La militante de La Libertad Avanza, que no pudo asumir como senadora por una causa de drogas en Estados Unidos y vínculo estrecho con el primo del extraditado Fred Machado, acumula varias demandas por no entregar lotes tras recibir los pagos.
El reciente embargo busca cubrir la suma de 40,5 millones de pesos reclamada por un damnificado que asegura haber pagado un lote mediante un boleto de compraventa con firmas certificadas sin haber recibido nunca la posesión del inmueble. La resolución judicial ya fue remitida a la Cámara de Diputados para que se mantengan las retenciones hasta cubrir la cifra indicada.
La demanda hace referencia al loteo «Tajamar», ubicado en Las Grutas, donde se comercializaron terrenos en cuotas durante 2020. En expedientes similares, Villaverde alegó que las demoras en la entrega de infraestructura fueron consecuencia de las restricciones impuestas durante la pandemia.
Pero no es el único caso judicializado por presunto fraude inmobiliario contra la legisladora: en otro expediente tramitado en San Antonio Oeste hay un reclamo de resarcimiento por 100 millones de pesos derivado de una situación idéntica.
En agosto pasado, ese mismo juzgado de San Antonio Oeste dictaminó un embargo preventivo de hasta 50 millones de pesos contra la libertaria. Frente a otras dos demandas, Villaverde homologó acuerdos con dos mujeres damnificadas. Para evitar el juicio, accedió a pagar 12 millones y 10 millones en dos cuotas mensuales, respectivamente.
En los fundamentos del último fallo, el juez Morán de Bariloche subraya los daños y perjuicios por incumplimiento contractual y cobro de canon locativo derivado de esa falta de entrega. La operación de compra del lote en cuestión se concretó en 2022. Si bien el desarrollo cuenta con calles internas de ripio, provisión de agua potable, electricidad y alumbrado público, a tres años de la firma el comprador no había recibido su terreno. Los servicios pactados tampoco se habían realizado.
El reporte judicial de Bariloche recuerda que la legisladora debió renunciar recientemente a su banca en el Senado debido a una causa vinculada al narcotráfico que enfrentó en Estados Unidos. Y el magistrado consideró que existen condiciones legales suficientes para la medida cautelar debido al «riesgo que implicaría la demora» en el proceso.
Villaverde siguió en la Cámara baja, pese a que también tiene un vínculo estrecho con un primo de Federico “Fred” Machado, extraditado a Estados Unidos
Antes de 2020, la diputada libertaria había comenzado a promocionar unos lotes en la zona sur de Las Grutas, sobre la costa rionegrina. En los planos catastrales del municipio de San Antonio Oeste, esas hectáreas figuran como zona rural y no poseen habilitación para construir.
“En el caso de una de mis clientas, se ha hecho una construcción en el loteo y resultó que no tenía autorización”, explicaba en agosto de 2024 Lucas Cerro, abogado de varios de los demandantes. Y sumaba: “Los contratos están firmados y tenían un plazo. Los plazos están sumamente vencidos, llevamos aproximadamente tres años litigando”.
Varias de las demandas contra Villaverde subrayan que el loteo no posee aprobación formal por parte del municipio. Tampoco hay constancia de autorización según la ordenanza municipal vigente, ni inscripción catastral, ni trazado urbano aprobado, ni apertura formal de calles. Y todo ello resulta clave a la hora de obtener permisos de edificación, factibilidad de servicios y escrituración.
Esta nota se publicó originalmente en el medio cooperativo El Ciudadano
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