Mientras se legitima a los «justicieros», las políticas de desarme están paralizadas

Si hoy alguien pretende deshacerse de un arma, el Estado lo desalienta. Lo que antes era un trámite sencillo aunque riguroso, ahora es prácticamente imposible. Y seguirá siendo así a menos que el Congreso prorrogue el Plan Nacional de Desarme que se venía desarrollando ininterrumpidamente desde 2006. Es que los legisladores mantienen congelada esta iniciativa desde hace nueve meses. Este desinterés por el programa que obtuviera el Premio Política del Futuro 2013 de las Naciones Unidas va en sintonía con las peligrosas definiciones del gobierno nacional, a través del presidente Mauricio Macri y sus ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Justicia, Germán Garavano, quienes tomaron posición ante los resonantes y recientes casos de «justicia por mano propia».

El viernes, la jueza de Garantías de Zárate, Graciela Cione, se quitó la presión política de encima al liberar al carnicero Daniel «Billy» Oyarzún. Un día antes, Macri había dicho en declaraciones radiales que el sospechoso debía «estar con su familia, tranquilo, tratando de reflexionar en todo lo que pasó». El hombre estaba detenido desde el martes, cuando su negocio fue asaltado por dos delincuentes a los que persiguió con su Peugeot 306. Todo terminó con uno de los sospechosos, Brian González, de 24 años, debajo de su auto, que se incrustó contra un semáforo.

Poco después, el jefe de Gabinete Marcos Peña reinterpretó a Macri: «Lo que ha dicho el presidente es que nadie sale a matar, no es el espíritu», y aclaró que «siempre un asesinato es una tragedia, hay que ser conscientes de eso».

Garavano también opinó que durante el kirchnerismo «hubo una mirada que se olvidó de las víctimas y se centró en los victimarios. Se generaron muchos desequilibrios, generalmente a favor de las personas que cometen delitos». El ministro agregó que «no es el camino la justicia por mano propia, llevar armas, porque esta vez murió el delincuente pero, muchas veces, por esto muere la víctima».

La mirada del gobierno ya había quedado explicitada hace tres semanas, cuando el cirujano Lino Villar Cataldo asesinó de cuatro tiros a un ladrón, también de 24 años, que quiso robarle el auto en Loma Hermosa. «No queremos que las víctimas se transformen en victimarios. Primero queremos proteger a las víctimas. Y en este caso, por supuesto que si hubo un uso irracional de la fuerza tendrá que analizarlo la Justicia. Pero la víctima fue el médico y no hay que perder de vista este concepto», dijo Bullrich.

Arrastrada por el peligroso discurso de ciertos medios y, ahora también, del gobierno nacional, la opinión pública vuelve a debatir la «justicia por mano propia», a postular que la propiedad privada está por encima de la vida. A mediados de 1990, el presidente Carlos Menem no descartó la idea de haber actuado igual que el ingeniero Horacio Santos, que ejecutó a balazos en la cabeza a dos delincuentes que le habían robado el estéreo.

Hoy, en apariencia, el oficialismo estaría a favor del desarme. «Lo fundamental es que la mayoría de la gente no use armas, no es garantía», dijo la ministra de Seguridad al hablar del caso del médico. Sin embargo, el Plan Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, que a lo largo de casi una década había logrado destruir unas 300 mil pistolas y escopetas, no funciona. El contador de su sitio web que iba sumando las armas destruidas, se detuvo, y ya no existen las bocas de recepción habilitadas para recibir las armas. Este año, sólo se destruyeron 25 mil, a principios de agosto, en la planta siderúrgica Tenaris, de Campana, provenientes de depósitos judiciales de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza. Para el Ministerio de Justicia, esas armas estaban «ubicadas en lugares con pocas medidas de seguridad y sin control estricto», y de ese modo se evitó «que puedan pasar al mercado ilegal».

El programa de Desarme, que se renovaba automáticamente en el Congreso cada dos años, obtuvo la aprobación unánime del Senado en octubre de 2015. Luego, el proyecto se estancó en Diputados hasta hace dos semanas, cuando la Comisión de Seguridad Interior lo aprobó por unanimidad. Ahora, resta el apoyo de la Comisión de Presupuesto. En cualquier caso, la política de desarme de la sociedad civil lleva nueve meses paralizada.

Adrián Marcenac es el padre de Alfredo, el muchacho de 18 años asesinado por el tirador de Belgrano declarado inimputable por la justicia. Fue uno de los impulsores del Plan (ver aparte) y se reunió algunas veces con Natalia Gambaro, la nueva titular del ex Renar, para saber el por qué de las demoras. Para él, «más allá de la lucidez que demuestra esta abogada y el espíritu de cambio que tiene, no vemos políticas concretas. Es un tema nuevo para ella. Entendemos que quiere hacer las cosas bien pero necesitamos más celeridad».

En esa misma línea, Lucía Gómez Cónsoli, experta en armamento y coordinadora del Programa para América Latina y el Caribe del Proyecto de Armas de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, detalla que en el país «se venían haciendo varias acciones para reducir el circulante de armas en la sociedad civil y disminuir las muertes. Una cosa está atada a la otra. Pero ahora todo cambió y hay un retroceso importante». Cónsoli argumenta además que «las situaciones en las que en milésimas de segundos una víctima pasa a ser victimario son muy delicadas. Observo una gran irresponsabilidad del Estado y de los que hablan y opinan en su nombre porque hay una responsabilidad extra cuando se es funcionario o periodista.»

Gastón Chillier, director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), sostiene que «la teoría dice efectivamente que si no hay riesgo de fuga ni que se entorpezca la causa, el imputado debería estar en libertad. El problema de la afirmación de Macri es el doble estándar. Es muy complicado que venga del Poder Ejecutivo ese mensaje.» «

Inversión en pistolas y fusiles

En 2017 estará disponible la primera serie de pistolas y fusiles que, con la tecnología de la marca Beretta, se fabricarán en la Argentina para satisfacer al mercado local y exportar. Lo dijo el ministro de Defensa Julio Martínez, tras un acuerdo firmado la semana pasada en Roma entre Fabricaciones Militares y las autoridades de la firma italiana, dejando en claro las prioridades del gobierno: privilegiar el equipamiento de las fuerzas de seguridad por sobre una política oficial de desarme de la sociedad civil.

«Este es un paso importante para la industria argentina. Estamos analizando estas propuestas que benefician al país y nos permiten volver a producir en Fabricaciones Militares una serie de insumos esenciales para nuestra defensa», adelantó el funcionario tras una gira de tres días que incluyó un encuentro con el Papa Francisco.

Mauricio Macri: «Es un ciudadano sano, querido, reconocido por la comunidad, (el carnicero) debería estar con su familia, tranquilo, tratando de reflexionar en todo lo que pasó.»

Patricia Bullrich: «Lo tendrá que analizar la Justicia… No hay que perder de vista que la víctima fue el médico, que es la persona que fue robada y atacada; no nos confundamos.»

Germán Garavano: «Hubo una mirada que se olvidó de las víctimas y se centró en los victimarios… generalmente a favor de las personas que cometen delitos.»