Amnistía, Andhes y Cels pidieron a Cancillería y a Secretaría de DD.HH que informe la fecha en que la dejará en libertad.
La nota presentada por la mañana lleva las firmas de Mariela Belski, Ana Lobo Stegmayer y Gabriel Pereira, y de Gastón Chillier, directores de Amnistía, Andhes y Cels respectivamente, los tres organismos que llevaron el reclamo a Naciones Unidas, que el jueves pasado resolvió -a través del grupo sobre detenciones arbitrarias- pedirle al Estado Nacional que libere a la dirigente de la Tupac Amaru, consideró que se violaron sus derechos humanos y exigió una compensación.
Por eso, en su pedido al Poder Ejecutivo a traves de Cancillería y Derechos Humanos, los organismos solicitaron -además de que diga la fecha en que Sala dejará la prisión-, que informe si ha tenido lugar algún tipo de reparación, si se ha llevado a cabo una investigación sobre la violación de los derechos de Sala y sus resultados, y qué medidas se tomaron para evitar la repetición de los hechos que originaron la intervención del mecanismo internacional.
La decisión del Grupo se dictó en aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Declaración Universal de Derechos Humanos, dos instrumentos que tienen jerarquía constitucional en nuestro país, recordaron en la nota. Y remarcaron: Su ejecución, lejos de ser una opción, es un deber del Estado ante la comunidad internacional y el sistema jurídico argentino.
La reacción del gobierno fue bajarle el peso a la resolución. Hasta ahora sólo recibimos un escrito no vinculante del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, dijeron a Tiempo desde la Casa Rosada. El gobierno jujeño directamente desconoció la resolución: dijeron que la decisión estaba desactualizada.
Por eso, el pedido de los organismos también incluyó entre sus argumentaciones las razones por las que Mauricio Macri debe acatar la decisión. Primero, señalaron que el Estado participó en el trámite ante el Grupo de Trabajo sobre detenciones Arbitrarias, por lo que no puede ahora desconocer la decisión adoptada por no coincidir con sus hallazgos y conclusiones. Y recordó, además, que el Estado Argentino fue muy crítico de la detención del Sr. Leopoldo López en Venezuela, que mereció una resolución de ese mismo Grupo, dijeron.
También remarcaron que un accionar coherente exige al Estado argentino acatar plenamente la decisión del Grupo de Trabajo en el caso de Milagro Sala y, en consecuencia, arbitrar todos los medios para su inmediata liberación, dijeron. Y remarcaron que proceder en sentido contrario el Gobierno no solo desconocería principios escenaciales del derecho internacional que comprometen al país, sino que además sería un rotundo quiebre de la política exterior (argentina) y un grave retroceso en relación al liderazgo en derechos humanos que el país ha sabido consolidar ante la comunidad internacional.
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