Murió una mujer wichí mientras continúa el acampe por la emergencia sanitaria en El Impenetrable

Desde el 5 de junio, las comunidades originarias reclaman al estado nacional y provincial por la desnutrición, la tuberculosis y la falta de acceso al agua potable.

La muerte de Sara Maldonado, una mujer wichí de 64 años que había sido trasladada de urgencia desde Misión Nueva Pompeya a Juan José Castelli por graves afecciones pulmonares, volvió a poner en evidencia la crisis humanitaria que denuncian las comunidades indígenas de El Impenetrable chaqueño. El fallecimiento se produjo en el quinto día de un acampe que reúne a familias de distintos parajes de la región para reclamar asistencia sanitaria y alimentaria urgente.

Según informaron referentes comunitarios, Maldonado había sido derivada el domingo pasado con un cuadro crítico que incluía hemorragias respiratorias y problemas pulmonares y estomacales. Su muerte fue interpretada por las organizaciones como una nueva consecuencia de las condiciones estructurales que afectan a las comunidades originarias, atravesadas por la desnutrición, la tuberculosis, la falta de acceso al agua potable y las dificultades para recibir atención médica.

La protesta se desarrolla en el predio conocido como “La Balanza Vieja”, en el acceso a Misión Nueva Pompeya. Allí permanecen desde el 5 de junio integrantes de comunidades de Nueva Pompeya, El Sauzal, El Sauzalito, Fortín Belgrano, Comandancia Frías, Tres Pozos, Vizcacheral y Wichí El Pintado, entre otras localidades, bajo la consigna “Basta de hambre y muertes por tuberculosis”.

Los manifestantes reclaman la declaración de la emergencia sanitaria y alimentaria, el envío de médicos, medicamentos y ambulancias, la reapertura de merenderos y comedores, el restablecimiento de servicios básicos y avances en la regularización territorial de tierras ancestrales. También denunciaron que la precariedad habitacional y la falta de agua potable potencian la propagación de enfermedades como tuberculosis, Chagas y parasitosis.

La situación llegó además a los tribunales chaqueños. La defensora general adjunta, Gisela Gauna Wirz, solicitó esta semana la urgente conformación del tribunal encargado de resolver una acción de amparo con medida cautelar presentada en favor de las comunidades indígenas de la región. 

En el escrito judicial, la funcionaria advirtió que la situación humanitaria que motivó la demanda “no sólo persiste, sino que se ha agravado con el transcurso del tiempo”, y citó como prueba la denominada “Marcha del Hambre” y el acampe que se desarrolla en Nueva Pompeya. Asimismo, alertó sobre la falta de una respuesta jurisdiccional efectiva frente a problemas vinculados con el acceso al agua, la alimentación y las condiciones mínimas de subsistencia de las comunidades.

La visita de Gauna Wirz al acampe está prevista para este viernes, cuando se espera que releve testimonios y tome contacto directo con las familias movilizadas.

En paralelo, sectores opositores nucleados en el Partido del Trabajo y del Pueblo (PTP) y el Partido Comunista Revolucionario (PCR) difundieron un comunicado en el que denunciaron un agravamiento de la situación social y sanitaria en la región. Tras participar de actividades en Nueva Pompeya, señalaron que la pérdida de fuentes laborales, el cierre de merenderos y la falta de atención médica están generando un aumento de las muertes evitables en la zona. También cuestionaron al oficialismo provincial por impedir el tratamiento legislativo de iniciativas vinculadas con la emergencia alimentaria y sanitaria.

Mientras tanto, desde el gobierno provincial destacan otras acciones en materia de salud. Esta semana el gobernador Leandro Zdero encabezó la firma de un acuerdo de cooperación técnica con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), orientado a fortalecer las políticas sanitarias en el Chaco mediante programas conjuntos y asistencia técnica. Sin embargo, las comunidades que permanecen acampando en El Impenetrable aseguran que las respuestas todavía no llegan a los territorios más aislados de la provincia.

La muerte de Sara Maldonado, ocurrida en medio de una protesta que justamente denuncia la falta de atención sanitaria, volvió a exponer una realidad que las organizaciones indígenas describen desde hace años: la persistencia de condiciones de extrema vulnerabilidad en una de las regiones más postergadas del país.

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