Michetti: los agujeros negros en la causa que la vicepresidenta no pudo explicar

El juez federal Ariel Lijo le creyó todo a la vicepresidenta Gabriela Michetti. Después de una suerte de investigación que en gran medida fue impulsada por la defensa de la número dos en la sucesión presidencial, a cargo del ex juez del juicio a los comandantes de la última dictadura Ricardo Gil Lavedra, Lijo no encontró delito. Ni siquiera la posibilidad de que se hubiera cometido. Sí, en cambio, pareció aceptar que existieron desprolijidades que –en todo caso- son faltas administrativas. Pero no delito.

Lijo firmó el papel que la vicepresidenta esperaba desde que se conoció que de su casa del barrio porteño de Balvanera, la noche en que Cambiemos ganó el balotaje presidencial, un ladrón se había llevado un cuarto de millón de pesos y 50 mil dólares. El juez dispuso: “Sobreseer a Marta Gabriela Michetti, cuyas demás condiciones personales obran en el exordio de la presente, haciendo expresa mención que la formación del presente sumario en anda afecta el buen nombre y honor del que gozare la nombrada”.

Para el juez, el dinero que le robaron a Michetti tenía origen legal. Los 245 mil pesos habían sido parte de una “vaquita” que hicieron sus amigos y allegados políticos para financiar una cena de gala de la Fundación Suma, que ella encabeza. No importó que no hubiera recibos, ni antes, ni después del robo. En todo caso, la relación de confianza entre las partes justifica desde el punto de vista penal tal omisión.

Y en cuanto a los 50 mil dólares, dice el fallo que “el marco probatorio descripto ha permitido sostener que el origen del dinero detentado por Michetti que le fuera sustraído no sólo era legal, por cuanto provenía de un préstamo de su pareja Tonelli Banfi, sino que además se encontraba declarado por ambas partes en sus respectivas declaraciones juradas del año 2015; extremos que han sido corroborados con las manifestaciones de los contadores Domínguez y Brandi”. Estaba declarado, es cierto. Se declaró después de que se conoció el robo, también es cierto. Los plazos para la presentación de la declaración jurada estaban vigente, también es cierto. Esa secuencia, que podía prestarse a suspicacias, no las tuvo para el juez en esta instancia.

Conformado el origen “legítimo” de los 50 mil dólares, el destino (“la finalidad de dicho préstamo -vinculada al pago de un posgrado en el exterior a realizar por Lautaro Cura una vez finalizados sus estudios de grado”, dice el fallo) resulta “irrelevante” para Lijo.

“Las precisiones efectuadas por la Vicepresidenta de la Nación en torno a la procedencia del dinero, sumadas a las explicaciones brindadas por los referidos contadores y, principalmente, a las declaraciones juradas recolectadas que acreditan el origen lícito de aquel, conducen a descartar cualquier hipótesis delictiva relacionada con el origen y la tenencia de los cincuenta mil dólares estadounidenses”, resumió.

Al sobreseimiento de Michetti habrá que agregar el archivo de la investigación sobre el funcionamiento de las Fundaciones relacionadas con el PRO y con varios de sus principales dirigentes. El juez dispuso “archivar las presentes actuaciones en orden al suceso identificado como ‘Hecho B’”.

¿Cuál era el “Hecho B”?, ¿Qué es lo que se archivó? El mismo fallo lo explica: “Este hecho materia de investigación se vincula con la constitución, composición, funcionamiento y financiamiento de distintas fundaciones integradas por miembros del gobierno (entre las que se encuentran las Fundaciones SUMA, presidida por Marta Gabriela Michetti; FUNDAR -JUSTICIA Y SEGURIDAD, presidida por Eugenio Nicolás Burzaco; CREER Y CRECER, presidida por Néstor Grindetti; FORMAR, presidida por Guillermo Javier Dietrich; y PERICLES, presidida por Fabián Rodríguez Simón), las cuales desarrollarían tareas políticas paralelas a las que formalmente despliega el partido político Propuesta Republicana (PRO), financiando así su funcionamiento. En cuanto a este suceso, se señaló además que el Grupo FARALLON, presidido por Eduardo Ramón Gutiérrez, figuraría como aportantes de algunas de las fundaciones mencionadas y se habría beneficiado con millonarios contratos otorgados por parte de funcionarios del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, para luego presuntamente retornar parte de ese dinero bajo la figura aparente de donaciones”.