crecieron, lo que obligó a la provincia a dar marcha atrás en su decisión.
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