Migrantes perseguidos venden su sangre y hacen crecer un fabuloso negocio en EE UU

Bajo el común denominador de las políticas libertarias made by Donald Trump, Estados Unidos se ha convertido en un escenario en el que se repiten padecimientos que algún día hasta podrían desembocar en un estallido que, por ahora descoordinadamente, empieza a observarse en diferentes confines. Y al que como siempre responde la ultraderecha, el gobierno trata de ahogar recurriendo a todas las formas de represión, incluso con la militarización de sus grandes urbes. Por ahora, cada uno responde con lo que tiene. Los migrantes, perseguidos por serlo, enclaustrados para eludir la cacería y la deportación, sin empleo, venden su sangre. En un escalón más alto, viñateros y bodegueros piensan hasta en arrancar sus vides para superar la peor crisis sectorial desde los años de la Ley Seca.   

Asociaciones profesionales y sociales y medios de prensa lo denuncian, y la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo ratifica tímidamente: los mexicanos llegados a los estados de la frontera, básicamente California y Texas, se someten a extracciones con las que los traficantes y las empresas que negocian con la sangre abastecen al mundo. La industria del plasma encontró en las políticas contra los inmigrantes, la precariedad laboral o la rápida pauperización de los trabajadores llegados de México y Centroamérica, una oportunidad para hacer negocio. La OMS lo admite pero aplica un lenguaje elusivo para abordar el tema. El 69% del plasma utilizado en los laboratorios y los hospitales, dice, proviene de “donantes remunerados”, un eufemismo con el que entra en el tema sin entrar.

Poco a poco, las agencias internacionales se van acercando. Sin mucho más, la OMS señala que el 65% de la sangre comprada en todo el mundo llega desde Estados Unidos. Eso equivale a 8,5 millones de litros. La Asociación de Terapéutica Plasmática avanzó hasta señalar que de los casi 800 centros compradores de sangre, 52 están situados en California y Texas, con lo que insinúa que la que sale de allí es sangre de mexicanos. Un ejecutivo de Grifols, la empresa líder del mercado mundial, fue más allá y dijo que sólo en Texas hay unos 30.000 mexicanos “donantes reincidentes” que entregan más de 600.000 litros/año. Según la consultora global Coherent Market Insights, el sector alcanzará este año un valor de 38.800 millones de dólares y se irá a 79.500 millones en 2032.

Al abordar el tema, el portal de investigación Pro Pública citó a la jueza Tanya Chutkan –la misma letrada que desestimó un juicio penal contra Trump, acusado de promover un golpe de Estado en 2021– cuando le tocó actuar en una querella promovida por Grifols contra los agentes de migraciones abocados a la caza de mexicanos, los buenos abastecedores del mercado. “Los agentes no consideraron hasta qué punto hay empresas que dependen de los mexicanos”, escribió Chutkan en su fallo. Pro Pública constató que los “donantes” que entregan su sangre dos veces por semana pueden llegar a ganar 400 dólares mensuales y recibir un “bono de amigos” cuando lleven familiares o vecinos a los centros de extracción.

Siguiendo las normativas de la OMS, la mayoría de los países permite la extracción hasta tres veces al año. En Estados Unidos se admiten hasta 104 extracciones anuales, es decir una por cada 3,5 días (84 horas). Hasta que Trump implantó sus políticas libertarias, en enero, podían comercializar su sangre los tenedores de visas temporales con las que los mexicanos pasaban la frontera por turismo o visitas familiares. No podían hacer tareas remuneradas. Ahora, sólo exponiendo su vida pueden cruzarla. En estos tiempos todo se hace en negro. Antes, los amos del negocio eludían las limitaciones señalando que el pago a los donantes no era un salario tal como lo dispone la ley, sino una “compensación por su tiempo, porque el proceso implica esperar un turno en largas colas”.

En el mismo estado, en California, los migrantes que se ven llevados a vender su sangre –y quizás sus órganos, admiten influyentes referentes del colectivo mexicano–, también ven reducidas sus fuentes laborales, al entrar en crisis el sector vinícola, en parte por el clima, un jugador siempre presente en las actividades del agro, y básicamente por el cierre de las fronteras para la mano de obra mexicana y centroamericana. Según The Wall Street Journal, para sellar la crisis se suman varios factores, como la sobreoferta de uva, la caída del consumo juvenil y la pérdida del mercado canadiense, que se redujo a cero, golpeado por la política arancelaria de Trump. Gracias al stock acumulado y a la gran cosecha de este año, los productores amenazan con reemplazar sus mejores vides con las más populares, como las Sauvignon Blanc.

Según los productores californianos, el estado que produce ocho de cada diez botellas del vino norteamericano, vive su peor momento en más de un siglo, los años de La Prohibición (de 1920 a 1933), cuando la fabricación, importación, transporte y venta de bebidas alcohólicas fue prohibida por una enmienda. Los productores y otros pares que también dependen de la mano de obra mexicana llegaron al propio Trump, pero nada pasó. Así como ahora el vendaval libertario pretende purificar a la sociedad persiguiendo a los que quieren trabajar allí, como siempre lo han hecho, la enmienda que pasó a la historia como la Ley Seca pretendía minimizar por la fuerza el consumo de alcohol. Para “reducir los males de la sociedad”, decían los puritanos en los templos y terminó aumentando la corrupción, el contrabando de alcohol y el crimen organizado. «