Negacionismo: qué dicen los proyectos que buscan poner límites al intento de legitimación

Ante el avance de voces en la agenda pública que niegan o relativizan el terrorismo de Estado en Argentina, en los últimos años crecieron también las propuestas para promover leyes que las prohíban o sancionen, como ocurre en muchos países de Europa.

Durante el acto de recuperación del avión Skyvan utilizado para los vuelos de la muerte de la ESMA, Cecilia De Vincenti, hija de Azucena Villaflor, una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, lo expresó así: “Este avión hay que ponerlo en la ex ESMA para que todos los negacionistas lo vean y si llegamos a ganar hagamos una ley contra el negacionismo porque no pueden seguir diciendo esas barbaridades”. El tema fue retomado minutos después por la vicepresidenta Cristina Fernández, quien señaló el rol del macrismo y de los medios hegemónicos en la instalación del negacionismo y sostuvo: “Está prohibido tener algo Nazi en Alemania, vas preso. Es necesario que repensemos y hablemos sobre esto”.

La discusión sobre su criminalización lleva ya años en agenda de organizaciones de derechos humanos, sectores de la academia y del Congreso, en particular a partir del gobierno de Mauricio Macri, cuando este fenómeno pasó de ser un discurso marginal a ser sostenido en público por funcionarios de su gobierno y a ser usado como plataforma electoral de algunos espacios políticos de derecha.

Los organismos de Derechos Humanos llevan más de un año de trabajo sobre un proyecto de ley que buscan que sea firmado por todo el arco político.  “Entendemos que no tiene que ser un proyecto de un partido sino de todos los que defendemos la democracia”, señaló a Tiempo Charly Pisoni, de HIJOS Capital.

El texto, acordado por Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, H.I.J.O.S. y Familiares, no propone la prisión como castigo sino que tiene como espíritu promover la educación y formación con perspectiva de derechos humanos y propone como última instancia una sanción e inhabilitación únicamente para funcionarios públicos de cualquiera de los poderes que niegue, minimice o relativice crímenes contra la humanidad reconocidos por el Estado argentino.

“Creemos que hay una contradicción entre un funcionario público, como un diputado, que jura por la Constitución y que después no la respeta y ahí sí podríamos ahondar en una sanción, como que no pueda ocupar un cargo en el Estado”, explicó Pisoni y añadió: “No hay que naturalizar estos discursos, tiene que haber algún límite y en definitiva lo que lo que están tratando de hacer es retroceder con todas las conquistas que hemos logrado en los últimos años”

Actualmente hay más de 20 países con leyes que sancionan el negacionismo, en su mayoría se encuentran en Europa, pero también tienen Israel, Australia o Nueva Zelanda, pero ninguno en nuestra región.

La abogada Valeria Thus lleva más de una década estudiando el tema. En especial durante su doctorado y su tesis, cuando realizó la investigación que se convirtió en el libro Negacionismo y Derecho penal.

Thus explicó que es complejo legislar sobre un tema que involucra la libertad de expresión y las diferencias con países como Alemania o Francia, donde hay penas de cárcel para quienes tienen discursos apologistas o negacionistas. “No tenemos el modelo de libertad de expresión que tiene Alemania, ahí modificaron su Constitución a partir de la experiencia del nazismo y pusieron arriba de la pirámide a la dignidad humana sobre todos los otros valores o bienes jurídicos. Nosotros no tenemos ese sistema, no se podría criminalizar al negacionismo sin tener una objeción del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que impulsa el modelo de la neutralidad (del Estado) ante los contenidos”, detalló.

En ese contexto, la especialista destacó la posibilidad de pensar en sanciones alternativas a la prisión y enfocadas en funcionarios públicos, con una capacitación obligatoria en derechos humanos en la lógica de la Ley Micaela, como proponen los organismos. “Creo que el negacionismo es la madre de las batallas porque al negar esa violencia política que es la violencia más constitutiva lo que permite es naturalizar otras violencias. Si negás el máximo atentado contra la dignidad humana que es un genocidio, a partir de ahí habilitas una discursividad social de odio”, añadió.

En el Congreso Nacional  hay varios proyectos presentados, en su mayoría por legisladores del Frente de Todos, que nunca han sido tratados, El último es de la diputada jujeña Carolina Moises, quien propone incorporar al Código Penal un artículo que establece penas de dos meses a dos años a quien públicamente niegue, minimice, justifique, reivindique o hiciere apología de la comisión de delitos respecto a genocidios y crímenes de lesa humanidad.

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación también se encuentra evaluando el tema. Desde hace un par de años que propone el debate sobre cómo abordar el negacionismo: publicó en un cuadernillo con posturas de diferentes académicos, realizó jornadas internacionales e incluso llevó la discusión al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Actualmente, el secretario Horacio Pietragalla Corti está actualizando un proyecto que presentó siendo diputado en función de los aportes que surgieron en esos debates.