La causa por la responsabilidad empresarial de Molinos Río de la Plata en crímenes de lesa humanidad sale de su letargo

La detención e indagatoria al ex directivo de Molinos Río de la Plata, Jorge Parodi, marcó el primer avance concreto en la causa por la responsabilidad de la empresa cerealera en crímenes de lesa humanidad. Parodi fue jefe de personal y después director general y se encuentra imputado por su participación en el secuestro de 23 trabajadores y trabajadoras.

“Nos produjo una alegría enorme su detención. Parodi era el primero que nombraban los compañeros y familiares sobrevivientes: él era el que los intimaba a renunciar después del golpe de Estado y lo señalan como quien entregó la lista de trabajadores al Ejército”, señala a Tiempo Ceferino Mataboni, hijo de Rubén Mataboni, una de las víctimas de la causa.

La indagatoria demoró más de tres años en realizarse desde que la pidieron las querellas y el Ministerio Público Fiscal y aún queda por avanzar con otros ex directivos que también fueron acusados. En ese tiempo, no sólo fallecieron algunos posibles imputados, como Carlos Alberto Jacobi, quien era presidente de la empresa, y los gerentes Ricardo Canullo y Gonzalo Madero, sino también extrabajadores y familiares de las víctimas. 

El avance de la causa coincidió con el 47° aniversario del gran operativo represivo del 7 de julio de 1976, en el que integrantes del Ejército ingresaron a la planta ubicada en Avellaneda para secuestrar a los obreros señalados por la empresa. La fecha marcó uno de los hitos de la represión en Molinos, que había comenzado el 1 de julio con el secuestro de Avelino Freitas y que continuó hasta julio de 1978 con la desaparición o asesinato de 23 obreros, obreras y delegados que habían tenido algún compromiso con las luchas sindicales que se habían dado en Molinos en los años previos.

Ceferino, Analía Adriana Fernández y Roxana Freitas, hijas de Francisco Fernández y de Avelino Freitas, presentaron la denuncia en 2013 para que la justicia federal investigue la responsabilidad de Molinos en estos delitos. “La presentación de la querella fue hace diez años, pero esta búsqueda es de toda una vida. No paré y no pienso parar”, reconoce Ceferino. Él nació en julio de 1976, pocos días antes de ese gran operativo de secuestros en la planta de Avellaneda, y tenía apenas 5 meses cuando su padre fue desaparecido.

Rubén Mataboni era trabajador de Molinos y militaba en Montoneros. Lo conocían como “Verdura” y, si bien no integraba la comisión interna de la “Agrupación 17 de octubre” que había ganado la representación en 1973, era el responsable político de muchos de sus integrantes.

Después del golpe de Estado, comenzaron las amenazas para que renunciara, lo que finalmente hizo en mayo de 1976. “Mi vieja se acuerda que a mi papá le dibujaron un ataúd en el casillero, le dejaban flores y balas. Lo mismo le hacían a otros compañeros”, contó Ceferino. A partir de ahí, empezó a hacer changas para vivir.  

El 3 de diciembre de 1976, Rubén realizaba un trabajo de pintura en un departamento en el barrio porteño de Recoleta junto a su hijo mayor, quien tenía 15 años, y dos ex trabajadores de Molinos Carlos Espíndola y José Luis Salazar. Una patota llegó justo cuando Rubén había salido a encontrarse con Marcos Augusto Vázquez, otro ex delegado de Molinos, pero la cita no se produjo: había sido secuestrado un día antes. Cuando volvió al departamento, se dio cuenta que se había realizado un operativo.

“Mi viejo cruza corriendo, gritando ‘mi hijo, mi hijo’, y ahí salen los autos que lo estaba esperando y se supone que lo acribillan. Por eso él no es nombrado dentro de los últimos desaparecidos que estaban en el centro clandestino de detención Garaje Azopardo, que eran de Molinos”, destaca Ceferino sobre lo que pudo reconstruir. El único sobreviviente de ese operativo fue su hermano mayor, a quien las patotas liberaron después de capturar a su padre.

Las razones de las desapariciones

Molinos Río de la Plata fue fundada por Bunge & Born a comienzos del siglo pasado y se convirtió con los años en una de las principales productoras de harina y aceite del país.

El secuestro de los hermanos Juan y Jorge Born en septiembre de 1974 fue un punto de inflexión en la relación con los trabajadores. Para su liberación, Montoneros exigió un rescate millonario, el reparto de mercadería y el cumplimiento de una serie de reivindicaciones a favor de los obreros de Molinos y otras empresas del grupo. La participación de algunos trabajadores en el reparto de mercadería y su vínculo con Montoneros los marcó ante la empresa y las fuerzas represivas.

Tras la liberación de los Born, se produjo el ingreso de Parodi a la empresa, que coincide con el incremento de la persecución. A base de represión y persecución, Molinos pudo hacer subir sus ganancias y reducir los “costos laborales”. Un informe de la Oficina de Investigación Económica y Análisis Financiero (OFINEC) de la Procuraduría General pudo analizar los libros contables de la empresa encontrados en dos allanamientos realizados en 2014 y logró determinar que para 1977 Molinos ya había logrado reducir de un 14% a un 8% el dinero que destinaba para salarios. Sin representación gremial, la diferencia entre los sueldos más altos y los más bajos se duplicó y redujo un 15% la cantidad de trabajadores y trabajadoras.