El diverso y abultado grupo de convocantes -sindicatos, estudiantes, indígenas, artistas, ambientalistas y partidos opositores- lidera un "paro nacional" contra los lineamientos políticos económicos, sociales y de seguridad del mandatario, justo cuando su popularidad está en rojo.
El diverso y abultado grupo de convocantes -sindicatos, estudiantes, indígenas, artistas, ambientalistas y partidos opositores- lidera un «paro nacional» contra los lineamientos políticos económicos, sociales y de seguridad del mandatario, justo cuando su popularidad está en rojo.
«Es un acumulado de situaciones que esperamos nosotros que, así sea en una gran mesa nacional de concertación, empecemos a revisar» tras la jornada, explicó a AFP Julio Roberto Gómez, presidente de la Confederación General del Trabajo, una de las organizadoras.
Hasta el mediodía la policía daba un parte de «normalidad», aunque reportaron enfrentamientos «aislados» entre encapuchados y autoridades, así como bloqueos en los sistemas de transporte y vías arteriales de algunas urbes.
En Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Neiva, Bucaramanga y Medellín se evidenciaban multitudinarias manifestaciones, y poco flujo vehicular y comercial. Buena parte de empresas, universidades y colegios cancelaron previamente sus actividades.
Miles de estudiantes marchaban en la capital -donde en línea con los últimos días empezaba a llover- hacia el aeropuerto internacional. Policías antidisturbios les lanzaron artefactos aturdidores para impedir su paso, constató un reportero de AFP.
El líder comunero Luis Fernando Arias caminaba con decenas de guardias indígenas llegados a Bogotá. Transitaban por la carrera Séptima, por donde marcharán hasta la Plaza de Bolívar, punto de arribo de la protesta que ya empezaba a colmarse.
«Esperamos que la violencia en nuestros territorios cese», dijo. «Que no nos sigan matando».
Por la misma vía la psicóloga Johanna Suárez abogaba porque el paro «continúe a través del tiempo». Mientras la universitaria Valentina Gaitán, rodeada de estudiantes que cantaban y bailaban, mostraba una pancarta para invitar a la movilización: «Que el privilegio no te quite la empatía».
«Hay mucho miedo de salir a las calles, pero sin embargo salimos porque mucho de ese miedo se difundió por parte del Estado con la represión simbólica, la militarización, el cierre de fronteras», afirmó Gaitán.
Duque encabeza un puesto de mando unificado en Bogotá con los altos mandos militares y policiales, y los ministros de Defensa e Interior.
El mandatario reconoció el miércoles la legitimidad de algunos reclamos, aunque aseguró que hay una campaña basada en «mentiras» que busca desatar la violencia: «Al tiempo que reconocemos el valor de la protesta pacífica, también garantizaremos el orden».
Colombia cerró fronteras hasta el viernes por «seguridad» y expulsó al menos 24 venezolanos señalados de querer infiltrar la marcha.
En Bogotá se desplegaron desde el fin de semana soldados para proteger «instalaciones estratégicas», según la alcaldía. La policía capturó el martes a dos personas señaladas de violencia en otras movilizaciones y allanó una treintena de residencias, medios de comunicación alternativos y centros culturales.
Algunos allanamientos fueron «declarados ilegales» por falta de «pruebas», reconoció el fiscal Fabio Espitia.
La ONU mostró su «preocupación» ante el «aumento» de militares en las calles previo a las movilizaciones.
Para el analista Jason Marczak, las marchas contra Duque, quien desde que asumió el poder en agosto de 2018 ha afrontado varias protestas, es una «demostración considerable de descontento en la región».
«Los reclamos no resueltos y la profunda polarización sirven de escenario para esta manifestación masiva», opinó el experto del centro de estudios Atlantic Council, con sede en Washington.
Las centrales obreras convocaron la protesta el mes pasado, y luego se les sumaron diversos sectores que miden el pulso de Duque, incapaz de consolidar mayorías en el Congreso y con reveses de su partido, Centro Democrático, en las elecciones locales de octubre.
El movimiento obrero rechaza supuestas reformas para flexibilizar el mercado laboral y cambiar el sistema de pensiones, los indígenas exigen protección luego del asesinato de 134 comuneros desde que asumió Duque, y los estudiantes, más recursos para la educación pública.
Todos cuestionan las políticas económicas del gobierno, su política de seguridad enfocada en el combate del narcotráfico, el asesinato de decenas de líderes sociales y su intento de modificar el pacto de paz que desarmó a la exguerrilla FARC en 2016.
En una Colombia que prevé un crecimiento económico por encima del promedio regional, pero con altos índices de desigualdad y desempleo, el «paro nacional» ha generado especial expectación por la convulsión social que, sin denominador común, ha sacudido a Ecuador, Chile y Bolivia.
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