No designan un funcionario y miles de trabajadores no cobran la indemnización acordada

Los trabajadores no pueden cobrar la indemnización y las empresas no pueden pagarla. El Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO) fue creado en el año 1996 a través de la ley 24.635. Se trata de un organismo dependiente de la Secretaría de Trabajo que regula y homologa los reclamos individuales de carácter laboral, bajo la competencia de la Justicia Laboral Nacional.

En concreto, es el ámbito en el cual los trabajadores y sus empleados negocian los términos de una desvinculación laboral o las condiciones indemnizatoria en caso de accidentes laborales. Se trata de una instancia obligatoria inmediata, anterior al inicio del juicio laboral, y tiene como propósito, precisamente, evitar que los conflictos lleguen a la justicia generando acuerdos entre partes, en lo que se refiere a posibles indemnizaciones u otros diferendos de naturaleza laboral.

Para que lo acordado tenga validez y, por lo tanto, la empresa cumpla lo dispuesto y a la vez se impida al trabajador avanzar por la vía legal, el acuerdo debe ser homologado por la Secretaría de Trabajo, con la firma del Director del SECLO.

Según el portal especializado Diario Judicial, el organismo se encuentra virtualmente paralizado hace más de un mes y medio, período en el cual ninguno de los acuerdos alcanzados fue homologado. El contexto inflacionario resulta un agravante, en tanto el atraso reduce sensiblemente el poder adquisitivo de los montos indemnizatorios fijados.

Ocurre que con fecha de mediados de abril y con la firma de la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello, se dio a conocer la disposición 223/24, que formalizó el nombramiento de un nuevo Director, Pablo Palacios Anchorena, con fecha del 5 de febrero. Sin embargo, el funcionario decidió dejar el cargo que -según trascendió- recaerá en Carlos Moya, cuyo nombramiento no fue aún formalizado.

Durante el período, el organismo quedó acéfalo y los abogados no pudieron homologar sus acuerdos con grave afectación; especialmente, para los trabajadores, pero también para las empresas que podrían sufrir demandas judiciales.

En declaraciones al portal mencionado, Nahuel Altieri, presidente de Asociación Abogados del Fuero y director del Instituto de Derecho del Trabajo del CPACF, señaló que «se está causando un grave daño a los cientos de trabajadores despedidos y, eventualmente, a los enfermos y accidentados en el caso de los empleadores autoasegurados«.

Se licúa la indemnización

El especialista puntualizó que «llevamos un mes y medio sin homologaciones. Un mes y medio en un contexto inflacionario donde los trabajadores no pueden cobrar y los empleadores no pueden pagar, por no tener certeza de que dicho acuerdo sea homologado y tenga la misma fuerza que una sentencia».

Por otro lado, Leonardo Suárez, presidente de la Asociación de Conciliadores Laborales (ACLARAM), explicó al mismo medio que mientras que las homologaciones de acuerdos demoran en promedio unos diez días «ahora, hay 2200 trabajadores que están esperando la indemnización«. Otras versiones indican que el número podría llegar hasta los 4 mil.

El diferendo llegó al Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF) que, a través de su titular Ricardo Gil Lavedra, formalizó la preocupación por las demoras. La cartera laboral, según el mismo portal, «anunció que el trámite de designación de Mayo se encuentra en estado avanzado, por lo que estiman regularizar la situación de los trámites homologatorios a la brevedad».