Una mentira de EE UU repetida mil veces sigue siendo una mentira

La administración de Donald Trump convirtió su obsesión geopolítica con China en el principal factor de desestabilización diplomática en América Latina y el Caribe. Bajo una renovada Doctrina Monroe, volvió a mostrar al mundo que ya no necesita pruebas ni argumentos legales para ignorar la soberanía de los países y atacar a quien se le ocurra. Le basta con montar una narrativa de sospecha militar sobre cualquier diferendo local, licitación portuaria o control marítimo de rutina para justificar las ofensivas contra su nuevo enemigo, la República Popular China.

El último foco de conflicto estalló en Cuba y expuso este mecanismo de manipulación con claridad. El pasado 18 de junio, el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) – un influyente think tank de Washington estrechamente ligado al Pentágono y a los contratistas de armas – publicó un informe sobre supuestas «instalaciones de inteligencia chinas» en la isla, que constituirían un factor de peligro para la integridad de toda la región.

El rechazo de la Embajada de China en La Habana fue inmediato, calificando las denuncias de infundadas y recordando la contradicción de que provengan de la principal potencia mundial en espionaje electrónico, la misma que mantiene ocupada ilegalmente la Bahía de Guantánamo. «Rechazamos enérgicamente las calumnias y acusaciones maliciosas formuladas por ciertas partes con segundas intenciones, y les instamos a que dejen de difundir rumores, cesen la manipulación política y se abstengan de socavar y desacreditar la cooperación entre China y Cuba», fue el tono de la respuesta diplomática.

Poco después, un editorial del diario oficial Global Times terminó de fijar la postura de Beijing frente a los expertos estadounidenses, al sentenciar que “una mentira repetida mil veces sigue siendo una mentira, y acusar a alguien de robo no exime al verdadero culpable”. En sintonía, los portavoces de la Cancillería china, Guo Jiakun y Mao Ning, denunciaron que la administración Trump usa estos informes como cortina de humo para legitimar su última escalada de sanciones unilaterales, que este mes alcanzaron al presidente cubano Miguel Díaz-Canel y a su entorno familiar.

Los funcionarios chinos también recordaron que este asfixiante cerco económico a Cuba se traduce en penurias desesperantes para el pueblo. En los últimos meses, la persecución de Trump a los buques petroleros provocó una crisis energética sin precedentes que dejó a oscuras a más del 60% de la isla cada día, paralizando el bombeo de agua potable, el transporte público y obligando a los hospitales a operar con generadores de emergencia. Con pérdidas sanitarias que superan los 288 millones de dólares, una inflación descontrolada que disparó el precio de los alimentos y una caída del turismo provocada por la falta de combustible en los aeropuertos, el bloqueo opera hoy como un castigo colectivo que vulnera el derecho a la supervivencia de millones de personas.

Pero no es el único caso. En los últimos días, el mapa de presiones de la Casa Blanca se extendió a Panamá, en el marco de un cruce técnico con China que en otras circunstancias hubiera pasado desapercibido.

Durante la Asamblea General de la OEA, el presidente panameño, José Raúl Mulino, protestó por un aumento «inusual» en las inspecciones a buques de su bandera en puertos chinos. La Cancillería china aclaró los hechos al explicar que, desde principios de año, varios barcos de bandera panameña protagonizaron colisiones con pesqueros en aguas chinas, dejando muertos y desaparecidos. Las inspecciones denunciadas fueron – desde la óptica de Beijing – estrictos controles de seguridad marítima amparados por leyes internacionales, no una persecución política.

Detrás del cruce de declaraciones oficiales, analistas internacionales han observado que se esconden otras razones que prefirieron mantenerse en segundo plano. En enero, la Corte Suprema panameña canceló abruptamente la concesión que la empresa de Hong Kong CK Hutchison operaba desde 1997 en las entradas del Canal de Panamá. Esta expulsión por la fuerza – que ya derivó en un juicio internacional donde la firma reclama 2.000 millones de dólares – ocurrió tras meses de intensas presiones del Departamento de Estado de los EE.UU., que acusaba a la empresa de querer controlar los «puntos de asfixia» del comercio continental. En otras palabras, Washington presionó para echar a los operadores chinos del Canal y, cuando Beijing aplicó sus leyes de navegación a los barcos de ese país, la Casa Blanca ayudó a agitar las sospechas de un chantaje geopolítico.

Bajo esa óptica de confrontación forzada, el Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) ya aplicó el guión del “Caballo de Troya” chino contra el megapuerto de Chancay en Perú, inaugurado a fines de 2024, y contra la Estación de Espacio Profundo de Neuquén en la Patagonia argentina, en funcionamiento desde 2018, entre otras grandes obras de infraestructura.

Esta paranoia de Estados Unidos responde a una dinámica que trasciende las fronteras latinoamericanas. En la última cumbre en Beijing, el presidente Xi Jinping recordó explícitamente a Donald Trump que la llamada «trampa de Tucídides» – el choque inevitable cuando una potencia dominante se siente amenazada por el ascenso de otra emergente – no es un destino fatal, sino el resultado de errores de cálculo estratégicos. 

La Casa Blanca ya es incapaz de ocultar el pánico y la impotencia que le genera la pérdida de su hegemonía. Una de sus últimas jugadas fue la llamada “Pax Silica”, una alianza internacional con la que pretende asegurarse suministros de IA y tecnologías avanzadas, para intentar frenar lo que gran parte del mundo observa como un imparable avance de China.

Washington siembra sospechas para forzar el cierre de las economías regionales a los fondos chinos, aunque carece de propuestas de financiamiento o infraestructura para competir. El relanzamiento de la Doctrina Monroe no ofrece desarrollo. Es solo presión económica y difamación para obligar a América Latina a pagar el costo de una disputa ajena.