No todos somos iguales ante la ilegalidad

Una toma pacífica de terrenos de alrededor de cien hectáreas en una región fronteriza del conurbano a cuarenta kilómetros al sur de la Ciudad de Buenos Aires. La ocupación se divide cuatro barrios, son 2500 familias con 3000 niños y niñas de diferentes edades. Se asientan –en una situación extremadamente precaria– sobre predios que se encontraban desocupados y abandonados desde hace tiempo. Propietarios fantasmas, tierras sin gente y gente sin tierra. Son vecinos que alquilaban y no pudieron seguir pagando. Trabajadores informales, changarines, feriantes, empleadas domésticas, muchas personas en situación de calle, mujeres que en este contexto de encierro pandémico escapan de la violencia “de género” con sus hijos a cuestas. No hay que tener una licenciatura en economía para darse cuenta de que pertenecen al universo más golpeado por el derrumbe económico que atraviesa país, agravado por la peste. Sufren el hostigamiento policial, judicial y también de patotas nocturnas, no tienen respuesta positiva por parte de las autoridades municipales ni del Gobierno provincial.

Esta escena que se vive hace meses en los barrios San Martín, Numancia Sur y Numancia de la ciudad de Guernica, cabecera del partido de Presidente Perón, se repite con las mismas características en muchas otras ciudades o localidades.

La propagación de ocupaciones de terrenos va a camino a convertirse en el primer desafío de una crisis social catastrófica. En el primer mostrador del Estado aparece la voz radicalizada del ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni. Una voz que es amplificada por los medios, especialmente los más reaccionarios, en los que el locuaz funcionario se siente en su elemento. La respuesta fue primaria: policializar y judicializar esta grave cuestión social porque la ocupación es sinónimo de delito y la única respuesta que merece es la “tolerancia cero”. «El derecho a la propiedad privada es innegociable» tronó Berni con el pecho inflado. Con un tono ligeramente más alfonsinista, el presidente Alberto Fernández aseguró ante las cámaras del canal Todo Noticias que es “un tema complejo” pero que “no está legalmente permitido”. Más académica y minimalista, la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, aseguró que la acción “es ilegal”. Y cerrando el coro, cuya voz cantante es Berni, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, salió de manera explícita a bancar a su ministro de Seguridad.

Hay un sinfín de “ilegalidades” en el medio antes de llegar a estas personas que, en definitiva, son víctimas: la de los especuladores inmobiliarios que adquieren tierras con el único objetivo de revenderlas obstaculizando la ampliación del parque habitacional, porque donde hay una necesidad nace un negocio; la impunidad de la patria sojera o de los desmontadores que expulsan a pobladores de regiones rurales. Toda una situación sociolaboral que derivó en la existencia 4400 barrios con necesidad de urbanización, según el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap).

La Constitución Nacional y varios tratados internacionales a los que adhiere nuestro país sentencian que el derecho a una vivienda digna y adecuada es un derecho humano. Un derecho que tienen todas las personas a vivir en condiciones de seguridad y dignidad. Inclusive se aclara que no debe interpretarse restrictivamente equiparándolo con el cobijo que resulta del mero hecho de tener un techo, sino que deben incluirse diversos aspectos tales como la habitabilidad, la disponibilidad de servicios e infraestructura, la seguridad jurídica en la tenencia, gastos de vivienda soportables, entre otros.

La lista de “delitos” sociales que tienen lugar por la violación sistemática de cada uno de los principios que contiene este derecho no entra en el agite rabioso contra la “ilegalidad” de las tomas. Porque ya sabemos, como ante la ley, todos somos iguales frente a la ilegalidad, aunque siempre hay algunos que son más iguales que otros.