«Nuestro modelo de desarrollo tiene tres ejes: sostenibilidad económica, social y ambiental»

“Nuestra democracia ha pasado de ser sólo el gobierno de las mayorías a un sistema que defiende con fuerza también los derechos de las minorías, y por eso es una democracia avanzada con trato igualitario, como norma y no como excepción”, expresó el Jefe de Gabinete de la Cancillería Guillermo Justo Chaves al dar inicio al Seminario internacional sobre Diversidad e Inclusión.

La actividad contó con la presencia de Michelle Bachelet, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, quien estuvo a cargo de la apertura. La reunión se enmarca en las jornadas que viene organizando la Cancillería a cargo de Felipe Solá sobre Derecho Internacional de los DDHH.

Agregó Chaves: “Tenemos grandes desafíos, como la protección y la ampliación en materia de derechos, que claramente es una prioridad de nuestro Gobierno, y eso va de la mano de los derechos de las minorías”. Puntualizó luego que “nuestro modelo de desarrollo tiene tres ejes: sostenibilidad económica, social y ambiental. Sobre esa tres columnas se asienta nuestro proyecto de gobierno y de democracia, y bajo esos tres pilares subyace la política de Derechos Humanos”. Dijo que “por eso debemos militar estas acciones y llevarlas al campo de lo concreto y normativo”.

Explicó también que para el gobierno de Alberto Fernández “la política de Derechos Humanos es uno de los ejes de nuestra política exterior. Venimos de cuatro años en los cuales se había escondido esa mirada y esa idiosincrasia, y hoy podemos decir con orgullo que estamos trabajando para recuperar ese perfil”. Y añadió: “Debemos reflexionar sobre el marco normativo regional y global de la lucha contra la discriminación. Tenemos un desafío por la pandemia que ha radicalizado posiciones y reaparecieron señales peligrosa, que algunos gobiernos o sectores políticos intentan capitalizar, actitudes racistas, supremacistas, debemos redoblar el esfuerzo”.

Sobre el final Chaves puso de relieve que “la inclusión y la diversidad son dos temas prioritarios para el pueblo argentino. Nuestro país ha tenido un rol persistente y permanente lucha en contra de la discriminación, y ha desarrollado políticas de Estado no sólo de reparación sino políticas de avanzada, como queda evidenciado en la ampliación de derechos en temas de género. En este momento el INADI se encuentra elaborando un segundo plan actualizado contra la discriminación. Nos interesa poder establecer el vínculo esencial entre la Argentina 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Programa de Acción de Durban”.

Por su parte, la Alta Comisionada Michelle Bachelet enfatizó que “la lucha contra la discriminación y el racismo no se puede parar, ya que el Covid-19 puso en evidencia esta discriminación. La pandemia es una de las peores crisis de los últimos 100 años, y una respuesta global sólo será efectiva si incluye a los DDHH. Debemos superar la pandemia y reconstruirnos mejor y para ello debemos trabajar unidos en la defensa de los DDHH de todas las personas”.

A su turno, el senador y ex canciller Jorge Taiana señaló que “hoy hay más racismo y discriminación que hace 20 años, cuando se hizo la histórica reunión sobre derechos humanos en Durban, fenómeno agravado ahora por las reacciones ante el proceso migratorio. Por eso gobiernos como el argentino retoman su política de DDHH como parte de su política exterior”.

El webinario tuvo como disertantes a Silvio Albuquerque, miembro del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial; Julissa Mantilla Falcón, Comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; Víctor Madrigal Borloz, jurista costarricense, que hasta junio de 2019 se desempeñó como Secretario General del Consejo Internacional de Rehabilitación para las Víctimas de la Tortura (IRCT); Geneviève Garrigos: Directora de Comunicaciones y Relaciones Institucionales – BMI SYSTEM; y Victoria Donda Pérez, interventora del INADI. Al tiempo que la moderación del debate estuvo a cargo de Mario Coriolano, candidato argentino al Subcomité de Prevención contra la Tortura de la ONU.

El encuentro contó con participantes de Argentina, Armenia, Angola, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Egipto, Francia, Guatemala, Haití, Honduras, Italia, Nueva Zelanda, México, Tailandia, Países Bajos, Puerto Rico, Estados Unidos, Qatar, Turquía, República Dominicana,  Reino Unido y Uruguay.