Desde ATE responsabilizaron al gobierno nacional ante cualquier hecho de violencia que se produzca durante la jornada de protesta.

“Comienza el día y ya vemos a las fuerzas de seguridad más ocupados en amedrentar trabajadores que en sus propias funciones como combatir el narcotráfico. Las dependencias estatales amanecen con fuerzas de seguridad en su interior”, denunciaron desde ATE Capital.
En sus cuentas en las redes sociales, postearon fotos donde se observan importantes operativos de seguridad en los ingresos al Conicet, al Servicio Meteorológico Nacional, al ministerio de Educación, la Cancillería, la secretaría de Trabajo y el exministerio de Ciencia y Tecnología.
Desde la puerta de la secretaría de Trabajo, ubicada sobre la avenida Leandro N. Alem en el bajo porteño –donde se registraron 517 despidos- el titular de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), Hugo Yasky, dijo que se presentarán ante la justicia y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para denunciar la situación.
“Es injustificada esta medida, no son ñoquis, son empleados que hace años conocemos. Estos empleados trabajaron siempre con los distintos gobiernos. Se trata de una medida para destruir al movimiento obrero. Son despidos de gente que tiene hasta 15 o 20 años de antigüedad. Quieren destruir el Estado, degradar el ministerio de Trabajo y convertir este país en un lugar donde los trabajadores vamos a hacer esclavos. Es un Estado gendarme y represivo”, dijo Yasky.
Por su parte, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, dijo también –desde la puerta de la secretaría de Trabajo- que “el que actúa al margen de la ley es el gobierno nacional con estos dispositivos de seguridad desproporcionados que han puesto en cada organismo público”.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció para este miércoles una protesta con “ingresos masivos y simultáneos” a los organismos públicos en los que se registraron unos 11 mil despidos en los últimos días.
“Por la mañana, los trabajadores con nuestros ingresos masivos y simultáneos estaremos ejerciendo nuestros derechos de huelga, manifestación y reunión. Si hay violencia y represión, la única responsable será la Casa Rosada”, advirtió Aguiar.
Según informó el dirigente sindical, durante el fin de semana el gremio contabilizó más de 11.000 despidos en distintas oficinas de la administración pública nacional.
El sindicato definió tres franjas horarias para los ingresos masivos a ministerios, organismos y dependencias estatales –entre las 7, 8 y 9 de la mañana- dependiendo del funcionamiento habitual de cada delegación.
Los ingresos son realizados tanto por los trabajadores de la planta permanente del Estado, como así también por los contratados que aún no han sido despedidos y los que ya fueron notificados de su cesantía.
“El Presidente se ha decidido a quebrantar el sistema jurídico argentino en su parte medular y tanto él como sus funcionarios podrían terminar presos”, aseveró el titular de ATE.
Para Aguiar, “provocar cesantías masivas en el Estado es suprimir derechos fundamentales de las personas y esa es una conducta tipificada en nuestro Código Penal”.
“Vulnerar la garantía de estabilidad prevista en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional decenas de miles de veces a su vez provoca la supresión de otros derechos fundamentales que tiene toda la sociedad. Y nuestro Código Penal en su artículo 226 da penas de entre 5 y 15 años a quienes impidan el libre ejercicio de las facultades constitucionales”, agregó.
Para ATE además “se está incumpliendo con el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que obliga a los Estados a proteger el trabajo y garantizar el pleno empleo”.
En tanto, para la tarde de este miércoles, fue convocado un plenario federal de ATE con la participación de más de 1.000 delegados, que se realizará en el Anfiteatro Eva Perón del sindicato, ubicado en su sede de Avenida Belgrano 2527.
En ese marco, se definirá la profundización del plan de lucha y no se descarta realizar un nuevo paro con movilización para esta misma semana.
“Tenemos que demostrar que es el Gobierno el que actúa al margen de la Constitución y de la ley”, concluyó Aguiar.
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