Ni Una Menos: la agenda feminista, el FMI y los grupos económicos

Este 2021, el grito de Ni Una Menos, a 6 años de la primera marcha, volverá a hacerse de maneras diversas y creativas a través cartelazos en las casas y en los barrios y una afichada en varios puntos del país combinando acciones en las redes y presencia callejera (cuidada) en un contexto de restricciones por la emergencia sanitaria. La presencia en las calles tomará otra forma, pero ahí estará: ocupándolas y escribiéndolas.

La consigna por la sanción de una Ley de Cupo Laboral Travesti y Trans y  el reclamo por la aparición con vida de Tehuel están en un lugar prioritario, haciendo justicia con una demanda histórica. También se sigue debatiendo y declinando en demandas concretas el pedido por una Reforma Judicial feminista que incluye pero desborda la demanda por paridad y que se focaliza también en cuestionar el rol del sistema judicial en asegurar la impunidad de las corporaciones y, al mismo tiempo, de  perseguir a lxs pobres. 

A lo largo y a lo ancho del país hay reuniones virtuales o semipresenciales que, como cada año, vehiculizan la puesta en común de una agenda en contra de las violencias y las acciones que la van poniendo en práctica. ¿Qué es lo que conseguimos y lo que falta? ¿Cuáles son los límites que encontramos en la respuesta estatal?  

El ejercicio de encontrarse en instancias de organización feminista es el que una y otra vez realiza una disección en tiempo real de los poderes que nos violentan, les pone nombre y precisa sus efectos. Señala a aquellos que atentan contra nuestra autonomía económica y restringen las posibilidades y el derecho que tenemos de vivir una vida sin violencias. Pero también hacemos un balance de los avances que se consiguieron recientemente como la sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, el plan Acompañar otorgado por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y el reciente anuncio de la ANSeS de reconocimiento del cuidado de hijes como años de aporte para jubilarse, en una saga en la que hemos dicho que “los aportes que me faltan los tiene el patriarcado”.

Quisiera concentrarme en cómo este año aparece en los debates de forma muy clara una denuncia contra la violencia económica que ejercen las corporaciones alimentarias, inmobiliarias y financieras sobre la posibilidad de que las mujeres, lesbianas, travestis y trans consigamos autonomía económica. 

Sabemos, las feministas, que la definición de violencias está siempre en movimiento y en disputa. Sabemos también que una y otra vez se intenta restringir, acotar, la violencia al momento del golpe, del moretón. Que esa es la prueba que se nos exige para hablar. 

Sabemos también que estos años cuando el macrismo intentó usar la “agenda de género” para avanzar contra los sindicatos o para avanzar en una agenda punitiva, le dijimos “No en nuestro nombre”. Que pusimos un límite (siempre en disputa) a la apropiación neoliberal de nuestras luchas cuando dijimos “Vivas, libres y desendeudadas nos queremos”. Hoy, la pregunta por qué tipo de violencias vivimos en nuestra vida cotidiana apunta directo a una discusión sobre quiénes se apropian de la riqueza que producimos, quiénes reducen nuestros ingresos, quiénes son los responsables de nuestro empobrecimiento acelerado. 

Así, cuando se hace un balance sobre las herramientas disponibles para avanzar en la autonomía económica de mujeres, lesbianas, travestis y trans, aparece un límite claro: son las corporaciones que concentran la producción y distribución de alimentos, y que dictaminan la suba de precios aún en pandemia, las que se quedan con los subsidios, con los ingresos, y las que hacen que cada vez alcancen menos. Tener que peregrinar en busca de ofertas es también un modo de agresión contra la posibilidad de dedicar el tiempo a otras cosas. Se trata de algo más que sobrevivir lo que decimos cuando gritamos que Vivas Nos queremos! 

Del mismo modo lo hacen los propietarios e inmobiliarias, que no solo suben el precio de alquileres y garantías, sino que atentan contra la autonomía económica de las mujeres cuando ponen como requisitos no tener hijos para alquilar, o cuando las amenazan con desalojos violentos. Una “violencia propietaria” que se agrava aún más cuando se trata de travestis y trans que viven mayoritariamente en hoteles de la Ciudad de Buenos Aires. 

También aparece fuertemente la demanda por conectividad en los barrios que la virtualización de la educación transformó en una bien de primera necesidad y que mostró que la concentración en el sector de las telecomunicaciones es un límite concreto para poder ejercer ese derecho. 

Por último, el reclamo más vigente que nunca de investigación y suspensión del pago de la deuda externa tomada durante el gobierno de Mauricio Macri. Hemos debatido en los últimos años cómo el programa del  FMI ha hecho que nuestros ingresos se pulvericen, que se atente contra nuestros derechos laborales y que tengamos que endeudarnos para vivir. 

Por eso hemos ampliado la discusión sobre  la ilegitimidad de las deudas también al ámbito doméstico denunciando la violencia financiera de bancos y financieras que se aprovechan de los mandatos de género dirigiendo sus productos a jefas de hogar que sostienen la economía cotidiana en condiciones de precariedad. 

Hay, entonces, violencias económicas muy concretas que las corporaciones han logrado invisibilizar bajo el supuesto juego libre de oferta y demanda, bajo la sacralizada “seguridad jurídica” que no es más que inseguridad para nosotras y nosotres en el día a día. La organización feminista en pandemia puso luz sobre el avance de estos sectores contra los derechos de mujeres, lesbianas, travestis y trans, visiblizando que son las redes feministas las que nos sostienen y que el avance en una agenda de reconocimiento y remuneración de las tareas feminizadas es al mismo tiempo una agenda de confrontación con la capacidad de estos grupos de apropiarse de la riqueza social. 

Este 3 J, hay una consigna que lo resume: no hay soberanía de los cuerpos, sin soberanía alimentaria, sanitaria y económica.