Entre las modificaciones de la Ley Ómnibus el gobierno incluyó quitar la Ley 27.637. Con la eliminación de subsidios y la suba de los componentes de la tarifa, una familia podría recibir en el tercer trimestre boletas por "más de un millón de pesos", según denuncian especialistas.
La ley actualmente proporciona rebajas del 30 % al 50 % a más de 4 millones de usuarios de gas residencial en áreas climáticamente desfavorables. El Gobierno tiene la intención de derogar la Ley 27.637 (Régimen de Zona Fría) y reemplazar este esquema con una «canasta básica energética».
El ex diputado y director del Instituto Consenso Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez, explicó que ahora se aplicará un nuevo esquema de subsidios segmentados, tomando en cuenta el nivel de ingresos: «Así, quedarán afuera de los actuales descuentos por Zona Fría todos los hogares de clase media trabajadora. Al mismo tiempo, la Secretaría de Energía de la Nación ya propuso eliminar los subsidios en le precio del gas. Lo hará entre febrero y abril, para pasar de pagar 0,7 dólares a 4 dólares el millón de BTU».
«Adicionalmente, las empresas distribuidoras han solicitado aumentos de entre 421% y 700% –agregó–. Y como si todo lo anterior fuera poco, también piden aumentar mensualmente la factura de gas. Sí, quieren aumentos todos los meses, aplicando el índice de precios internos mayoristas (IPIM)».
¿A cuánto se irían las facturas? Según estimo, «en este contexto, una familia de las zonas frías de la provincia de Buenos Aires que en enero pague $15.000 de gas, llegará a pagar cerca de 1 millón por el gas del tercer trimestre este mismo año. La decisión de eliminar los descuentos por Zona Fría la toman por fanatismo ideológico, ya que ese subsidio no se financia con recursos del presupuesto y no genera ni un solo peso de déficit fiscal».
Una familia de Mar del Plata que actualmente abona alrededor de 15.000 pesos de gas en su hogar, pasaría a recibir, en el tercer trimestre de este año, facturas con importes cercanos -o incluso superiores- a un millón de pesos, según alertó Rodríguez, al calcular el impacto de las reformas que impulsa el gobierno de Javier Milei para este servicio esencial.
Uno de los que salió a hablar fue el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro (JxC). En Mar del Plata, el beneficio establecido en 2021 incluye a más de 260.000 hogares. “Hace dos años, se aprobó una ley que contempla que los argentinos que viven con condiciones climáticas adversas puedan acceder a una tarifa de gas acorde a la situación de cada lugar. Hoy nos enteramos que desde el Ejecutivo Nacional quieren derogar esta ley. Soy un convencido de que la única forma de hacer las cosas bien es escuchando al interior del país y conociendo su realidad, que es la realidad de miles de argentinos que viven en nuestras provincias. No se pueden tomar decisiones solo desde la lógica del AMBA”, reclamó.
Montenegro recalcó: “Es importante que entendamos que no es un capricho ni una cuestión de beneficios por que sí: es una manera de hacer que las zonas geográficas en las que es 100% necesario usar más calefacción debido a las bajas temperaturas puedan hacerlo. El gas es vital para los hogares y nadie puede negar que no es lo mismo calefaccionarse en Mar del Plata que en Capital Federal o el conurbano. Siempre se puede conversar y encontrar mejoras a los proyectos que acompañen las necesidades del Gobierno de la Nación, pero que de ninguna manera perjudiquen exponencialmente a nuestros vecinos”.
El subsidio para bonificar el consumo de gas en zonas de bajas temperaturas de la Patagonia se creó en los ’90. Hace un par de años se extendió a varias localidades del centro del país, por ejemplo en Provincia de Buenos Aires, desde localidades como Azul y Olavarría hasta la costa. Los recursos surgen del Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas que se financia con un recargo al resto de los hogares.
La senadora provincial Liliana Schwindt, impulsora del proyecto original, reiteró que la zona fría no se trata de un subsidio: “se financia el beneficio con el aporte de cada usuario de gas del país, ¿por qué entonces derogar la creación del fideicomiso y meter la zona fria (es suposición porque no explican como lo harán) dentro de una ‘canasta básica energética’?”.
“De una cosa podemos estar seguros y lo dije no bien la mandaron al Congreso, la ley de zona fría corre riesgo porque ellos tienen un problema ideológico con todo lo referente a subsidios energéticos y tienen también mucha insensibilidad en el corazón”, y completó: “No han explicado cómo van a implementar esta ‘canasta de energía’, de lo que sí podemos estar seguros es que a la ‘casta’ no la perjudican estas medidas, si van a destrozar la economía de millones de familias”.
El quite de la Ley Zona Fría «será sumamente crítico para los usuarios patagónicos y para los sectores vulnerables sin acceso a la red», advirtió el ex secretario de Energía de la Nación, y titular de la consultora Paspartú, Juan José Carbajales.
Y acotó: «El secretario (de Energía) Chirillo advirtió que el gas mayorista PIST vale 4 dólares pero se paga en promedio sólo 1. De allí que la incidencia de esta enorme quita de subsidios dependerá del alcance y gradualidad de la ‘canasta básica’, que será un bloque de energía, no tarifa diferencial. Se corre el riesgo de pasar del sinsentido de la ampliación del Régimen de Zona Fría al guadañazo de raíz de todo subsidio energético en un contexto social crítico«.
Al mismo tiempo que se elimina el fondo fiduciario a través del cual se financia la Zona Fría (generado a través de una pequeña diferencia que pagan el resto de los usuarios) y que la Secretaría de Energía de la Nación ya propuso eliminar los subsidios en el precio del gas, las empresas distribuidoras (como Camuzzi Gas Pampeana en la región bonaerense) solicitaron aumentos de entre 421% y 700%.
De aprobarse estos cambios, las boletas de gas podrían experimentar un incremento de hasta 700 % en los próximos tres meses.
A su vez, las firmas de transporte de gas piden aumentar mensualmente la factura de gas, aplicando el denominado índice de precios internos mayoristas (IPIM), que solo en diciembre fue del 54%, y en noviembre del 11,1%.
En ese contexto el gobierno propone eliminar la Zona Fría. Rodríguez lo definió de esta manera: “Estamos frente a una política confiscatoria y totalmente ilegal”.
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