Se trata del lugar donde funcionó Agrest, que debió cerrar en 2018 dejando en la calle a 200 trabajadores. La zona se encuentra atestada de edificios y los vecinos denuncian el colapso de servicios.
En la actualidad, muchos consideran que la Argentina se encuentra en una situación económica peor, y no es casual que el gabinete que gobierna el país esté conformado por más de un 70% de referentes macristas, muchos de ellos responsables de la crisis del 2015-2019.
“Un Macri la fundió y otro Macri la entrega a los desarrolladores. Acá no se puede vivir más porque los servicios están colapsados”, dijo a Tiempo Ana María, una histórica vecina de Balvanera que hace 35 años vive sobre Av. Jujuy al 100.
Ana María, como otros tantos vecinos del barrio, rechaza la nueva disposición de Jorge Macri que habilita la construcción de más departamentos en el edificio que funcionaba la sastrería.
“Esta zona no necesita más edificios con más departamentos, el servicio de luz se corta cuando hace frio y cuando hace calor. En la zona muchas veces hay olor a cloaca porque revientan las napas. Esto ya se lo dijimos al Gobierno en varias reuniones con vecinos”, dijo Omar Sánchez, otro vecino de la zona.
El Gobierno de la Ciudad autorizó la “reconversión” del edificio ubicado en Jujuy 141/49/55/69. La medida fue oficializada a través de la Disposición N° 448/DGIUR/26, que otorga factibilidad urbanística para un proyecto de modificación y ampliación del predio, con destino principal a vivienda multifamiliar y la posibilidad de incorporar locales comerciales en planta baja.
La disposición tiene una vigencia de 180 días hábiles, plazo en el cual los desarrolladores deberán presentar la documentación necesaria para avanzar con el registro de obra.
La iniciativa prevé la construcción de más departamentos para introducirlos en el mercado inmobiliario, relegando una vez más a millones de familias porteñas que no pueden acceder a su primera vivienda. El anexo de la disposición apunta a conservar parte de la estructura existente y avanzar con una ampliación en altura.
El desarrollo estará orientado principalmente a viviendas colectivas, aunque también contempla la instalación de locales comerciales, en línea con la mixtura de usos permitida en la zona. El emprendimiento deberá cumplir con requisitos de estacionamiento y espacios para bicicletas según la superficie de las unidades.
De acuerdo a especificaciones técnicas, el edificio pasaría de una altura actual de 33,35 metros a un máximo de 36,35 metros sobre la línea oficial, con retiros escalonados que permitirían alcanzar un plano límite de 42,35 metros y un tope total de 48,25 metros incluyendo instalaciones técnicas.
El proyecto se inscribe en una zona catalogada como Corredor Alto, lo que habilita mayor capacidad constructiva. No obstante, deberá respetar condicionantes particulares por su cercanía a un inmueble con protección cautelar sobre la calle Hipólito Yrigoyen, lo que implica criterios de integración urbana y resguardo del entorno patrimonial.
Además, la normativa exige la incorporación de medidas ambientales, como la implementación de techos verdes o cubiertas reflectantes para mitigar el efecto de isla de calor, sistemas de gestión del agua de lluvia y la inclusión de vegetación nativa en los espacios libres.
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