De los $ 451.000 millones que recaudó en el primer semestre, solamente repartió $ 107.500 millones. Gobernadores dialoguistas encabezan el listado de los que más cobraron.
De acuerdo a los datos oficiales de la Jefatura de Gabinete, en lo que va del año se formalizaron transferencias por ese concepto por $ 107.500 millones. Ese monto representa apenas el 24% de los alrededor de $ 451.000 millones que, según estimaciones de la consultora Politikon Chaco, se habrían destinado a ese fondo en el primer semestre de 2025. El resto (algo más de $ 340.000 millones) está pendiente de reparto.
La distribución de ese dinero muestra en los primeros lugares a tres gobiernos de buena relación con la Casa Rosada. Rolando Figueroa, de Neuquén, quien rechazó el convite de sus vecinos patagónicos para sumarse al bloque Provincias Unidas, recibió $ 15.000 millones en tres tandas; el renovador salteño Gustavo Sáenz y el tucumano Osvaldo Jaldo, dos mandatarios que colaboraron con La Libertad Avanza en votaciones legislativas clave, se llevaron $ 13.000 millones y $ 12.000 millones respectivamente.
La subejecución del fondo detonó la relación entre los mandatarios provinciales y la Casa Rosada. Esto se agudizó con la ley que establecía la distribución automática de los fondos no girados y su posterior veto por el presidente Javier Milei.
La situación fue todavía peor en 2024. En ese ejercicio había disponibles $ 680.000 millones, pero sólo se repartieron $ 49.800 millones, poco más del 7% del total. La diferencia se la quedó la Nación.
De acuerdo a la ley de Coparticipación Federal de Impuestos, que data de 1988, el fondo especial para los ATN se nutre del 1% de la masa de impuestos nacionales recaudados que no tiene asignación específica. Ese monto se destina a atender “situaciones de emergencia y desequilibrios financieros” de los gobiernos provinciales, según marca el texto. En los años siguientes se le agregaron otras fuentes: el 2% del impuesto a las Ganancias y el 1% del 90% producido por el impuesto a los Bienes Personales.
“Teniendo en cuenta el año 2025 completo, los fondos anuales en cuestión son de $ 980.000 millones, lo que en términos del PBI equivalen al 0,11%”, calculó el economista Nadín Argañaraz, del Instituto Argentino de Análisis Fiscal.
La particularidad es que los montos que no se transfieren en el período estipulado quedan acumulados en esa caja para futuras necesidades. Ese es el corazón del reclamo de los gobernadores: en vez de que la Nación se quede sentada sobre esos fondos, engrosando su superávit fiscal a costa de las penurias de las provincias, exigen que los reparta automáticamente, con un índice similar al que se usa para coparticipar los demás impuestos.
Esto beneficiaría a todas las jurisdicciones, sobre todo a las que en lo que va del año casi no recibieron ayuda. Por caso, Buenos Aires podría disponer de unos $ 112.000 millones adicionales. En lo que va del año, el gobierno de Axel Kicillof sólo recibió un ATN por $ 10.000 millones en marzo, cuando ocurrieron las trágicas inundaciones en Bahía Blanca.
En su reciente visita a la Cámara de Diputados, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos (cuya área quedó a cargo del reparto de los ATN tras la disolución del Ministerio del Interior), informó que el saldo pendiente de distribución es bastante menor. Para ello partió del monto estimado de recaudación en el Presupuesto 2023, que sigue vigente después de haber sido prorrogado dos veces por el Ejecutivo.
“Al 13 de agosto de 2025 se registra un saldo disponible de $ 170.732.889.623, sobre un presupuesto total de $ 278.232.889.623, conforme a lo establecido por la Ley 23.548. Dicho saldo permanece disponible para futuras asignaciones en respuesta a solicitudes de asistencia financiera por parte de las jurisdicciones”, sostuvo Francos en el escrito con todas las respuestas a los legisladores. Aun con esa salvedad, la subejecución sería del 61 por ciento. «
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