Menos rodados y ganancias millonarias: el negocio de la privatización de las ecobicis en CABA

Hace cuatro años, en septiembre de 2018, cuando el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires privatizó el único servicio de transporte público y gratuito que administraba, argumentó que lo hacía entre otras cuestiones, porque el nuevo sistema permitiría pasar en seis meses de 2000 a 4000 bicicletas disponibles. Y, sobre todo, que seguiría siendo gratuito. Nada más alejado de la realidad.

Un informe confeccionado por la ingeniera María Eva Koutsovitis, de la Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria; el abogado Jonatan Baldiviezo, del Observatorio por el Derecho a la Ciudad (ODC); y el licenciado Alejandro Volkind, también del ODC, estableció que la empresa Tembici incumple prácticamente la mayoría de las cláusulas del contrato, por lo que solicitaron tanto por vía administrativa como legislativa que se finalice la concesión.

El pedido fue encabezado por el Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos ante la Legislatura porteña, el Poder Ejecutivo de la Ciudad, la Auditoría General y la Defensoría del Pueblo. A cuatro años de la privatización del servicio, “el sistema está arancelado y no tiene ni la mitad de las bicicletas prometidas –remarcaron–. Según el último control realizado por el GCBA, en diciembre de 2021, había sólo 1681 bicicletas operativas en calle sobre un total de 2477”.

En el informe, se recordó que Tembici está a cargo del servicio hasta 2028. Sin embargo, al día de hoy, “incumplió con el cronograma de entrega de bicicletas, con la cantidad de rodados en circulación, con la presentación de los informes de ingresos por publicidad y sponsoreo, con el informe mensual donde se detalla el estado del Sistema, con el informe donde se indica el mantenimiento y limpieza de estaciones y rodados, con las políticas de privacidad (filtrando datos de los usuarios), y hasta incumplieron con la ubicación de carteles de publicidad, que colocaban en lugares donde no está permitido”.

Según denunciaron, sólo en los primeros cuatros meses, la empresa incumplió 44 veces el pliego de concesión. Sin embargo, “lejos de sancionarla, el GCBA la premió con abultados subsidios y redeterminación del monto de los pagos mensuales. En la última renegociación, el GCBA multiplicó por siete el canon mensual que recibe la empresa, que hoy en día equivale a 18 millones de pesos”.

Por si fuera poco, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta “se hizo cargo del mantenimiento y ampliación de las bicicletas, para lo cual le entrega más de 850 mil pesos por mes para que compre exactamente el modelo de rodado que la empresa produce en Brasil, le entregó la recaudación que obtengan por la explotación de 550 carteles de publicidad en la vía pública, en la web y en los rodados, y habilitó el cobro de abonos”.

Ahora el usuario o la usuaria abona entre 700 y 1700 pesos por un servicio que previo a la concesión era gratuito. En estos cuatro años, Tembici recibió por parte del gobierno porteño más de 430 millones de peso.

“Mientras para la empresa la concesión es todo un éxito, para los usuarios todo fue pérdida”, esgrimieron los especialista, al considerar que “el servicio dejó de ser gratuito, se limitó el tiempo de uso (pese a que el promedio de viajes era de 40 minutos), y ni siquiera creció la oferta de bicicletas”. La cantidad de usuarios tampoco aumentó demasiado: se pasó de 286.000 usuarios registrados en 2018 a 301.000 en 2022.

Sin embargo, no significa que se maneje menos en bici en la Capital Federal. Todo lo contrario: en la actualidad el uso de la bicicleta crece exponencialmente en la Ciudad, pero el Sistema Público de Bicicletas se achica y está en retroceso. De los 405.000 viajes que se realizan diariamente, sólo 2000 son a través del STPB. En 2018, cuando era manejada por el Estado, se realizaban 8.000 por día.

Desde el Observatorio concluyeron: “la cronología de estos cuatros años de privatización brinda sobrados ejemplos de incumplimientos del concesionario que habilitan a exigir una profunda Auditoría y la rescisión de la concesión”. Por el momento, en la Legislatura la bancada oficialista (que es mayoría) no piensa habilitar el debate.