Morir de cáncer por no recibir medicación: el mundo habla de la crueldad argentina

En los últimos días, las enfermedades oncológicas y la dificultad para acceder a tratamientos en la Argentina volvieron a ser noticia. No solo a nivel local. La crueldad del gobierno nacional ya cruzó el océano. La cadena alemana DW difundió un documental sobre la interrupción de tratamientos, la falta de provisión de medicamentos a hospitales y el freno de programas de detección precoz, entre otras medidas que impactan sobre quienes enfrentan enfermedades y que no pueden esperar.

A la mirada internacional se sumó la triste noticia de la muerte de la cantante Araceli Julio, de 39 años. Referenta de la escena ska, mamá de una niña y un adolescente, luchaba contra un cáncer de mama con metástasis. Ella misma lo había contado el año pasado, cuando difundió un video para denunciar que el Estado había dejado de proveerle la medicación que necesitaba para seguir con vida: dos ampollas cada 21 días de cinco millones de pesos cada una. Hasta la asunción de Javier Milei la recibía normalmente. La artista judicializó su reclamo y ganó, pero el Ministerio de Salud apeló. Cuando las drogas finalmente llegaron, fue demasiado tarde.

Menos visible fue otra novedad que involucra a pacientes oncológicos: la «absorción» del Instituto Nacional del Cáncer (INC) por parte del Ministerio de Salud. Desde esa cartera –conducida por Mario Lugones– aseguraron que las funciones del organismo no se perderían. Sin embargo, los efectos de esa disolución –orquestada en marzo aunque oficializada este mes– ya se perciben.

Angustia generalizada

“Nos pega el cierre del INC. Especialmente en proyectos de investigación y en el servicio de cuidados paliativos. Porque otorgaba de forma gratuita opioides y ya no lo hace, y porque éramos sede del Programa de Cuidados Paliativos del INC, donde se formaban a través de becas y pasantías docentes para esos cuidados. Era un programa federal y no hay muchos equipos en el país. Eso también se terminó”, lamentó Federico López Ponsati, delegado del Instituto Roffo. Lo dijo tras el abrazo simbólico a ese hospital universitario especializado en oncología donde se tratan cada año más de 100 mil personas con cáncer.

El abrazo se organizó para visibilizar la situación que atraviesan los hospitales universitarios, con presupuesto congelado y fuga de profesionales por los bajos salarios (tal como sucede en los hospitales nacionales, como el Garrahan).

En el Roffo se abren unas 130 historias clínicas por mes, pero en el último tiempo la demanda aumentó. “El año pasado hubo un pico por la desregulación de las prepagas; gente con prepaga que quedó en el medio del tratamiento y vino al Roffo. No tenemos estructura para sostenerlo. Somos el último eslabón de un montón de familias trabajadoras de todo el país que llegan después de no haber tenido respuestas. Hay especialidades para las que no tenemos turno –advirtió López Ponsati–. En dermatología hay turno para la semana que viene por primera consulta, pero en otras específicas como hematología hay para dentro de cinco o seis meses”. Para una especialidad que atiende casos como leucemias, ese tiempo de espera es imposible: “Dar esa noticia genera una angustia generalizada”.

Sin aumento presupuestario desde 2024, sobre el último presupuesto aprobado en 2023, el Roffo atraviesa una crisis que se traduce en menos insumos, problemas edilicios o aparatología sin arreglos. Por caso, la institución emblema en el tratamiento del cáncer lleva meses sin mamógrafo. La información oficial indica que se compró uno para reemplazar el anterior, pero aún no está instalado.

Para López Ponsati, el abrazo de esta semana fue “importante, imponente, emocionante”. Destacó que, además de la gran participación de trabajadores, hubo muchos pacientes: “hay algo que nos une mucho y literalmente es que de esta lucha depende su vida. Eso es muy sentido. La participación de ellos es fundamental y siempre están”.

El panorama es crítico: “este año y medio se agrega el problema salarial. Perdimos 60% del poder adquisitivo y hoy un profesional que tiene formación de 15 años está cobrando entre 1.300.000 y 1.500.000. Por esa plata se están yendo”, afirmó López Ponsati. En el último mes renunciaron al menos cuatro oncólogos: “parece un número chico, pero son especialidades que no se consiguen”.  «