Del ajuste al favor: el ministro «motosierra» que contrató a su mujer por $114 millones

La Cancillería argentina formalizó la contratación de la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI) para capacitar en inglés a su personal. El monto total adjudicado asciende a $114.044.133, una suma que ronda los 78.000 dólares al tipo de cambio actual. El servicio, que incluye cursos regulares y talleres especializados, se dictará en la sede porteña de la entidad.

Quién está detrás de la AACI. La particularidad del caso radica en la identidad de la máxima autoridad ejecutiva de la asociación contratada. Se trata de María Josefina Rouillet, esposa del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Rouillet ocupa el cargo de Directora Ejecutiva de la AACI desde al menos septiembre de 2020, lo que pone en el centro de la escena un claro conflicto de intereses familiares.

El procedimiento y la «excepción». Dada la cercanía familiar, la tramitación del expediente no pudo ignorar la normativa vigente. Al detectarse el vínculo, el área de Compras de Cancillería activó el procedimiento de integridad previsto en el Decreto 202/2017. Esto implicó la intervención de la Oficina Anticorrupción (OA) y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), quienes tomaron intervención en el proceso para evaluar la situación.

Transparencia… ¿o maquillaje?: el lado B de la motosierra

El dictamen de la OA. En el análisis de la documentación, la Oficina Anticorrupción emitió un dictamen que fue categórico: encuadró la relación entre las partes como «familiar (matrimonio)». Este señalamiento confirmó que se trataba de un caso donde, por el vínculo positivo entre una autoridad de la empresa oferente y un alto funcionario del Poder Ejecutivo, se requerían medidas extraordinarias.

El Pacto de Integridad como salvoconducto. Para sortear la observación, la Cancillería optó por implementar un «mecanismo adicional de transparencia». La solución fue la firma de un Pacto de Integridad entre el Estado y la AACI. Este instrumento, de carácter formal y obligatorio en estos casos, busca prevenir actos de corrupción y sobornos, comprometiendo a las partes a una conducta ética. La OA solicitó ser notificada una vez rubricado el documento.

La justificación técnica de la compra. La contratación se realizó bajo la modalidad de Adjudicación Simple por Especialidad, argumentando que la AACI es el «único prestador» capaz de garantizar la continuidad del programa de capacitación. La Dirección de Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio justificó la selección basándose en la trayectoria de la asociación. Al momento de la apertura del proceso, solo se presentó una oferta: la de la empresa de Rouillet.

Los números y el antecedente

Qué incluye el servicio millonario. El pliego aprobado detalla el alcance del servicio por más de 114 millones de pesos. Se capacitará a un total de 132 agentes, con un esquema que incluye 110 participantes en cursos regulares de inglés y 22 diplomáticos del ISEN en talleres especializados. El contrato, con vigencia de nueve meses y opción de prórroga, contempla clases presenciales, plataforma virtual, tests de nivelación y la provisión de bibliografía de editoriales internacionales.

La letra chica de los pagos. Las condiciones financieras del contrato resultan favorables para la entidad adjudicataria. Se habilita a la AACI a solicitar un adelanto de hasta el 40% del monto total una vez firmado el contrato. El 60% restante se abonará en dos cuotas contra la presentación de resultados intermedios y finales, mientras que la bibliografía se pagará contra la entrega de los libros al inicio del ciclo lectivo 2026.

Un antecedente sin las mismas garantías. Esta no es la primera vez que Cancillería contrata a la AACI. En el sistema COMPR.AR figura una orden de compra de 2024, autorizada en marzo de ese año, por un monto de $55.388.180. Sin embargo, a diferencia del trámite actual, en aquella contratación previa no se encuentra publicado ningún Pacto de Integridad, y la documentación completa del pliego no está disponible para descarga pública, lo que plantea dudas sobre la uniformidad de los controles.

Silencio oficial y contradicciones

La firma y los responsables. La disposición que oficializa la adjudicación lleva la firma de la Subsecretaría de Coordinación y Administración Exterior. En el proceso intervinieron diversas áreas técnicas y jurídicas del Ministerio, desde la Dirección de Compras hasta la Dirección General de Asuntos Jurídicos. Con la incorporación del Pacto de Integridad y la comunicación a la OA, Cancillería dio por cumplido el procedimiento, dejando el contrato habilitado para su ejecución.

El blindaje y el discurso. El caso expone una paradoja en el corazón del gobierno de La Libertad Avanza. Mientras desde el Ejecutivo se pregona un discurso de lucha frontal contra la corrupción y los privilegios de la «casta», un ministro con el perfil técnico y la influencia de Sturzenegger queda envuelto en una contratación estatal que beneficia directamente a su núcleo familiar. La utilización de un Pacto de Integridad funciona como un paraguas legal, pero no disipa la imagen de nepotismo.

Sin respuestas para la contradicción. Consultados para obtener una declaración sobre el vínculo familiar y los detalles de la contratación, tanto el ministro Federico Sturzenegger como las autoridades de la Cancillería optaron por el silencio. La falta de respuesta oficial contrasta con la transparencia que el gobierno dice promover y deja abierta la pregunta sobre cómo se conjuga el ajuste del Estado con la adjudicación de millonarios contratos a familiares de sus principales funcionarios.